Declararon ante la Justicia

Funcionarios, técnicos de carrera, le dieron la razón a Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la obra pública

Ya van 3 testigos al hilo que hablaron ante el Tribunal Oral Federal N° 2 y echaron por tierra las acusaciones en contra de la ex presidenta de la Nación, acusada de "cartelizar la obra publica" en favor de Lázaro Báez y aumentar los montos de los contratos de forma indiscriminada. Ninguno de ellos puede ser señalado por simpatizar políticamente por la actual vicepresidenta. Son funcionarios de carrera que siguieron de cerca todos los pasos.

Por La Opinión Austral


La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sumó este martes otra audiencia favorable en el juicio oral que se le sigue por presunto direccionamiento de la obra pública.

En esta jornada declararon Luis Clemente Rajuán y Analía Iris Sánchez Zolezzi, ambos funcionarios técnicos de carrera que se desempeñan en la Oficina Nacional de Presupuesto desde hace más de una década. Según explicaron fuentes judiciales, los testigos desbarataron la acusación armada en contra de Cristina Fernández de Kirchner.

Concretamente señalaron que no hubo irregularidad alguna en la confección de las leyes de presupuesto votadas por el Congreso de la Nación durante el período 2003-2015, que autorizaron la realización de cada una de las cincuenta y una obras investigadas en este juicio.

Se trata de la tercera audiencia desde que el debate se reanudó de manera semipresencial tras haber estado suspendido desde marzo, a raíz de la pandemia de coronavirus.

Rajuán afirmó, además, que el Congreso de la Nación aprobó en tiempo y forma las cuentas de inversión correspondientes a todos los períodos investigados, en las cuales se informaba en forma particular la manera como habían sido ejecutadas todas estas obras. Finalmente, corroborando lo que las defensas habían explicado, el Licenciado Rajuán también descartó que se hubiesen presentado circunstancias anormales en las reasignaciones de partidas que se llevaron a cabo una vez que los presupuestos eran aprobados y explicó que era normal que la ejecución de las obras se delegara a través de convenios a cada una de las provincias, las cuales pasaban a ser los organismos responsables de su control.

Por último, destacó que la Constitución establece que el reparto de las obras corresponde a la órbita de la Jefatura de Gabinete nacional, y no a la Presidencia.

Según su currículum online, Luis Clemente Rajuán trabaja en el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas desde enero de 1989, es decir hace más de 31 años. En tanto que Analía Iris Sánchez Zolezzi ejerce dentro del Ministerio de Hacienda de la Nación desde hace 22 años.

Se suman voces

El testimonio de Rajuán coincide con lo declarado el lunes por parte de Raúl Rigo, uno de los más respetados técnicos especialistas que tiene la Argentina en materia de cuentas públicas.

Rigo, quien fuera subsecretario de Presupuesto durante buena parte del kirchnerismo, declaró este lunes en la causa que investiga la presunta cartelización de la obra pública en Santa Cruz y aseguró que todas las obras investigadas fueron informadas al Congreso en cada una de las presentaciones de la ley de Presupuesto.

Raúl Rigo fue asesor de Hernán Lacunza, ministro de Economía de María Eugenia Vidal

Rigo es uno de los máximos técnicos especialistas que tiene la Argentina en materia de cuentas públicas. Entre 2002 y 2017 se desempeñó como subsecretario de Presupuesto hasta que pasó a ser asesor de Gestión Financiera en el Ministerio de Economía bonaerense a cargo de Hernán Lacunza.

En su declaración como testigo explicó, además, que los decretos de necesidad de urgencia que reasignaban partidas establecidas en el Presupuesto siempre tenían carácter general y no, como falsamente pretendió afirmarse, que iban dirigidos específicamente a obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz.

Finalmente, también dejó en claro que las transferencias de recursos efectuadas por el gobierno federal se realizaron en forma equitativa en favor de las distintas jurisdicciones provinciales, echando por tierra las supuestas preferencias indebidas respecto de la jurisdicción de Santa Cruz

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