Lunes 20 de Marzo de 2017
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Fiscalía de Estado
Se pidió la inconstitucionalidad de la suba de sueldos a judiciales
La Fiscalía de Estado, en representación de Santa Cruz, presentó en la Justicia una “acción de inconstitucionalidad, nulidad e ilegitimidad” del régimen salarial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La semana pasada las autoridades del Tribunal y el gremio “3 de Julio” firmaron la implementación del régimen salarial. El ministro de Gobierno, Fernando Basanta, dijo que la “suba anual es del 37% y no hay posibilidad de cumplirla porque no hay plata”, concluyó.
Lunes 20 Mar 2017
Los judiciales reclamaban en la sede del Tribunal Superior de Justicia.

Los judiciales reclamaban en la sede del Tribunal Superior de Justicia.

El fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, Fernando Tanarro, presentó una “acción de inconstitucionalidad, nulidad e ilegitimidad” del régimen salarial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). 
En la acción se explica que para aplicar el régimen salarial en ese organismo es necesario que “exista presupuesto para sostener la pauta salarial que se determina” y advierte que sin el financiamiento, se vuelve una acción “inconstitucional y nula”.
La acción llevada a cabo por la Fiscalía de Estado, al cierre de la semana pasada, fue motivada en que el 14 de marzo pasado las autoridades del Tribunal Superior de Justicia firmaron, en conjunto con el gremio de los empleados judiciales, la instrumentación del régimen salarial para este 2017, ante un plan de lucha llevado a cabo por los trabajadores. 
Previo a ello, desde la entidad sindical alertaban que se encontraban ante un virtual “congelamiento salarial” debido a un recorte presupuestario de unos 600 millones de pesos, lo que impedía al TSJ otorgar las subas para este año en curso, según indicaba el secretario general del gremio judicial, Francisco Gómez, a este medio. 
En tanto, en declaraciones radiales el ministro de Gobierno, Dr. Fernando Basanta, señaló que los aumentos salariales otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aplicarán en Santa Cruz “siempre y cuando haya presupuesto”, de acuerdo a lo que establece la “ley marco” que rige en la Justicia Provincial. 

Pedido 
La presentación llevada a cabo ante la Justicia por parte de la Fiscalía de Estado explica que “surge del acuerdo instrumentado en el Acta 31/09 que nos encontramos con un compromiso de aplicar aumentos porcentuales al sueldo básico, pero supeditándolos a la existencia presupuestaria necesaria para sostener la pauta salarial otorgada”. 
Las partes en conflicto habían pactado “un incremento salarial de un 10% conforme a la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 7/16, a partir de enero de 2017 sobre el sueldo de la escala vigente para el personal del Poder Judicial” provincial, pero desde la Provincia sostiene que hubo un “apartamiento” a las leyes vigentes, ya que “se otorga un aumento salarial sin que exista presupuesto para sostener la pauta salarial que se determina, por lo que deviene en inconstitucional y nulo”. 
Señala la acción que “los miembros del Tribunal Superior de Justicia, sin respuesta de la ampliación presupuestaria solicitada, decidieron proceder en forma contraria a las normas que regulan este aspecto fundamental”, por lo que ahora la Fiscalía de Estado “exige el cumplimiento del acuerdo instrumentado en el Acta 31/09 del 25 de noviembre de 2009, que prescribe los aumentos salariales supeditados a la existencia presupuestaria para sostenerlos” y señalan que el régimen salarial reclamado por el gremio de los empleados judiciales “no puede aplicarse, ya que no fue modificada la Ley de Presupuesto para incluir los créditos necesarios para soportar el gasto que generaría el aumento salarial establecido el 14 de marzo del 2017”, según lo “establecido en el artículo 27 de la Ley de Presupuesto Nº 3.526”. 

Ministro de Gobierno 
Por su parte, Fernando Basanta, ministro de Gobierno de Santa Cruz, en declaraciones radiales explicó que “el Tribunal Superior de Justicia tiene un presupuesto propio. Durante el año se planifican los gastos que habrá para el próximo año, esto entra a la Legislatura de la provincia, se discute con los legisladores y se aprueba”. 
Sin embargo, “desde el gremio de Judiciales decían que cuentan con una ley de enganche respecto a los incrementos que otorga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta ley no existe, lo que tienen es una ley marco en la que se define cómo será la paritaria y en ninguna parte se establece el enganche en los aumentos salariales”, detalló.
En este punto, el funcionario indicó que “la escala salarial en Santa Cruz no era la misma que en el Poder Judicial de la Nación, aquí percibían mejores haberes y está perfecto, es un logro de las negociaciones. Ahora en el mismo artículo se establece que los aumentos de la Corte Suprema de Justicia en Santa Cruz deberán estar atados a la posibilidad presupuestaria para ser otorgados”. 
Más adelante, Basanta recordó que “desde el gremio decían que nunca hubo un presupuesto que contemplara la paritaria, no obstante, los aumentos se otorgaban. Son ciertos esos dichos, los aumentos se cumplían porque el Tribunal pedía una ampliación presupuestaria y se otorgaba, pero se lo podía hacer porque Nación depositaba 400 millones extra y esto hace más de un año que no está ocurriendo”, dijo. 
Finalmente, indicó que “el año pasado el Tribunal Superior de Justicia se dio un aumento del 30%, para este año la suba debería ser del 37% y no hay posibilidad del Ejecutivo de cumplir con ese aumento porque no hay plata”, concluyó.
Lunes 20 Mar 2017