Las provincias del interior del país aguardarán hasta la próxima semana para terminar de consensuar el texto de la futura ley que será girada al Congreso de la Nación con la misión de federalizar los subsidios que el Gobierno Nacional destina al sostenimiento del transporte de pasajeros.
Si bien el debate fue apurado por la crisis que enfrentan diferentes municipios, el eje de la discusión cambió.

Sucede que el Ministerio de Transporte de la Nación decidió redistribuir la suma de $ 8 mil millones que integran el “Fondo de compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país”. Río Gallegos; Caleta Olivia y la Cuenca Carbonífera a lo largo del año enfrentaron serias dificultades para el sostenimiento de servicio esencial y clave para los sectores menos favorecidos económicamente.

Río Gallegos, Caleta Olivia y la Cuenca Carbonífera reciben aportes para el servicio

La Opinión Austral supo que la decisión gubernamental fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) bajo la Resolución Nº 248/2021 y en la reparto de los recursos económicos Santa Cruz fue incluida.

Portada de La Opinión del 18 julio.

Además de la provincia patagónica se sumaron territorios como Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Se trata de un cambio que viene de la mano del Gobierno Nacional ya que la escasa actividad en el servicio en las comunas de Santa Cruz -producto de la pandemia y la falta de decisiones políticas en los municipios- había generado que a inicios de este mes la provincia no fuera incorporada inicialmente en la ampliación presupuestaria incluida en el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU).

Equilibrio

En declaraciones a La Opinión Austral, el subsecretario de Transporte de Santa Cruz, Rolando D’Avena, precisó que en el transcurso de esta semana los estados provinciales dejaron de lado aquella discusión y se encuentran “dedicados a definir cómo será la distribución de los recursos y ahora el debate pasa puertas adentro en las provincias”.

El diálogo federal por el transporte se acentuó a lo largo del año.

El Ministerio de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz es clave en esta instancia ya que la propuesta que efectuó Nación a Provincia se encuentra en pleno debate con los municipios de quien depende la prestación y el sostenimiento del servicio del transporte urbano de pasajeros.

La Opinión Austral supo que antes que finalice esta semana, los estados provinciales deberán firmar ante el Estado Nacional los fondos compensadores. Esta decisión administrativa requiere que los distritos provinciales reajusten sus presupuestos financieros para concluir la etapa administrativa ante el Ministerio de Transporte de la Nación y efectivizan las compensaciones tarifarias al sistema de servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas del país.

Ley

Las definiciones políticas surgidas del Ministerio de Transporte de la Nación publicadas el 23 de julio en el Boletín Oficial- generó que las provincias dejen para la próxima semana el cierre definitivo del proyecto de ley que será girado al Congreso de la Nación buscando legislar sobre los fondos al transporte urbano.

El subsecretario de Transporte de Santa Cruz, Rolando D’Avena.

En la última semana, La Opinión Austral había dado cuenta que estaba todo encaminado para que antes que concluya este mes ese diálogo entre provincias quede zanjado con el claro objetivo de implementar la “emergencia del transporte público de pasajeros” en Argentina.

Provincia debate con los municipios el esquema de subsidios para lo que resta del año

La decisión permitirá al interior del país redistribuir los fondos del SISTAU de cara al próximo año para poner fin a la supremacía de AMBA sobre las provincias. En esta línea el empresariado había alertado que el “desequilibrio que impera en la distribución de los recursos económicos impacta en la dificultad de dar cumplimiento a las obligaciones salariales”, y advierte que “ni siquiera están dadas las condiciones para afrontar los costos de operación del sistema”. Demandaron al Estado tomar medidas que doten a la “actividad de un mínimo de previsibilidad y sustentabilidad”.