“También queremos expresar nuestro repudio a la orden judicial dictada para que un profesional indique y administre ambas prácticas, en contra de su conocimiento científico y juicio médico”, agregó.
Además, pidieron a “las autoridades competentes (ministerios de Salud, secretarías de Salud, colegios o consejos de médicos, instituciones judiciales)” que arbitren las medidas necesarias para dar “seguridad profesional y garantía jurídica a los profesionales”, de modo que “puedan actuar con la libertad que otorga la medicina basada en la evidencia científica, y para que se frene la judicialización de la medicina, sin razones coherentes, como lamentablemente, está sucediendo últimamente”.
Por su parte, la Sociedad Argentina de Medicina (SAM) se manifestó en respaldo a “los comunicados de Anmat y de la OPS respecto a no recomendar tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados en pacientes con sospecha o diagnóstico de Covid 19 ni en ningún otro caso”, dado que “no hay evidencia” de su efectividad como tratamiento “y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”.
En tanto, la Asociación Toxicológica Argentina (ATA) reiteró su recomendación de “no utilizar productos a base de dióxido de cloro” ya sea en pacientes con sospecha o diagnóstico de Covid-19 como en cualquier otra enfermedad, “atento a no existir evidencias sobre su eficacia y porque estos productos pueden ocasionar graves efectos adversos sobre la salud de las personas que se pueden ver expuestas a estas sustancias químicas, tras la búsqueda desesperada de una cura milagrosa”.
Por último, 45 sociedades científicas reunidas en el “Foro de Sociedades Científicas Argentinas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades”, emitieron un comunicado conjunto para expresar “suma preocupación” por “la injerencia del poder judicial en un tema médico-científico con implicancia en la salud pública” y para “repudiar el accionar de aquellos profesionales de la salud que alientan estas medidas y no miden el daño de sus actos”.
El 7 de enero un fallo del juez federal Javier Pico Terrero admitió como válida la medida cautelar presentada contra el sanatorio Otamendi y Miroli con la que se define que se “administre el uso del ibuprofenato de sodio, a través de nebulizaciones y de dióxido de cloro mediante vía intravenosa” a un paciente en grave estado de salud por coronavirus que “no había respondido a los tratamientos convencionales con oxígeno”, y que finalmente falleció este lunes.
El abogado de los familiares del fallecido, Martín Sarubbi, anunció que demandará al centro asistencial por los presuntos delitos de homicidio culposo y desobediencia, y señaló que el tratamiento con dióxido de cloro fue aplicado por el médico neurocirujano Dante Converti.
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