El decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, garantiza que un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos del Estado deban ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero.
“Existe en nuestra sociedad un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a las personas travestis, transexuales y transgénero a una cadena de exclusiones y discriminación que muchas veces se inicia en la niñez”, afirmó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Por eso, sostuvo que “desde el Estado tenemos la obligación de generar las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades” y entendió que “el cupo laboral trans es un paso importante en ese camino”.

Para implementar la medida, se creará una Unidad de Coordinación Interministerial que estará a cargo del ministerio que conduce Gómez Alcorta y que será integrada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación de la Jefatura de Gabinete; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio de Educación, que buscará garantizar el cumplimiento efectivo del ingreso y permanencia en los trabajos de este sector de la población.

En este contexto, la funcionaria recordó que “las personas travestis, transexuales y transgénero históricamente fueron criminalizadas por códigos contravencionales y de faltas, y siguen en muchos casos siendo víctimas de violencia institucional por lo que la responsabilidad del Estado es ineludible“.

“A esto hay que sumar la expulsión histórica en los ámbitos educativos, la dificultad en la obtención de trabajos formales y estables. Por eso, esta normativa además de garantizar un piso mínimo de empleos para la población travesti trans, atiende particularmente esta cadena de exclusiones”, explicó.

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