POR VIOLACIÓN A LA LEY 24.076

Denunciaron penalmente a Aranguren y al ex directorio de ENARGAS

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal, denunció penalmente al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público. También apuntó contra el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, Marcos Porteau, y a ex directivos de ENARGAS.

Por La Opinión Austral


El interventor en el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, presentó una denuncia penal contra el ex ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, y otros funcionarios de la gestión durante el gobierno de Mauricio Macri, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

En el documento, detalla que la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público “se basa en la decisión intencional de violar la ley 24.076, regulatoria del gas, a fin de asegurarles a las empresas una ganancia ilegal en dólares por el término de dos años, ganancia que pagarían los usuarios en sus tarifas”.

 

 Federico Bernal, interventor de ENARGAS.
Federico Bernal, interventor de ENARGAS.

La denuncia recae tanto sobre Juan José Aranguren como en Mauricio Ezequiel Roitman, ex presidente del directorio del Enargas; Daniel Alberto Perrone, ex vicepresidente del directorio del Enargas; y Diego Guichon, ex director de Enargas.

También comprende a Marcos Pourteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería; Carlos Casares ex director de Enargas; Griselda Lambertini, ex directora de Enargas; y Marcela Paula Valdez ex gerenta de Legales de Enargas.

“Los ex directores del Enargas incumplieron intencionalmente y con el mismo fin, sus obligaciones específicas como integrantes del ente regulador que también le impone la ley citada”, destaca el texto en referencia a la ley 24.076.

En tanto, en la denuncia se solicita la fijación de una medida cautelar preventiva sobre el patrimonio de los denunciados de acuerdo al perjuicio económico sobre el fisco y los usuarios del servicio público de gas por redes que asciende, según detalla el documento, a 561 millones de dólares

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