La Corte Suprema de Justicia convocará, durante el primer semestre del año, a cuatro audiencias públicas para debatir diferentes causas sensibles y de alto impacto social, como las relativas al cannabis medicinal o los corredores inmobiliarios. También figuran en agenda el derecho al olvido en Internet y un tema de medioambiente como el conflicto entre la conservación del yaguareté.
La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti en el primer acuerdo de ministros de 2022.
La puesta en marcha con la agenda judicial se da luego de la marcha convocada por un sector del oficialismo en la que se reclamaba la renuncia de los magistrados de la Corte y antes de otra manifestación menor a favor del máximo tribunal, que se realizó el jueves.
Se tratará el cuestionamiento a la constitucionalidad de la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales (exigencia prevista en el artículo 7 de la Ley 27.350 – de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados). Asimismo, se cuestiona la prohibición del autocultivo para consumo medicinal para menores de edad.
Derecho al olvido
Tomando en consideración los artículos 14 (en lo que refiere a libertad de expresión) y 19 (intimidad) de la Constitución Nacional, se analizará el pedido de bloqueo de información disponible en Internet, en URLs específicas, que aludan a la privacidad de los recurrentes por hechos del pasado.
En el marco de lo previsto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, se plantea la necesidad de resolver un pedido tendiente a la preservación del hábitat de especies en peligro de extinción, junto con la suspensión de la explotación productiva en la zona involucrada.
Temas inmobiliarios
Se analizarán los conflictos sistémicos suscitados entre los colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria, respecto a los alcances de la actividad profesional en cuestión.
La de corredor inmobiliario es una profesión regulada tanto por la Nación como por las provincias y, a su vez, los mencionados conflictos afectan a toda la categoría de profesionales. Se suma a ello que ya han recibido soluciones de diferente tenor en distintas jurisdicciones.
Según informó el Máximo Tribunal, las causas específicas que se tratarán en las respectivas audiencias públicas y sus fechas de realización se darán a conocer oportunamente y con la debida antelación. Luego de su realización, los jueces estarán en condiciones de dictaminar.
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