“Siempre pensé que mi hijo se recibiría y yo estaría viendo cómo defendía a la gente, pero jamás presenciando el juicio del asesinato de mi hijo”, comenzó diciendo Graciela Sosa, luego de que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores diera lugar a unas palabras antes de los alegatos de la defensa.

Enfrente estaban Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), los ocho rugbiers imputados por el brutal crimen de Fernando Báez Sosa, el 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en la ciudad balnearia de Villa Gesell.

“Nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi reiteradas y miles de veces. Me costó horrores ver la forma en cómo asesinaron a mis hijos. Nunca podré olvidar cómo imploraba piedad y le respondían con patadas. Tenía la sensación de tirarme sobre él para que las patadas peguen sobre mí”, dijo la mamá de Fernando, sobre las imágenes que lo mostraban tirado en el piso, mientras lo asesinaban a golpes.

Graciela recordó que, antes de que su hijo viaje a la ciudad de la Costa Atlántica, donde fue asesinado, le había dicho: “Cuidate mucho Fer, cuando hay pelea, tratá de huir y él me decía no creo en la maldad”; y exclamó: “¡Quiero que paguen lo que hicieron, quiero justicia!”.

Luego debió iniciar su alegato el abogado Hugo Tomei, cuya estrategia esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de una pelea, por lo que sus lineamientos podrían apuntar hacia un “homicidio en riña o agresión”, que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 y 6 años de prisión.

Más tarde será el momento de las réplicas a cargo de los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila y de los abogados del particular damnificado, Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola.

Sobre el final de la jornada, se les otorgará el derecho a sus “últimas palabras” a los imputados. Las denominadas “últimas palabras” son una garantía prevista en el artículo 368 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece que, como último acto, el presidente o la presidenta del tribunal “preguntará a la persona imputada, bajo sanción de nulidad, si tiene algo que manifestar” y luego “cerrará el debate”.

 

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