La Justicia federal dictó una medida cautelar para suspender temporalmente la firma entre YPF y la compañía naviera Horamar, a la que en septiembre del año pasado se le adjudicó un contrato de u$s67 millones por parte de la empresa estatal.
El juez federal Sebastián Ramos falló a favor del sindicato SuPeh Flota petrolera, que representa a los operarios que trabajan en las embarcaciones contratadas de YPF, hasta que no se determine si directivos de la petrolera no incurrieron en prácticas ilegales e irregulares al momento de cerrar esa licitación durante la administración de Cambiemos.
En su fallo, Ramos asimila las responsabilidades de los directivos de YPF a las de un funcionario público. De acuerdo al juez, aunque se trata de una sociedad anónima (pero de dueños estatales), la asimila a una empresa estatal. En consecuencia, sus directivos podrían tener las responsabilidades legales de cualquier funcionario público, indicó el portal Ámbito.
La investigación gira en torno a si los ejecutivos de YPF y funcionarios de anterior gestión cometieron el delito de “incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y de “defraudación contra la Administración Pública”.
Mientras se esclarezca la situación, el titular del juzgado federal Criminal y Correccional Nº2 impidió que YPF y Horamar sigan adelante con la ejecución del contrato. Por tal motivo, Horamar deberá frenar la construcción de seis barcazas y tres remolcadores que está fabricando en astilleros radicados en Paraguay.
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