La reforma judicial creará dos nuevos Juzgados en Santa Cruz

“Es hora de poner en el debate público la cuestión judicial para que podamos tener un mejor estado de derecho”, sostuvo el presidente de la Nación, rodeado de once juristas que van a fijar las pautas básicas de la nueva Justicia Federal argentina.

Alberto Fernández cumplió ayer con su palabra, cuando en la asamblea legislativa adelantó que iba a impulsar un cambio estructural en ese fuero, fuertemente cuestionado por su centralismo y el alto contenido político que se sostiene en Comodoro Py.

Proyecto

Ley de Organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias. Así se llama el proyecto que descentraliza un núcleo de poder que en los últimos años logró un protagonismo inédito y cuyos protagonistas, en su mayoría, atravesaron ya varios gobiernos, incluso previos al menemismo.

El proyecto se propone “consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los proceso con celeridad e independencia” y para eso, con el objetivo de mejorar el servicio de Justicia, va a duplicarse la cantidad de los Juzgados Federales.

“La Justicia tiene potestades singulares, por eso la Constitución establece que llegado el caso puede disponer de nuestros bienes y libertades. Semejante poder debe estar en manos de personas dignas”, dijo Alberto Fernández, recordando que, “el retorno de la democracia dio inicio al restablecimiento de las instituciones. Fue entonces cuando se juzgó ejemplarmente la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las ex juntas militares de la última dictadura”.

En 2003 “para garantizar la transparencia en la designación de los jueces de la Corte Suprema, el presidente Néstor Kirchner limitó sus facultades para proponer candidatos. De ese modo, fueron designados juristas éticamente irreprochables”, aclaró luego.

Alberto también se refirió a aquellas decisiones que tomó la hoy vicepresidenta del país, Cristina Fernández, y que “permitieron modernizar el funcionamiento judicial. Esas decisiones quedaron cristalizadas con la sanción de un nuevo Código Procesal Penal”.

Sin embargo, durante el gobierno de la alianza Cambiemos “estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho”, dijo, al hablar de “la República que todos declaman, pero algunos humillaron”.

Tal como lo hizo ante el parlamento nacional, el presidente evocó varias veces el “Nunca Más” que quebró la impunidad de los delitos de lesa humanidad con el juicio a las Juntas militares. “De una vez por todas, digamos nunca más a una Justicia utilizada para saldar discusiones políticas. Y digamos nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”, insistió.

Estuvieron en el acto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. También estuvieron la vicepresidenta de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, entre otras autoridades parlamentarias e integrantes del Consejo de la Magistratura.

Subrogancias

El proyecto oficial, que ingresará en breve al Senado de la Nación, propone reorganizar la Justicia Federal y superar la crisis de credibilidad que afecta a su funcionamiento y que en la actualidad deja que las decisiones de suma trascendencia para la vida institucional de la Argentina, caigan sobre un puñado de magistrados en Capital Federal.

Como la reforma no será de un día para el otro, el Gobierno Nacional dispone que el nuevo fuero federal penal comience a funcionar con un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas.

“Los concursos que la Magistratura realice para seleccionar los candidatos de los nuevos tribunales federales se realizarán por prueba de oposición oral y pública, y todo el procedimiento será registrado en soporte de imagen y sonido”, aclaró Alberto, único orador en la presentación de Casa Rosada.

Uno de los pasos a seguir ahora, es la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando el proceso de transferencias de competencias penales que se encuentra pendiente.

También, el tercer título de la ley propone un fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país. Este no es un dato menor, sólo por dar un ejemplo, la capital de Santa Cruz no tiene juez o jueza natural, sino que desde hace años está subrogado por el camarista comodorense Javier Leal de Ibarra.

En este sentido, el proyecto crea un nuevo Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal para Caleta Olivia, y otro idéntico en Río Gallegos. Ambos tendrán alzada en la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia.

La lógica de ampliación del número de Juzgados busca “adecuar la labor a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio” y explicó que así pretende “superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas”.

Iguales ante la ley

El presidente expresó que las reglas se endurecen para los magistrados y magistradas. Será “causa grave de mal desempeño” de sus funciones, más allá de las sanciones administrativas o penales que reciban, que los magistrados no cumplan con las reglas que dispone el proyecto de Reforma Judicial, entre las que se cuentan que “todas las personas reciban trato igualitario y que eviten valerse del cargo para defender intereses privados”.

Consejo Consultivo

“Estoy creando el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. A tal fin, recurrí a juristas de reconocimiento técnico indiscutido, con sólidos antecedentes académicos y una experiencia enorme”, anunció el presidente sobre el órgano de notables.

Se trata del titular de la Corte Suprema de Mendoza, Omar Palermo; la doctora en Derecho e investigadora del Conicet, Marisa Herrera, que es una especialista en cuestiones sobre los derechos de familia y sucesiones, pero además, una de las redactoras del Código Civil.

También es integrado por María del Carmen Battaini, titular del Poder Judicial de Tierra del Fuego y especialista en derechos humanos; el catedrático Raúl Gustavo Ferreyra y Carlos Arslanián, ex integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones que en 1985 juzgó a las Juntas Militares de la última dictadura. Arslanián, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades, estuvo al frente de la Cartera de Justicia de la Nación e integró el Consejo que formuló el proyecto de reforma del Código Penal.

La Corte en la mira.

Inés Weinberg de Roca es jueza del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires y magistrada del Tribunal de Apelaciones de la ONU y fue integrante del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Además, participan del Consejo Hilda Kogan, ministra de la Corte bonaerense la primera mujer en ocupar el cargo-, y el jurista de fama internacional Enrique Bacigalupo, cuya presencia fue destacada por el presidente durante su discurso. Bacigalupo fue magistrado en España, desarrolló una amplia y reconocida carrera académica en Alemania, y tiene doctorados en varias universidades de Europa y Latinoamérica.

Claudia Betriz Sbdar, titular de la Corte Suprema de Tucumán; Carlos Beraldi, asesor del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo y catedrático de Derecho, y Andrés Gil Domínguez, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, completan este Consejo.

“Quisiera que las recomendaciones que me brinde el Consejo Consultivo sean parte del debate que estamos abriendo, y se conviertan en las piedras basales de un nuevo sistema judicial que la sociedad está demandando desde hace tiempo” dijo luego el presidente, que dedicó “más de 30 años de mi vida a estudiar y a enseñar el Derecho”, por eso “estoy convencido de que la institucionalidad en la democracia moderna es una condición necesaria para el desarrollo”.

El proyecto implementa el sistema acusatorio, que ya fue aprobado en el Congreso y que otorga la dirección de los procesos penales a las Fiscalías, y da a los jueces el papel de garantes del mismo. esto será analizado en los aportes que haga el grupo de seis expertos y cinco expertas, al igual que las cuestiones como la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, entre otros.

La ex asesora de Santa Cruz en asuntos relativos a la Corte Suprema, Graciana Peñafort, actual directora de Asuntos Jurídicos del Senado, definió el anuncio como “correcto en líneas generales”, y remarcó que el presidente enunció cuáles son las cosas “más cuestionadas”, como “las prácticas de conflicto de competencias del fuero Civil y Comercial y Federal con el Contencioso Administrativo Federal”.

Además, opinó que el mandatario hizo una “muy correcta revisión histórica”, con un “duro análisis de lo que fue la Justicia durante el Gobierno de Mauricio Macri”, y remarcó la “certeza de que jueces actúan condicionados por el poder político, pero también por el poder mediático y económico”.

La oposición

Esta semana trascendió que la oposición, o mejor dicho, el núcleo duro de Cambiemos, Mauricio Macri y Patricia Bullrich buscan un rechazo total de la reforma judicial. Tras un encuentro virtual entre los principales referentes del espacio opositor, del que participaron el ex presidente, el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, resolvieron rechazar la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema.

Sucede que fue ese el punto en el que se pudieron poner de acuerdo, ya que, sobre la reforma judicial, un sector prefirió primero estudiarla antes de manifestar una posición que la impugne.

“Oponernos a la ampliación de la Corte Suprema también implica, obviamente, oponernos a la invitación a proponer candidatos y a facilitar los dos tercios de los votos en el Senado de la Nación para su eventual integración”, advirtieron sobre una movida que bloquearía cualquier intento de nombrar nuevos jueces”, aseguraron algunas voces del PRO.