La medida fue establecida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Resolución General 34/20 de la Inspección General de Justicia (IGJ), y abarca a entidades de la Ciudad de Buenos Aires.
La norma dispuso que “las entidades civiles y sociedades comerciales deberán respetar la misma cantidad de mujeres y hombres en la composición de sus órganos de administración y fiscalización” y aclaró que “en caso de que fuese impar la cantidad de miembros a cubrir, deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de miembros femeninos”.
“Además, deberán dar cuenta de la política de género aplicada que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres”, añadió en un comunicado el Ministerio de Justicia que conduce Marcela Losardo.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó que “a través de esta Resolución se va a garantizar que los espacios de toma de decisión de las asociaciones y sociedades mencionadas sean compartidos por las mujeres y los varones“.
“Creemos que tal como lo fue la ley de paridad en cargos políticos y la ley de cupo sindical, este tipo de normativas colaboran con la consolidación de una sociedad más justa y más igualitaria”, añadió Gómez Alcorta en un comunicado.
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