ZEIDÁN SIGUE EN EL OJO DE LA TORMENTA

YCRT: sospechan que la venta de chatarra “podría ser otro negociado”

Luz y Fuerza Río Turbio alertó que “Zeidán cometió muchas maniobras sospechosas”. “A costa de los trabajadores, se dieron lujos” aseguró Luis Avendaño a La Opinión. El Dr. Levín recordó que la primera denuncia judicial contra el exinterventor quedó “cajoneada”.

Por La Opinión Austral


Las denuncias judiciales que el interventor de YCRT, Aníbal Fernández, presentó en la Justicia Federal tuvieron fuerte repercusión en Santa Cruz.

 

La Opinión Austral dio a conocer que la primera fue por el ingreso de 419 personas, decisión calificada de “mala leche” por el exjefe de Gabinete de la Nación.

 

La segunda está relacionada con una tarjeta de crédito corporativa utilizada por Omar Zeidán, su coordinador general Sergio Lumachi y la secretaria privada y cuñada de éste, Cintia Da Silva, para gastos personales.

 

Mientras se aguarda la designación del juez que atienda la demanda, Fernández adelantó que interpondrá otra denuncia por gastos exorbitantes en publicidad. Desde las filas sindicales, abren el escenario para sumar otras posibles irregularidades.

Trabajadores

Luis Avendaño, secretario general de Luz y Fuerza Río Turbio, recordó a La Opinión Austral que mientras Zeidán estaba al mando de la minera estatal, la Intersindical pidió públicamente a la Justicia que abra una investigación. “Hicimos denuncias públicas, jamás pudimos acceder a las pruebas, esa información sólo la maneja la Intervención”, destacó.

 

Por la denuncia de Di Tulio fue citado a indagatoria José María Carambia

“La adquisición de indumentaria, compra de cámaras de seguridad por un valor de $ 30 millones y el mineral que se vendió a USD 50 y se colocaba en el mercado a USD 90” fue articulado por una misma persona: “El empresario textil Sergio Vallejos Mini”, recordó Avendaño.

 

El dirigente de Luz y Fuerza acentuó que el uso de las “tarjetas business siempre fue un comentario público en el yacimiento y en la Cuenca Carbonífera”. “Mientras, Cambiemos lanzó una campaña nacional pretendiendo demostrar la inviabilidad de la explotación del carbón y avanzaban despiadadamente en el despido de 500 trabajadores”.

 

En este punto, Avendaño abrió un nuevo escenario: “Ha quedado pendiente la venta de chatarra”, dijo, y recordó que funcionarios de Zeidán “durante cuatro años se dedicaron a recorrer sectores acumulando lo que no servía y lo vendían. Por los antecedentes existentes, es conveniente que se abra una investigación”, alertó.

Antecedentes

Pero el de Cambiemos recibió la primera denuncia judicial previo a las Elecciones Generales de 2019. Héctor Di Tulio había hecho uso de la Ley 27.275 de “Derecho de Acceso a la Información Pública” y solicitó que se dé a conocer un informe que transparente los destinos que tuvieron los fondos de la minera estatal.

 

La presunción era que la Intervención había incurrido en un “mal uso de los recursos de YCRT”, “empleando el dinero para otros fines” como “compra de vehículos destinados para la campaña política de Eduardo Costa y Omar Zeidán”.

 

Sandro Levín, representante legal de Di Tulio, precisó a La Opinión Austral que por aquellos días, “recorrieron la provincia y bancaron su militancia a orden y cuenta de la empresa”. Solicitaron a AFIP que brinde un informe sobre esos gastos.

 

Además, pidieron explicaciones por la venta de carbón a Calera San Juan S.A. El contrato firmado entre las partes 15 mil toneladas de carbón por 36 meses, comercialización que dejaría una ganancia aproximada de $ 35 millones mensuales a YCRT. La causa, según ratificó ayer Sandro Levín, permanece sin ningún tipo de avance.


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