Martes 14 de Noviembre de 2017
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Por desvío de fondos para tratar residuos
Cantín y Grasso cerca de la indagatoria
El juez Claudio Bonadio tiene a su cargo la causa por irregularidades en el programa de residuos, por el cual Río Gallegos recibió más de 50 millones de pesos para una obra que no se hizo.
Martes 14 Nov 2017
Por esta causa, los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich ya pasaron por el juzgado de Claudio Bonadio para comparecer en indagatoria en esta causa en la que se investiga la presunta malversación de casi 600 millones de pesos correspondientes a transferencias a municipios por el programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). El dinero no llegó adonde debía. Ahora, el próximo paso en el expediente es convocar a unos 90 ex intendentes (y actuales) para que cuenten cuál fue el destino del dinero.

El foco de la investigación apunta hacia el papel que jugaron los jefes comunales. Según pudo saber LA NACION de una fuente judicial al tanto de la causa, “claramente, se están estudiando” estos llamados, para “una segunda tanda” de indagatorias.

Las citaciones a los intendentes tendrán por objetivo “saber dónde está la plata que no está en las tareas proyectadas” en el plan de residuos, contó a LA NACION una fuente tribunalicia. Las convocatorias a los intendentes comenzarían a llegar antes de fin de año.

El expediente comenzó con una denuncia el año pasado del director general de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente, Martín Bolado, tras una auditoría que encararon en el ministerio sobre los fondos del programa Girsu. La investigación la lleva adelante el fiscal Carlos Rívolo.

En la auditoría, según consta en un resumen de la causa al que accedió LA NACION, se concluyó que, entre 2013 y 2015, el programa “funcionó con serias deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos”.

La denuncia se circunscribía a los municipios de Quilmes y Río Gallegos y a 29 distritos de la provincia de Chaco, pero la fiscalía recomendó el análisis de todas las transferencias a los distritos beneficiados por este programa. Por ello pidió un “relevamiento del resto de los 194 expedientes”.

El análisis alcanzó 120 municipios y alrededor del 75% (unos 90 distritos) tuvieron irregularidades, como la falta de un “mapa crítico” para identificar lugares “vulnerables”; la aprobación de proyectos sólo a partir de trámites administrativos; la falta de control interno en la ejecución de planes, y las solicitudes de comunas que no reunían los requisitos, pero igualmente recibieron giros de dinero.

Río Gallegos es un foco de irregularidades. Según pudo conocer LA NACION de fuentes al tanto de la pesquisa, en 2015 le giraron al municipio $ 25.176.903,60. Rindió gastos por $ 25.409.735. Pero antes de que se aprobara la rendición, la intendencia solicitó $ 59.455.148 más. En octubre, la Secretaría de Ambiente le transfirió $ 34.278.245. En una visita de la Sigen pedida por la fiscalía se comprobó que en Río Gallegos “no se mejoró la situación del tratamiento de los residuos sólidos urbanos” y que los proyectos que se preveían eran inviables. Pero la plata se transfirió. Y ahora Raúl Cantín y Pablo Grasso deberán dar cuenta de ello.
Martes 14 Nov 2017