Lunes 17 de Julio de 2017
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Trata: La Justicia debe acompañar la demanda social
Domingo 16 Jul 2017

Argentina ha mostrado avances importantes en la lucha contra la Trata. Sin embargo, no se puede hablar de “proteger” a las víctimas cuando la Justicia demora en llegar a sus victimarios.

En las últimas semanas hemos asistido a la insistencia de un fiscal que por quinta vez busca que, luego de ocho años, los que son considerados responsables de la explotación sexual de más de 100 mujeres en las llamadas “Casitas” de Río Gallegos, entre ellos dos proxenetas, sean indagados. 

Si bien uno puede poner la mirada en el juez actual, que a su vez es Camarista del Tribunal de Comodoro Rivadavia, el mismo que tres años después que la juez Ana Alvarez hubiera ordenado el cierre de los prostíbulos, este tribunal ordenara reabrirlos. Algo que no pasó por la oposición de la propia sociedad que provocó que en ese lapso de tiempo se sancionaran ordenanzas y se bloqueara cualquier reapertura, pese a la orden judicial. 

Si esto fuera poco, hoy la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura a nivel nacional avanza en la investigación de la denuncia de connivencia que pesa sobre un juez federal del Tribunal Oral de Río Gallegos, para beneficiar a proxenetas declarados, desde la época de Las Casitas.

A seis de los imputados el Ministerio Público Fiscal ya les había formulado en varias oportunidades pedidos de llamados a indagatoria, entre 2010 y 2016. Sin embargo, el Juzgado Federal de Río Gallegos nunca hizo lugar.

En ese sentido, el fiscal consideró que “corresponde que se provea favorablemente el pedido de que sean escuchados en indagatoria los imputados, lo cual arrojará mayor claridad y permitirá ahondar sobre el total esclarecimiento de los hechos materia de investigación, como así también podría permitir la aparición de nuevos involucrados”.

Es importante entender que pese al testimonio de más de 90 mujeres, ni la juez que actuó en su momento, Ana Alvarez, ni quien le siguió, Andrea Askenazi Vera, y ahora quien subroga el Juzgado, el Dr. Leal, hizo nada para que la causa avance.

No es el único expediente demorado. Algo similar sucede con la acusación que pesa sobre un agente municipal que fue identificado como el “informante” que avisaba a dos locales nocturnos que funcionaban a su vez como prostíbulos, cuándo iban a ser objeto de control policial y para el cual el fiscal pidió la indagatoria en dos oportunidades, en los dos años que lleva la causa.

A la falta de avances judiciales también se deben sumar las bajas condenas a las que son sometidos los que sí son alcanzados por la Justicia y llegan a juicio. 

Así, hace unos días se conocía que un hombre fue condenado a sólo 3 años de prisión, pese a que se le comprobó el sometimiento que hizo de una joven de 18 años, bajo engaños, y también que no era la primera vez que estaba involucrado en casos como ese. 

No sólo le dieron 3 años, sino también que los podrá cumplir en otra provincia, atendiendo la “cercanía de su familia”. No conforme con todo eso, el sujeto se dio a la fuga apenas conoció la condena, aunque luego de 10 días fue apresado en Mendoza. 

Es bueno recordar que la trata de personas en Argentina es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, retirada de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud.

Es un delito internacional de lesa humanidad, viola los derechos humanos y es considerado una forma moderna de esclavitud. A nivel mundial está ubicado tercero en un siniestro ranking de delitos luego del tráfico de armas y el de drogas. Se estima que en el mundo existen 21 millones de personas esclavizadas por la trata, y que el negocio mueve 32.000 millones de dólares en todo el mundo.

Existe un protocolo internacional contra la trata de Naciones Unidas que fue firmado por 117 países, entre ellos la Argentina. Este tratado obliga a los países parte a prevenir y combatir la trata y asistir y proteger a las víctimas de ésta. También promueve a los países a cooperar entre ellos para lograr estos objetivos.

En nuestro país, pese a que existen muchas leyes sobre este flagelo, el delito continúa ocurriendo. Un avance legal importante en la materia fue la sanción en 2008 de una ley de trata de personas que intentaba lograr lo que busca el protocolo internacional, sin embargo a finales de 2012 se amplió y mejoró la ley del 2008 a la Ley 26.842. 

Esta ley fija penas de 3 a 15 años de prisión, aunque pueden existir agravantes que amplíen las condenas. Pese a ello, es reiterado que las sentencias terminen siendo por el mínimo, de tal forma que no pueden ser consideradas “ejemplificadoras”, por el contrario, tan baja condena sumado a la tardanza de la Justicia para llegar a ellas, sólo puede ser considerado una invitación a que el delito siga ocurriendo, mientras tanto las víctimas deberán vivir con el horror al que fueron sometidas y sus secuelas les quedarán para el resto de sus vidas. 


PARA EL ANALISIS

Reiteran pedido sobre agente municipal

El fiscal federal Gonzalo Miranda reiteró el pedido de indagatoria de un agente municipal y una mujer, involucrados en un caso de trata de personas. El hombre habría colaborado en la captación y traslado de mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en dos prostíbulos. Además, está acusado de advertirle al dueño por posibles controles en los locales.

Para la Fiscalía, existen elementos para establecer la “conexión existente entre el dueño de los locales, atento a que éste último -municipal- es quien internamente, además de preavisar sobre los controles públicos llevados a cabo por la Municipalidad de Río Gallegos, facilitaba la gestión de la tramitación de los permisos y/o habilitaciones de los locales”.

Asimismo, el implicado “cumplía un rol fundamental en la organización, ya que además de ser quien se encargaba de facilitar los trámites administrativos precitados era quien proveía de los pasajes para trasladar a las víctimas a esta ciudad”, concluye el dictamen del fiscal Miranda.

Los allanamientos fueron solicitados el 22 de enero de 2016 y luego de eso se realizó el primer pedido de indagatoria del agente y de los otros imputados. Sin embargo, el Tribunal no hizo lugar al pedido sobre el funcionario público y por eso ahora el fiscal volvió a pedir su indagatoria.

Por su parte, en junio de este año, el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad procesó sin prisión preventiva al dueño de los prostíbulos. Además, ordenó trabar el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos.

Como resultado de los procedimientos realizados el 24 de enero de 2016, fueron rescatadas nueve mujeres.


Piden procesar a  cuatro personas 

El fiscal federal solicitó el llamado a indagatoria de cuatro personas acusadas de integrar una red de trata con fines de explotación sexual en esta ciudad. Entre los imputados hay un ex comisario.

La banda se dedicaría a explotar sexualmente a mujeres en un reconocido prostíbulo llamado “Verónica”, ubicado en la zona denominada “Las Casitas”. Allí funcionaba una veintena de locales nocturnos que se encontraban ubicados uno al lado del otro a lo largo de dos manzanas. Todos fueron allanados en septiembre de 2009 y entonces fueron rescatadas 111 mujeres.

En el caso interviene el fiscal federal Gonzalo Miranda, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

Existen dos causas que se tramitaron por separado y que recién este año, por orden de la Justicia Federal de Río Gallegos, se anexaron.

Por un lado, en mayo de 2009 una mujer denunció en la Protex (que en ese momento era la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, UFASE) la muerte de su hija, presuntamente involucrada en un caso de trata de personas. La denunciante detalló que su hija habría viajado desde la ciudad de Córdoba a la ciudad de Río Gallegos, donde apareció muerta en septiembre de 2008. Como consecuencia, comenzó allí una investigación preliminar.

A raíz de las pruebas acumuladas, Protex sostuvo la hipótesis de que la joven oriunda de la provincia de Córdoba viajó con el fin de ser explotada sexualmente en un reconocido prostíbulo llamado “Verónica”. De esta manera, la mujer lograría saldar una “deuda” que mantenía con un hombre llamado “Fabián”, cuyo paradero aún se desconoce y quien, a través de amenazas, la habría hecho viajar.


Condenado a sólo tres años de cárcel

El vertiginoso periplo tiene como protagonista a Omar Santiago Flores, un hombre de 59 años que ha tenido más de un roce con la Justicia. El último de ellos fue el 29 de junio pasado, cuando el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz lo condenó a 3 años de prisión por trata de personas en la modalidad de captación y acogimiento, habiendo mediado amenazas y abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, según informó en su momento La Opinión Austral.

Es decir, la Justicia encontró probado que el hombre obligó a su novia de 18 años a prostituirse entre febrero y marzo de 2009, en un local nocturno llamado Marian, ubicado en la capital de esa provincia. Según relató la víctima, ella era entregada a los clientes, quienes luego le pagaban, pero le tenía que dar la plata a Flores.

En el juicio por el hecho, el mendocino admitió su culpabilidad en los hechos y recibió la pena de tres años. Al ser reincidente por cuarta vez, la Justicia santacruceña ordenó que quede alojado en la cárcel mendocina de Boulogne Sur Mer.

Antes que ocurra esto último, Flores escapó de las manos de las autoridades. Su clandestinidad duró poco: efectivos locales de la Policía Federal estaban tras sus pasos y lograron detenerlo este jueves cuando caminaba por una calle de Las Heras. Ahora sí se encuentra purgando su pena en la Casa de Piedra.

Domingo 16 Jul 2017