En junio, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, denunció penalmente al ex ministro de Energía del macrismo Juan José Aranguren por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles” en relación a los contratos que fijaron el precio del gas en 2018. La denuncia recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.

A través de un comunicado, el ente había explicado que ante la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la Ley 24.076 (Ley del Gas), y normas reglamentarias y complementarias, “en 2018 se debía volver a la desregulación del precio del gas, es decir, la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras. El Enargas, en lugar de proteger a los usuarios y las usuarias y rechazar el acuerdo de ‘las referidas bases y condiciones’, lo avaló y efectuó el traslado de los precios a tarifas en abril del 2018“.

En ese contexto, el fiscal Guillermo Marijuán imputó al ex ministro del gobierno de Mauricio Macri, Aranguren, a instancias de un “presunto desvío funcional, persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo”, según consirnó el protal Infobae.

Además, fueron imputados Mauricio Ezequiel Roitman, ex presidente del ENARGAS; Daniel Alberto Perrone, Carlos Alberto María Casares, Griselda Lambertini y Diego Fernando Guichón, ex directores del ENARGAS; Marcos Pourteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Marcela Paula Valdez, ex gerenta de Legales del ENARGAS.

Según había indicado el ente regulador de gas en su denuncia, “en octubre de 2018, al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, se pretendió, mediante las famosas 24 cuotas que impulsó el otrora secretario de Gobierno de Energía, Javier Iguacel, que la variación del valor de cambio fuera absorbida por los usuarios en cuotas en sus facturas, lo que mereció el repudio generalizado y hasta la promoción de denuncias penales”.

En ese sentido, el fiscal explicó que “las propias distribuidoras al momento de exponer sus pretensiones de traslado de diferencias habían propuesto para su recupero un plan de 24 cuotas y el ENARGAS había promovido el traslado al usuario de la variación cambiaria pagadera en 24 cuotas, incumpliendo las obligaciones legales del Ente”.

De esa forma, el gobierno de Mauricio Macri habría asumido mediante el decreto 1053/2018 “el pago de $ 24.524.715.128,43 correspondientes a las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor de gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregado en ese mismo período”.

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