Cerca de 3000 marineros de todo el país esperaban definiciones tras el tercer encuentro de conciliación obligatoria que había arrojado resultados positivos para los trabajadores tras conocerse la resolución oficial que obligaba a las empresas congeladoras a llevar sus barcos a zona de pesca.

 

 

 

De la negociación participaron, por la parte empresaria CAPECA, que es la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina y la CAPIP, Cámara Argentina Patagónica de Industria Pesquera; y el SOMU, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, como representantes de los trabajadores del sector, además de los funcionarios nacionales Carlos Liberman y Gustavo Mariani, entre otros, abocados para acercar posiciones entre ambos sectores.

El acta firmada por las partes convino una recomposición salarial para los marineros del periodo 2020/2021, así como “compensaciones por producción” para los mismos y una suma, de carácter extraordinaria para los trabajadores de buques merluceros.

Claudio Moroni, ministro de Trabajo de la Nación

Luego de presenciar el arribo a una solución del conflicto, el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni, subrayó que “no existe una vía de resolución de diferencias en el ámbito laboral que sea mejor o más efectiva que esta: una mesa de diálogo con las partes y un Estado que garantice, no solamente el cumplimiento de leyes y derechos, sino que persiga de manera permanente la constitución de un clima de paz social que propicie el desarrollo de toda la sociedad”.

Por su parte, su par de Agricultura, Luis Basterra, expresó que “siento orgullo del sistema productivo que tenemos y del sistema normativo que tenemos, porque en otro lugares se resuelve de otra forma, acá se resolvió en una mesa de análisis, de debate y de consenso, donde en un escenario complejo las partes alcanzan un acuerdo que permiten que la actividad se siga llevando adelante.”

 

 

De esta manera, y luego de las exposiciones y negociaciones de todos los actores involucrados, la actividad pesquera se encuentra garantizada de aquí en más, salvaguardando tanto el respeto de las condiciones laborales como la rentabilidad empresaria, con el apoyo y articulación de las instituciones del Estado.

 

El conflicto

La huelga por parte de los trabajadores del SOMU fue declarada el 6 de julio al denunciar que “las patronales pretendían abonar un 40 por ciento menos de lo acordado en paritarias, y las tres cámaras fundamentaban que por la pandemia de coronavirus es imposible sostener los precios de referencia en un mercado en retroceso”.

La protesta afectó a la flota de altura tangonera y ocasionó millones de dólares en pérdidas en plena campaña de captura del langostino, la principal especie del sur del país.

Asimismo, el gremio de marineros también bloqueó plantas y muelles portuarios en varios distritos nacionales.

El 14 de julio, el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que fue acatada por los trabajadores, mientras proseguían las negociaciones en la cartera agropecuaria.

De las negociaciones participaron, por la parte empresaria, la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y la Cámara Argentina Patagónica de Industria Pesquera (Capip). Además de Moroni y Basterra, también participaron los funcionarios nacionales Carlos Liberman y Gustavo Mariani, entre otros, abocados para acercar posiciones entre ambos sectores.

 

Articulación y buena voluntad

En ese marco, el subsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Liberman, destacó que “para la resolución de este conflicto articulamos muy bien desde el Estado junto con el Ministerio de Trabajo, el SOMU y las cámaras del sector“.

Sostuvo que “la pandemia puso al negocio en un lugar extremadamente difícil pero los tres actores que conformaron la mesa de negociación fueron conscientes de privilegiar el camino productivo, lo que hizo que el acuerdo llegara a buen fin gracias al esfuerzo y la buena voluntad de cada una de las partes.”

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