Sabado 25 de Mayo de 2013
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“El problema de la luz”
Hace 100 años creaban la primera Compañía de Alumbrado Eléctrico de Río Gallegos, 20 años después municipalizaban el servicio. 1913… 1933… 2013. El 17 de mayo de 1913 fundaba la Compañía de Alumbrado Eléctrico de Río Gallegos un grupo de hacendados y comerciantes de la zona. En 1933 comenzaba el proceso de municipalización del servicio, impulsado por el doctor Braulio Zumalacárregui, presidente del Concejo Municipal, que permitió la creación de la usina eléctrica municipal. Este servicio significaba en ese entonces el progreso de la comuna y un estilo de vida algo más confortable para los vecinos que soportaban esos meses de frío.
Domingo 19 May 2013

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El rol del Concejo Municipal
En una sesión realizada por el Concejo Municipal el 17 de enero de 1933 se resolvió, a moción del concejal Francisco Bocca, la publicación de un folleto con el fin de llevar a conocimiento del vecindario en general los fundamentos que se tuvieron en cuenta, dentro de la Comisión de Interpretación y Asuntos Generales y del Concejo Municipal, para adoptar las resoluciones tendientes a la solución del problema del alumbrado privado y público de nuestra ciudad. Tratándose de una cuestión de tanta trascendencia, el Concejo quería que el pueblo estuviera al tanto de las razones que impulsaban las medidas tomadas con el pensamiento de la conveniencia colectiva.
A continuación del informe presentado por la Presidencia del Concejo se agrega una información sobre las opiniones emitidas y acuerdos adoptados. La iniciación del debate de este asunto, en el seno del Concejo, fue provocada por un proyecto de resolución presentado por el concejal Salvador Lago, el 6 de diciembre de 1932.
Lago propuso que “se autorizara a la Presidencia para dirigirse, por nota, al directorio y principales accionistas de la Compañía de Alumbrado Eléctrico de Río Gallegos, en el sentido de conseguir una apreciable rebaja en las tarifas que actualmente rigen para el consumo público y privado de luz y energía eléctrica”.
Fundó por escrito su proyecto diciendo, entre otras cosas, que “las tarifas que rigen para el consumo de alumbrado son hoy excesivamente elevadas” y que proponía dirigirse también a los principales accionistas de la empresa por “abrigar la seguridad de que por su parte no habrá inconveniente en aceptar las rebajas”, agregando que “los pequeños accionistas tampoco saldrán perjudicados, ya que la mayoría de ellos son también consumidores, y la reducción del dividendo la tendrán compensada con gran ventaja en las rebajas de las tarifas”, para terminar expresando que “el carácter eminentemente popular de nuestra investidura nos obliga a escuchar el clamor constante, persistente en el ambiente, que reclama la inmediata desaparición de este estado de cosas -la carestía de la electricidad- y a ello deben converger nuestros esfuerzos, porque así sabremos hacernos acreedores a la confianza que el pueblo de esta capital nos ha dispensado al otorgarnos su representación”. 
El proyecto fue considerado por el Concejo en su sesión del 29 de diciembre de 1932, resolviéndose que pasara a estudio de la Comisión de Interpretación y Asuntos Generales. A esta misma comisión fue presentado el informe del presidente del Concejo, el doctor Braulio Zumalacárregui, informe que es la base de las resoluciones adoptadas por el Concejo.

El problema de la luz
Desde largo tiempo el doctor Zumalacárregui venía dedicándose al estudio del problema de la luz, buscando una solución práctica a fin de oportunamente someterla a consideración del Concejo Municipal. Habiéndose presentado en ese momento a consideración del mismo un proyecto de resolución de acuerdo al cual debía gestionarse una rebaja en las tarifas del alumbrado particular y público -proyecto a estudio con ánimo de colaborar con toda la eficiencia posible en la acción de las comisiones internas del Concejo, según era su mayor deseo-, el presidente del Concejo había preparado un informe en el que -luego de examinarse el problema de la luz en todo el país y especialmente en nuestra capital- se proponían fundamentalmente las soluciones a las que era posible llegar con la finalidad expresa y exclusiva de conseguir precios aceptables para el alumbrado particular y público.
Diversos e importantes eran los problemas locales que necesitaban solución y la esperanza de la decisión, “celo e inteligente labor de las autoridades edilicias”. Entre ellos, en primer término, figuraba el de la luz eléctrica, planteado por el alto precio del alumbrado particular y por la elevada cuota que pagaba la Municipalidad, sin que el pagar más le significara obtener algo mejor.
El servicio de alumbrado público significaba una erogación mensual de 1.400 pesos, o sea $ 16.800 anuales, carga de lo más gravosa para el presupuesto de la comuna; se pagaba $ 0.70 por kilowatt-hora para el alumbrado particular, a lo que debía agregarse la cuota mensual fija de $ 2 por medidor. Zumalacárregui sostenía con énfasis: “Si tenemos en cuenta que a estas tarifas hay que someterse sin que, prácticamente, se ejerza control, tendremos un concepto perfectamente definido de lo que es, para nosotros, el asunto de la luz, cuestión planteada públicamente hace tiempo, pero no encarada aún, en sus distintos aspectos, con visión integral de la misma. Se trata, realmente, de nuestra cuestión capital, en estos momentos, por su importancia permanente, por su trascendencia inmediata, por su influencia decisiva en el futuro. No se concibe, lógicamente, que haya quien no se interese en resolverla, así como no existe, en todo el país, quien se mantenga en verdad alejado de las preocupaciones que suscita el problema, pues los trastornos que emergen del mismo a todos alcanzan. Basta, para convencernos de que es así, que demos una mirada a nuestro rededor”.
El asunto de la luz era una cuestión nacional por extensión. Municipalidades de los distintos puntos de la república venían interesándose por ella, y donde no era la comuna la que encaraba la solución, por no decidirse a ello, por no quererlo o por no interpretar aspiraciones vecinales bien justificadas, era el pueblo el que lo hacía, saliéndose de la esfera del estudio del problema, del debate del mismo, para entrar en el dominio de las realizaciones.
La arbitrariedad de quien creía que un servicio público podía prestarse a abusivas medidas, pero casi siempre la exorbitancia de las tarifas, es lo que movía a una acción de conjunto, destinada a resolver, sobre bases estables, uno de los mayores problemas del país.
En la ciudad de Buenos Aires, en el seno del Concejo Deliberante, se había planteado el asunto del suministro de energía eléctrica en forma amplia, considerándose sus aspectos fundamentales, impulsados a ello los ediles por lo oneroso que el servicio resultaba a la población, buscándose la manera de obtener reducciones en las tarifas, que eran de $ 0.25 por KWh para el alumbrado particular y de $ 0.08 para el alumbrado público. Lo que ocurría en aquella metrópoli, donde en 1931, por ejemplo, se consumieron 640.000.000 de kilowatt-hora de energía eléctrica, que importaron cerca de 100 millones de pesos, a un promedio de $ 0.15 el KWh, era un gran ejemplo, notable por sus proporciones, pero muchos otros casos demostraban cómo nos hallábamos en esa época en que debía ser resuelto el gran problema de la luz eléctrica.
En San Martín habían librado una verdadera batalla entre los concejales al debatirse el asunto de la luz, que allá costaba de 32 a 36 centavos el kilowatt-hora, habiéndose echado las bases de una cooperativa para resolver el intrincado problema, más difícil aún por la existencia de un contrato de concesión.
En San Nicolás trataban también de construir una cooperativa por iniciativa municipal. En Campana se debatían dos tendencias: la de licitar el servicio de alumbrado y la de construir una cooperativa entre la Municipalidad y los vecinos, habiéndose propuesto, para el primer caso, como precio básico, $ 0.20 por kilovatio. En Olavarría, donde el precio era de $ 0.50 el KWh, constituida una cooperativa, se había llegado a los 20 centavos para el kilovatio consumido en el alumbrado público como en el privado, siendo de $ 0.50 el alquiler mensual del medidor.
En Vicente López se había estimado “deshonesto” que la empresa concesionaria de luz y fuerza propusiera una rebaja de sólo $ 0.04 por kilovatio, allá donde se pagaban $ 0.34. Y así seguían los ejemplos de Pilar, Arroyo Seco, 9 de Julio, Chivilcoy, Maipú, Firmat, Casilda, Rafaela, Resistencia, etcétera. Sólo en la provincia de Buenos Aires había sesenta comunas interesadas en resolver el problema del suministro de luz eléctrica. Iban librándose verdaderas batallas para obtener mejores precios, para conseguir condiciones de cierta equidad, para poner término a toda clase de arbitrariedades. El motivo era fácil de entender: sabía el pueblo que el costo de la energía eléctrica era cada vez menor, en virtud del progreso técnico, que daba pasos agigantados. Y notaba el pueblo, por otra parte, que, en vez de hacerse alguna concesión, muy justa por cierto, mientras se acrecentaban las dificultades económicas colectivas, se mantenían las mismas tarifas de épocas de abundancia, o, en el mejor de los casos, se trataba de satisfacer legítimas existencias con insignificantes rebajas, sin relación alguna con aquel progreso y las presiones del momento.

Fundación de la Compañía de Alumbrado Eléctrico
Era de antigua data el problema del alumbrado eléctrico en nuestra capital. Los vecinos más emprendedores se habían interesado muchas veces en resolverlo, pero para algunos no con éxito completo.
En 1913 se constituyó el primer directorio de la Compañía de Alumbrado Eléctrico de Río Gallegos, llamada a resolver, según consta en sus memorias, “el problema del alumbrado de nuestra capital, que desde varios años atrás se había planteado, sin encontrar, a pesar de varios ensayos, una solución que satisfaciera los justos anhelos de los habitantes de esta floreciente población”, pero también, según entendía Zumalacárregui, “sin alcanzar enteramente la finalidad de progreso general que se propusiera a través de sus distintas etapas, por no ponerse a tono con la evolución integral, que no admite detenciones, porque estas importan siempre un retroceso por el devenir constante de cuanto las circunda”.
Los iniciadores de la fundación de la usina fueron Guido Galli y Natalio Rogolini, quienes hallaron “el decidido apoyo de conspicuos vecinos, consiguiendo interesar en la obra proyectada a acaudalados estancieros de la región”, con tanto éxito que el 17 de mayo de 1913 quedó constituida la empresa de Luz y Fuerza, siendo su primer presidente Joaquín Oños e integrando el directorio Manuel Ferrari, Roberto Gordon Rae, Natalio Rogolini y Eugenio Fernández, como titulares, y Silvano Ruiz, Luis Sattler y Emilio Rodiño como suplentes, designándose director-técnico de la futura usina a Guido Galli y secretario-gerente a Silvano Picard. Entre ellos había no sólo estancieros, sino también comerciantes, hoteleros, constructores y en el caso de Picard, el propietario del periódico La Unión.
El servicio de alumbrado se inauguró el 9 de julio de 1914. El precio del kilowatt-hora, para el cliente particular, era de $ 0.50, más dos pesos por el medidor; por el alumbrado público, un total de 92 focos, de los cuales 64 eran de 100 bujías y 28 de 50, la Municipalidad pagó $ 800 mensuales.

La relación de la usina con la Municipalidad
El 25 de mayo de 1912 el Concejo Municipal, presidido por el doctor Ricardo Usher Blanco (abogado), resolvió llamar a licitación pública en esta ciudad, en Magallanes y en la Capital Federal, para la provisión de alumbrado eléctrico privado y público, debiendo las propuestas presentarse antes del 30 de diciembre de dicho año. No hubo propuesta alguna y, en los primeros días del año siguiente, la Municipalidad resolvió dirigirse a la Compañía de Alumbrado Eléctrico de Magallanes , proponiendo que se hiciera cargo de la provisión de energía eléctrica en Río Gallegos. Poco después, precisamente el 22 de enero de 1913, se presentan a la Municipalidad Natalio Rogolini y Guido Galli, anunciando que han realizado los estudios pertinentes para echar las bases de una sociedad por acciones, para implantar una usina eléctrica, y piden a la Municipalidad que “dentro de un plazo de tres meses no dé a nadie concesión alguna” para llevar a buen término la constitución de la sociedad. Es esa, en realidad, la primera relación que tiene la usina con la Comuna, ya que la iniciativa de Galli y Rogolini, como hemos visto, se concreta bien pronto, echando las bases de la poderosa empresa. La usina se instaló en el edificio de mampostería de Zapiola esquina Fagnano. El servicio duraba al principio unas pocas horas y mucho después se fue extendiendo hasta mantenerse las 24 horas. Muchos vecinos recuerdan que los caños de sus motores permanecían calientes durante el tiempo en que estos funcionaban y en pleno invierno los linyeras se arrimaban para mitigar el frío, entre ellos, uno de los personajes del pueblo: Rothschild.
Es de notar que si un grupo de amigos se reunía de noche para jugar a las cartas en la vivienda de alguno de ellos y el juego se extendía hasta altas horas, todos colaboraban con alguna moneda para que los dueños de casa no se vieran perjudicados al momento de pagar la boleta de luz. Entonces la luz era un lujo, aunque el servicio se empleaba casi exclusivamente para la iluminación, ya que no existían los electrodomésticos. En esa época -cabe recordar- la heladera era la típica fiambrera de madera y alambre tejido que estaba afuera de la vivienda y era utilizada para conservar frescos algunos alimentos. La plancha era a carbón o bien se calentaba sobre la estufa. En esos años recién aparecía la radio y nadie soñaba con la televisión. 
El 8 de diciembre de 1913, Joaquín Oños pide autorización para plantar los postes en las calles Roca y Sarmiento, a lo que se accede, con la condición de que los instalen “rodeando su base con una calzada de cemento de un diámetro no menor de un metro”, condición que aceptó la usina, tomándose para cumplirla un plazo de dieciocho meses, y que no cumplió en la forma requerida, pese a la reiteración que se hiciera el 27 de julio de 1915.
El 30 de diciembre de 1913 el Concejo Municipal tomó conocimiento de una nota propuesta de la Compañía de Alumbrado Eléctrico, la que pide una concesión privilegiada por el término de veinticinco años, indicando los precios del suministro particular y público de luz. De acuerdo a esa nota, “durante la vigencia de la concesión la Municipalidad no podría autorizar el funcionamiento de otra usina, debe comprometerse a contratar por lo menos ochenta focos del alumbrado público y a exonerar a la empresa de todo impuesto municipal creado o a crearse”.
Todavía no funcionaba la usina ni la empresa estaba reconocida como sociedad anónima, por lo cual, y por hallarse la Municipalidad a cargo de una comisión de vecinos, no se adoptó ninguna resolución sobre el fondo del pedido, postergándose su consideración para cuando hubieren autoridades edilicias electivas y otorgara el Poder Ejecutivo de la Nación personería jurídica a la empresa.
Pocos días después, el 9 de enero de 1914, a pedido de la Compañía de Alumbrado, la Municipalidad devolvió el pedido de concesión y exclusividad, el que no fue repetido. Es de hacer notar que, para esa fecha, la empresa ya tenía personería jurídica, decretada el 7 de enero de dicho año. No se ha hallado explicación lógica a esta actitud, al retiro de la petición, ya que en esos días la Comuna iba a tener sus autoridades electivas -8 de febrero- y la empresa había llenado los requisitos legales indispensables para que fuera considerada. Según las constancias en los archivos municipales, el retiro de la nota fue hecho porque “la solicitud carecía de claridad en algunas de sus cláusulas y contenía otras que era necesario revisar”. Sin embargo, el pedido no sería reiterado.
El 2 de marzo del mismo año, la Compañía de Alumbrado Eléctrico formuló una propuesta de contrato anual, fijando en 800 pesos mensuales el importe del alumbrado público correspondiente a 64 lámparas de 100 bujías y 27 de 50, aumentándose a 28 las últimas, a pedido de la Comuna.
El 25 del mismo mes fue firmado el primer contrato, el que se refiere pura y exclusivamente al Alumbrado Público; no se hace ninguna mención a las tarifas, desligándose la Comuna, de hecho, de la intervención que le corresponde en cuanto a lo relacionado con el alumbrado particular, al que sólo se hizo ligera referencia en la nota en que se pidió la exclusividad.
El 1° de septiembre de 1916 entró en vigencia un nuevo precio para el alumbrado público: 1.100 pesos mensuales, con 144 lámparas de 50 bujías cada una. Esta remuneración se mantuvo sin variantes hasta 1921, en que se formalizó un nuevo contrato. Esta vez la Municipalidad puso condiciones, entre ellas una que se destaca especialmente: la de “no alterar el precio del kilowatt-hora para el alumbrado privado sin el consentimiento de la Municipalidad”, según consta en la nota que el 12 de abril se dirigiera a la usina, subscripta por el señor Ibón Noya, presidente del Concejo. La Compañía de Alumbrado Eléctrico contestó diciendo que “como en su propuesta no se mencionaba el precio del kilowatt, no entendía el objeto de esa cláusula”, que, sin embargo, aceptó en el contrato firmado a fines de mayo de dicho año, que es el último celebrado entre la Comuna y la usina. El precio establecido fue de 1.200 pesos mensuales por 118 focos de 50 bujías y 26 de 100, aumentándose para octubre los de 50 bujías a 135, o sea 17 lámparas más, por 200 pesos más.
El 10 de noviembre de 1922 se gestionó la rebaja a 700 pesos, sin éxito, y casi al mismo tiempo se solicitaba una concesión exclusiva por Victorio Gauna, quien se comprometía a dar el alumbrado público a $ 0.65 el kilovatio y el privado a $ 0.70, con algunos descuentos que no alteraban mucho estas exorbitantes remuneraciones. La concesión se gestionaba por 45 años, y si bien halló en las autoridades municipales buena acogida el pedido, llegándose a recomendar fuera aceptado, contando con el apoyo municipal hasta abril de 1923, felizmente no se llegó a materializar la iniciativa, que habría condenado a Río Gallegos a soportar, a perpetuidad podría decirse, el precio de los precios que siguieron.
En 1927 el concejal doctor Ismael Viñas propuso un contrato con la Compañía de Alumbrado Eléctrico por el cual se legalizaba, precisamente, la situación actual: kilovatio a $ 0.70 y alumbrado público a $ 1.400 mensuales.
La propuesta en principio fue aceptada por la usina, pero no se formalizó el contrato porque al poco tiempo quedó acéfalo el Concejo, evitándose así que se incurriera en el error de sentar un mal precedente: el de admitir como legítimo un precio por KWh que no había sido sometido al necesario estudio.

El precio equitativo
No se había otorgado concesión alguna a la Compañía de Alumbrado Eléctrico. Esto facilitaba toda gestión destinada a obtener condiciones equitativas para la provisión de luz, tanto para los vecinos como para la Comuna. El camino para llegar a satisfacer lo que era un intenso anhelo popular estaba allanado de mayores obstáculos. No había por qué pensar en situaciones legales, por parte de la empresa de electricidad, que pudieran ser impedimento para el desarrollo de la acción municipal indispensable a fin de llegar a lo que era preciso. Lo que correspondía era determinar los precios. Era necesario para ello conocer la evolución de los precios locales, examinar sus motivos y observar el desenvolvimiento financiero de la empresa actual, para que, una vez hechas otras comprobaciones indispensables, pudiera llegarse a una conclusión acertada, equitativa, práctica, que no admitiera serias objeciones.
Cuando fue inaugurado el servicio de luz eléctrica en esta capital la tarifa era módica, pero pronto empezó a aumentar, explicándose la suba por los más altos precios del combustible. Lo más lamentable por parte de la usina y lo que la colocaba en la situación más difícil -afirmaba Zumalacárregui- era precisamente la explicación que se daba a aquellos aumentos acelerados y la falta de explicación a la falta de reducciones razonables, a lo que debe sumarse el hecho de que se constataba un aumento de capital, bien apreciable, sin que este influyera poderosamente en la calidad del servicio público, ni en su precio, aunque se consiguiera, al final de cada ejercicio, un dividendo sin fluctuaciones, muy alto de por sí, y que tanto más resultaba por el carácter de la empresa y por el hecho de conseguirlo a costa de energía eléctrica suministrada por cuentagotas, pero pagada tres veces más de la que en otras partes se derramaba a raudales.
Un precio razonable era lo que se pedía y para ello era preciso empezar por establecer cuáles eran los elementos necesarios para producir la energía eléctrica que requería Río Gallegos, dentro de condiciones que para el resto del país parecerían anormales, ya que existe -lo sabemos- tan enorme diferencia de luz entre el invierno y el verano. 

Las soluciones que se proponían
Lo que era factible debía hacerse, y máxime en este orden de cosas. Si el alumbrado podía tener, sin desmedro financiero para una empresa, una retribución de $ 0.30 por kilovatio, no se podría aducir razón alguna que justificara, en parte siquiera, el hecho de que exigiera $ 0.70, como nada se resolvía con rebajarlo cinco centavos cada dos años. Las pequeñas rebajas hechas en su momento, nada remediaban. Lo mismo gravitaba sobre el consumidor el precio de 70 centavos que el de 80 y 85, porque ambos eran excesivos. Había que pagar, tan sólo, lo que era equitativo.
Varias fórmulas se barajaban para llegar a la solución de la cuestión planteada, pero fundamentalmente había dos opciones: Que la Compañía de Alumbrado Eléctrico de Río Gallegos rebajara el precio a $ 0.35 el kilovatio para los particulares y a $ 0.30 para el alumbrado público, o bien que se consiguiera la instalación de una nueva empresa. En el primero de los casos, la solución no podía ser más fácil, ni más lógica tampoco. Si la usina no accedía, se presentarían las posibilidades siguientes:
• Llamar a licitación para la provisión del alumbrado particular y público.
• Constituir una Cooperativa de Luz y Fuerza.
• Organizar una asociación entre la Municipalidad y los vecinos que desearen participar de ella para adquirir una planta eléctrica completa.
• Instalar una usina netamente municipal.
La mejor solución era sin duda que la Compañía de Alumbrado accediera al pedido de rebaja del precio del kilovatio “como exteriorización de un anhelo público, que ha arraigado hondamente en todo el vecindario. Sería, el acceder, la actitud más simpática que podría asumir y más en consonancia con la situación actual”. Si esta no accedía, debería intervenir en la licitación pública. 
El doctor Zumalacárregui entendía que a la hipótesis de que no hubiera aceptación de la propuesta, la mejor solución desde el punto de vista del interés comunal era municipalizar el servicio, pero en este caso el Municipio debía cancelar un capital de 150.000 pesos, que podía cubrirse en cuotas, sin embargo, la Comuna debía contar con al menos 50.000 y verdaderamente no los tenía. Es por ello que por momentos la propuesta de la cooperativa volvía a cobrar fuerza: “exclusivamente a cargo de los consumidores asociados, en colaboración la Comuna con los vecinos consumidores y accionistas, siempre que no se hallare la manera de municipalizar el servicio”. 

El desenlace
El 4 de enero se reunió la Comisión de Interpretación y Asuntos Generales del Concejo Municipal para tomar conocimiento del informe de la Presidencia sobre el problema de la luz, examinando detenidamente, a la vez, los antecedentes en que se fundaba. Se firmó un proyecto de resolución por el cual se autorizaba a la Presidencia para que dirigiera una nota a la Compañía de Alumbrado Eléctrico de Río Gallegos, a fin de que rebajara el precio del alumbrado privado a $ 0.35 el kilovatio, suprimiendo el alquiler del medidor, debiendo ser de $ 0.30 el precio del alumbrado público, manteniéndose la cuota de 1.400 mensuales por parte de la Municipalidad, aumentándose los focos.
Los concejales Bocca y Lago, que integraban esa comisión, autorizaron a Zumalacárregui para dirigirse a la Compañía de Alumbrado. En la nota se expresaba, entre otros puntos: “Se ha hecho un detenido estudio de los diversos aspectos que ofrece cuestión tan importante, y como consecuencia se ha llegado a la conclusión de los precios equitativos, aceptable hoy por ambas partes, empresa productora y público consumidor”, los que se habían indicado. Se expresaba la confianza en que los precios serían aceptados, con los que “mediante actitud que será oportuna y conveniente para el interés general, se resolverá uno de los problemas que más justamente preocupa en estos momentos”.
La Compañía de Alumbrado contestó el 10 de enero diciendo que “el Directorio lamenta no poder modificar las tarifas del alumbrado eléctrico, ya bajas como puede comprobarse por las que rigen en los demás pueblos de la costa”. El gerente era el alemán Ernesto Kietzman, que estuvo frente a la usina durante varios años, tanto es así que muchos vecinos decían: “la usina de Kietzman”, pensando que él era el propietario.

El llamado a licitación
En la sesión del Concejo del 11 de enero de 1933 se consideró el despacho de la Comisión de Interpretación y Asuntos Generales, como así la gestión realizada ante la usina y su resultado. Se acordó que el asunto pasara nuevamente a la comisión para que, con dictamen de los asesores doctor Estanislao López y Héctor Altamirano, indicare las medidas que debían adoptarse, en vista de la rotunda negativa a aceptar rebajas.
Los asesores fueron consultados sobre los derechos de la Municipalidad en esa emergencia, especialmente sobre si el Concejo estaba autorizado para licitar públicamente la provisión de energía eléctrica, municipalizar el servicio de alumbrado o constituir una cooperativa a tal efecto. Ellos sostuvieron que efectivamente el Concejo Municipal estaba “ampliamente facultado para licitar públicamente la concesión del servicio de que se trata, para municipalizarlo o para promover la constitución de una sociedad cooperativa que se encargue de llenar esa finalidad”.
El 17 de enero de 1933 asistieron a la reunión del Concejo los ediles Zumalacárregui, Próspero Suárez, Salvador Lago y Francisco Bocca, resolviéndose por unanimidad que se llamara a licitación, encomendándose al presidente del Concejo la tarea de proyectar el pliego de condiciones y bases de la licitación.
Esta licitación no tuvo buenos resultados y poco después la Compañía de Alumbrado se municipalizó. Kietzman regresó a Alemania con parte de su familia. Su hija Katty se había casado con el ganadero Pedro Montes (h). En algunas entrevistas hubo quienes afirmaron que miembros del Concejo Municipal le garantizaron a Kietzman su continuidad como administrador de la usina, no obstante después quedó fuera de la empresa. 
Esta es la historia del problema de la luz de Río Gallegos durante los primeros 30 años desde que existió una compañía de alumbrado, mucho antes de que se formara Servicios Públicos y de que siguiéramos teniendo “el problema de la luz” en Río Gallegos, pero 100 años después. 

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Por Pablo Beecher
Domingo 19 May 2013