EL PRESIDENTE LA TIENE EN SUS MANOS

La ley de hidrocarburos puede ser prontamente enviada al Congreso para su tratamiento

El proyecto de ley para promover las inversiones en el sector de los hidrocarburos de la Argentina ya está a la firma del presidente Alberto Fernández. Una vez que quede rubricada, se enviará al Congreso de la Nación para su discusión entre todos los bloques.

Por Sebastián Premici


La iniciativa fue elaborada por los técnicos de YPF junto a funcionarios de la Secretaría de Energía y acordada con las operadoras. Una vez que Estado y empresarios se pusieron mínimamente de acuerdo, fue explicada a sindicatos, empresarios proveedores y las provincias productoras.

Qué dice el proyecto

El texto se sostiene en las leyes ya vigentes del sector, la 17.319, que faculta al Poder Ejecutivo a fijar la política nacional de las actividades de explotación, industrialización, transporte, comercialización y exportaciones de hidrocarburos. Y la 26.741 que fija los objetivos del autoabastecimiento.

Tal como había adelantado entre semana La Opinión Austral, el nuevo marco de promoción de inversiones incentivará tanto los recursos convencionales que se ubican en las Cuencas del Golfo San Jorge y Austral, como los no convencionales de Vaca Muerta. Y la manera de generar esos incentivos será a partir de garantizarle a las operadoras exportaciones en firme en caso de aumentar la producción sumado a un porcentaje de libre disponibilidad de divisas, además de un esquema de estabilidad fiscal por 20 años, donde no se podrán modificar los beneficios impositivos vinculados a la ley ni crear nuevos impuestos asociados al sector.

Como todo tiene que ver con todo, la norma está vinculada a la necesidad de generar dólares vía exportaciones para lograr un crecimiento sostenido en el tiempo y robustecer las reservas del Banco Central. La misma ecuación que le fue presentada al Fondo Monetario Internacional (FMI) como garantía de repago de la deuda heredada de la gestión Cambiemos.

Más rápido, ¿mejor?

Desde el Ministerio de Economía de la Nación, que conduce el funcionario Martín Guzmán, y bajo el cual funciona la cartera de Energía, sostienen que los recursos no convencionales de crudo y gas son una oportunidad de desarrollo pero ponen en evidencia restricciones para su explotación, tratamiento, transporte, industrialización, comercialización y exportación.

Una de esas restricciones tiene que ver con un límite temporal para su explotación por la inminente transición energética hacia fuentes de generación renovables. En el mundo, se habla del 2050 como la fecha límite para la descarbonización.

Con muchos menos eufemismos que el Gobierno Nacional, una idea similar ya había sido esbozada por el gerente de Operaciones de Shell, Sebastián Regis, durante un evento realizado por el Diario Río Negro: “En Vaca Muerta tenemos una ventana que puede tener 10 años, no más. El gas será la energía de transición a energías renovables”.

Esto quiere decir que habrá que exprimir la Vaca (Muerta) lo más rápido posible. Pero también existe otro dato. Para hacer rentables los recursos no convencionales, se necesita inyectar recursos de manera continua. Y si bien las empresas están invirtiendo, quien garantiza que el negocio valga la pena es el Estado Nacional, a través del Plan GasAR.

Es decir, cuando los subsidios van directamente a las operadoras petroleras, éstos son buena palabra. Si son para sostener tarifas, todo lo contrario.

En julio, se produjeron 64.9 millones de metros cúbicos de gas no convencional por día, un incremento interanual de la producción del 17,3 por ciento.

La nueva ley institucionalizará el Plan GasAr. El objetivo será, a medida que las operadoras desembolsen sus planes de inversión, alcanzar una sustitución de importaciones cercana a los .500 millones de dólares.

De las reservas de gas natural a 2019, el 91 por ciento del total corresponden a la Cuenca Austral (Santa Cruz) y a la Cuenca Neuquina, mientras que las reservas de petróleo con mayor probabilidad de producción son la Cuenca del Golfo San Jorge que comparten Chubut y Santa Cruz (56 por ciento) y en la Cuenca Neuquina (39 por ciento).

Si no existe viabilidad económica de la explotación, por ser su producción antieconómica o por falta de mercado o de infraestructura, las reservas pasan a considerarse como recursos. Estos alcanzan en la Cuenca Neuquina el 65 por ciento.

Beneficios

La norma beneficiará tanto a las producciones en cuencas maduras y convencionales, como las de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut o Mendoza y a las no convencionales. Dentro del régimen general, las empresas que incrementen su producción tendrán la posibilidad de acceder a un aumento de exportaciones en firme (de un 20 a un 50 por ciento más) y sobre la base de esas ventas incrementales, podrán quedarse con la mitad de los dólares generados.

Este fue, quizás, el principal y más fuerte requisito planteado por las operadoras para darle su aval a la iniciativa. Había que “endulzar” a las compañías. Ese fue el mensaje que dejaron entrever desde el Ministerio de Economía. Como no existe una avidez por invertir, había que buscar la manera de seducir al capital.

“Como país tenemos que competir con otros para traer esta inversión de riesgo y ser más sexies que otros países. Si no tratamos bien al capital, el capital no viene”, sostuvo Sergio Giorgi director de Estrategia y Nuevos Negocios de Total Energies durante el evento de CEOs organizado por el Diario Río Negro.

Además de los beneficios generales por aumentar la producción, habrá un régimen para proyectos especiales, con características de acceso diferenciadas por tipo de cuenca:

Para los proyectos de exploración convencionales, costa afuera o con recuperación secundaria y terciaria, se demandará una inversión de 100 millones de dólares en cuatro años.

En el caso de la exploración sísmica convencional, las inversiones requeridas son de 6 millones de dólares en tres años.

Para la refinación e industrialización en origen, 10 millones de dólares en tres años.

Para la producción no convencional, los proyectos demandarán inversiones (base) de 400 millones de dólares por año, y continuadas durante un lustro.

Para industrialización, separación, fraccionamiento, tratamiento, almacenaje, transporte y/o refinación de HC y derivados, se demandará una inversión de 300 millones en cinco años. Por otro lado, los grandes proyectos de infraestructura como la construcción del gasoducto que conecte Vaca Muerta con Buenos Aires podrían acceder a los beneficios de la ley con inversiones base de 1200 millones de dólares.

También habrá dos incentivos puntuales para consolidar una agenda de igualdad de género: se financiarán becas completas y habrá reducción de contribuciones patronales para las empresas que contraten trabajadores. Ese fondo será gestionado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Proveedores locales

También como había adelantado por La Opinión Austral, la norma incluirá un régimen de promoción del Empleo, el Trabajo, y del Desarrollo de Proveedores Regionales y Nacionales de la Industria Hidrocarburífera.

Para desarrollar este objetivo, habrá dos instrumentos:

Los beneficiarios deberán presentar un plan de desarrollo de proveedores regionales y nacionales asociado a los planes de acción para la ejecución de las actividades promovidas, con el objetivo de alcanzar determinados coeficientes de integración regional y nacional.

Los beneficiarios tendrán que adoptar un esquema de contratación que prefiera las ofertas de bienes y servicios de origen regional y nacional.

 

Divisas para el FMI

“Para sostener el crecimiento en el largo plazo necesitamos multiplicar los dólares porque el crecimiento del país está supeditado a la cantidad de divisas”, así enmarcaron desde Economía la presentación de esta ley que llegará al Congreso en los próximos días.

Es la misma línea que viene sosteniendo el ministro Martín Guzmán, “crecer para distribuir” (¿una nueva lectura sobre la teoría del derrame?) en contraposición con la posibilidad de “distribuir para crecer” como otra opción dentro del amplio mundo de la heterodoxia económica.

Esta ley fue anunciada por Fernández en las dos asambleas legislativas de las que participó. No es un proyecto ideado por el FMI pero sí le hace un guiño ya que el objetivo central será aumentar las exportaciones para robustecer las reservas del Banco Central.

Hace dos semanas, el secretario de Política Económica de nuestro país, Fernando Morra, viajó a Washington junto al subdirector general de Investigación Económica del Banco Central, Germán Feldman, para mostrarle a los técnicos del FMI las proyecciones de crecimiento que permitirían sostener un acuerdo con la entidad. El sector energético fue una pieza clave en esas conversaciones.

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