A nueve meses del encuentro con las urnas, las cifras de la macroeconomía comienzan a imponerse sobre la interna del Frente de Todos. No hay lugar para discusiones del orden electoral si la inflación no cede y los salarios no se fortalecen, admiten dentro de la coalición.

Por eso, el presidente Alberto Fernández puso en remojo los comentarios de sus alfiles sobre ir por la reelección y hace hincapié en que, si bien está demorada la recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores, su gestión marcó un cambio de rumbo tras el macrismo, con la recuperación del empleo y del Estado como gran ordenador.

La misma tregua se vislumbra desde el sector de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que viene poniendo paños fríos a las divergencias con Casa Rosada, aunque sin dejar de posicionarse como la única garante del poder de compra en las últimas décadas. Con la premisa de que sin la economía encaminada, no se puede ni arrancar a pensar en una estrategia para ganar en 2023, ambos pusieron sus fichas en Sergio Massa, quien ya exhibe ante los micrófonos que el objetivo es llegar a abril con un alza de precios promedio del 3%.

“Vamos a ganar la elección si somos capaces de bajar la inflación y darle acceso al crédito a los ciudadanos. Si lo logramos, vamos a ser competitivos electoralmente”, resumió Massa ante empresarios el último jueves. Es de lo que habla con Alberto y con Cristina.

El titular del Palacio de Hacienda asegura que mantiene diálogo constante con ambos y ayer, por ejemplo, almorzó con el Presidente antes del anuncio de una segunda edición para el mes de diciembre del esquema conocido como “dólar soja” que permitirá a las cerealeras exportar a un tipo de cambio diferencial, que se ubicará en torno a los $225, y al Estado recaudar un piso de USD 3.000 millones para cumplir las metas de reservas del Banco Central y sellar el resultado fiscal que exige el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estiman que la recaudación podría llegar a USD 5.000 millones o USD 6.000 millones.

El Gobierno cede con un dólar atractivo para las cerealeras porque entiende, desde el comienzo de la gestión, que con reservas escasas en el Banco Central no hay forma de mantener estable al mercado cambiario. Esta semana, el dólar oficial se vendió a un promedio de $172,44, lo que equivale a un incremento de 1,30% frente al viernes de la semana anterior. En el segmento informal, el denominado dólar “blue” se vendió a $320 por unidad, un avance de $13 en cuatro días. Y en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 0,6%, a $324,61, y el MEP retrocedió 1,4%, en $314,81, en el tramo final de la jornada del viernes.

Aunque el “blue” no incide directamente en la inflación, ayuda a generar mayor clima de incertidumbre y eso lo convierte indirectamente en una variable que influye a la hora de las remarcaciones; son esas alzas injustificadas de los precios las que destruyen cualquier acuerdo paritario. El diagnóstico político y económico en el Frente de Todos, es que no hay suba que alcance para los sueldos si los precios al consumidor continúan escalando a niveles del 7% o 6% promedio mensual.

Las alarmas que dio el INDEC sumado al malestar que reflejan algunas encuestas por el deterioro de los salarios, entre otras cosas, calaron hondo en los últimos meses en la coalición gobernante. Hubo un reconocimiento en el Gobierno sobre cuál es la “mayor deuda” con la ciudadanía: recuperar el poder adquisitivo que cayó 20 puntos durante el Gobierno de Mauricio Macri y que continuó el declive en los últimos tres años.

Así lo viene señalando la vicepresidenta en sus últimas apariciones públicas. Insiste con que el problema está en la distribución del ingreso. “Nunca ha habido una participación tan baja de los trabajadores en el PBI como la que estamos teniendo hoy, absolutamente regresiva”, insistió a comienzos de mes desde la localidad bonaerense de Pilar, con el intendente local, Federico Achával, sentado a su lado.

Cristina no se corre de su postura crítica a la gestión de Fernández, aunque ya no lo apunta directamente en sus discursos. Le pidió una suma fija por decreto que quede de forma permanente incorporada a los sueldos y el mandatario nacional la rechazó, aunque aceptó y confirmó un bono de fin de año por única vez.

En ese marco, la semana pasada la vice llamó al presidente a Indonesia luego de que sufriera una descompensación por un cuadro de gastritis erosiva con sangrado. Cuando sonó el teléfono y era Cristina, el jefe de Estado pidió a sus colaboradores que se retiraran de la habitación y atendió el llamado a solas, según pudo saber La Opinión Austral por fuentes de la comitiva presidencial. El diálogo no está roto.

Es así que en los diferentes sectores del Gobierno dieron por terminado el debate sobre las Primarias y ya nadie insiste con dar la discusión parlamentaria para eliminarlas (explican ahora que esa será una conversación para dar en el futuro). Otra historia ocurre en algunas provincias, donde gobierna el peronismo y en las que ya comenzaron a aplicar su propia estrategia electoral. La Pampa, por ejemplo, será la primera en votar el año próximo, separada de las nacionales.

Por su parte, Alberto parece hacer una lectura alineada con sus socios del Frente de Todos. Desde Pilar y también acompañado por el intendente Achával, sostuvo el último viernes al encabezar el acto de finalización de 30 Centros de Desarrollo Infantil: “Ya recuperamos un millón trescientos mil puestos de trabajo y seguimos trabajando para que haya más empleo, para que la producción crezca, para que la riqueza se distribuya mejor y para que a nadie le falta la ayuda necesaria”.

El presidente destaca en esa frase el crecimiento del empleo y reconoce la necesidad de una mejor distribución. Además, pondera el rol del Estado al elegir esa actividad en Pilar como la única a la que concurrió durante la semana (con indicación médica de regreso paulatino a su agenda oficial luego del episodio de salud que sufrió en la ciudad de Bali, en el marco de la Cumbre del G20). De hecho, además de los 30 Centros finalizados, hay 256 que el Ministerio de Obra Pública, que conduce Gabriel Katopodis, tiene en ejecución, 106 a iniciar y 108 en proyecto. De ese total, 14 se ubican en la provincia de Chaco, 9 en Buenos Aires, 3 en San Luis, 2 en Entre Ríos, 1 en Formosa, y 1 en Jujuy.

Al unísono, el ministro de Economía se encarga de explicar en diferentes entrevistas su plan para frenar los precios. “El objetivo es bajar cada 60 o 75 días un punto de inflación. De alguna manera arrancamos en 7,5, el segundo bimestre los estacionamos en 6,2% en septiembre y 6,3% en octubre y aspiramos a seguir un sendero de reducción. Debemos llegar a abril de 2023 con el número 3 adelante. Por eso planteamos un presupuesto en el que la meta que impusimos de 60% anual, que algunos dicen imposible de lograr, se pueda lograr”, describió en diálogo con radio Futurock unos días atrás.

El sendero se trazó en paralelo con la llegada al Ministerio de Trabajo de Raquel “Kelly” Olmos. En el Gobierno, apuestan a que las revisiones paritarias selladas en las últimas semanas con porcentajes que rondan un 30% a lo largo del verano, sirvan para comenzar a configurar una mejora del poder adquisitivo, teniendo como norte que la inflación entre definitivamente en tiempo de descuento. En la coalición peronista parecen haberse convencido de que: la suerte del Frente de Todos va atada a la de los trabajadores.

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