Entre otras disposiciones, el artículo 7 del DNU 1053 estableció que el Estado nacional asumía “el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio”.

Un año más tarde, el 14 de noviembre de 2019, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) emitió la resolución 735, en la cual determinó que el Estado debía abonar $24.524.715.128,43 a las prestadoras por las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) mensualmente entre el valor del gas comprado y el incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019.

Ese DNU fue el camino que eligió Mauricio Macri para amortiguar los efectos del escándalo que desató el acuerdo alcanzado por el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y las gasíferas para dolarizar las tarifas del gas, a principios de 2018.
Es, justamente esa, la razón por la que, a fines de junio de este año, el interventor del ENARGAS, Federico Bernal, denunció penalmente al ex ministro Aranguren, quien ya fue imputado en la causa.
Tras la media sanción de este jueves en el Senado, la derogación de ese decreto de necesidad y urgencia aguarda por la ratificación de la Cámara de Diputados. De esa manera, el Estado se ahorrará $ 23.700 millones.

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