CALETA OLIVIA

Adopción con trampa: las juezas destituidas finalmente fueron citadas a indagatoria

Las tres exjuezas de Caleta Olivia deberán presentarse a declarar en la causa penal en su contra. Será en marzo, cuando se cumpla un año de haber sido expulsadas por intentar la adopción con trampa de una beba para la familia de una de ellas.

Por La Opinión Austral


Cuando se cumpla un año de haber cito destituidas en un jury sin precedentes para Santa Cruz, las tres exjuezas Malena Totino, María del Rosario Álvarez y Angélica Zari deberán sentarse ante el juez que investiga la maniobra por la que intentaron llevar adelante la adopción de una beba recién nacida en Caleta Olivia.

En las últimas horas y luego de meses de presentaciones que intentaron dilatar la causa que instruye el juez de Pico Truncado, Cimini Hernández, las magistradas fueron notificadas de la citación establecida para el próximo 30 de marzo, día en el que deberán comparecer Álvarez y Zari, en tanto que Totino lo hará al día siguiente, el 31.

En marzo de este año, el jury de enjuiciamiento destituyó a la jueza Civil de Caleta Olivia, Malena Totino, la tercera y última magistrada involucrada en el intento de entrega de una beba a favor de la jueza del Menor, Angélica Zari, cerrando así un proceso que dejó en claro que la adopción no es una salida a los problemas económicos y que no se es impune por ser juez.

El fallo se conoció el 25 de marzo, cuando a Totino se la expulsó del cargo por “desconocimiento inexcusable del derecho”, la misma figura que se aplicó a sus dos colegas.

El caso se inició el 17 de diciembre de 2018 contra la entonces jueza de Familia de Caleta Olivia, María del Rosario Álvarez, a raíz de una presentación espontánea de una joven de dieciocho años de edad y de nacionalidad boliviana que expresó que estaba embarazada de seis meses y medio y que no podía tener a su hija por motivos económicos. “Si tuviese plata o la casa más grande, sí la cuidaría”, había explicado.

Llegar a la joven no fue una casualidad. En ese mismo juzgado se tramitaba una causa por violencia doméstica iniciada contra el padre de la joven y ella no quería cargar a su madre con otro drama y otra boca que alimentar.

Al día siguiente, Álvarez inició un trámite para poner a resguardo al “niño por nacer” y se libró un oficio a la Clínica Cruz del Sur donde controlaban el embarazo, ordenando que se le avisara del parto, momento desde el cual “queda a disposición de este Juzgado”.

En una pericia psicológica a la joven embarazada, Vivian Burgi informó: “ da cuenta en la entrevista de la decisión que aún está elaborando de entregar al bebé que porta en su vientre Refiere múltiples condicionamientos que determinan dicha posición La joven evaluada se preocupa por las condiciones económicas y afectivas en que su hijo crecerá y que ella no puede garantizar ninguna de ellas ()”, se lee.

Sin embargo, lo que aparece como denominador común en todo el expediente es que ninguna de las juezas involucradas se ocupó de ordenar ninguna medida que diera intervención a organismos que pudieran acompañar y fortalecer a la mujer. Este no es un dato menor y si bien entonces no se había aprobado la Ley de los Mil días, que da acompañamiento a mujeres que eligen un aborto por razones económicas, bien pudieron haber avisado al Ministerio de Desarrollo Social para que la asistiera.

El 11 de enero de 2019, Totino subroga a la jueza Álvarez, habilitando la feria judicial para continuar el trámite. Una semana después, la joven embarazada fue derivada al hospital por considerar que llevaba adelante un embarazo de riesgo.

Por aquel entonces la directora del hospital era Patricia Zari, la hermana de la pretensa adoptante, a quien Totino le pidió que atendiera personalmente el caso.

Un dato a tener en cuenta es que el expediente tuvo carátulas como “situación”, “medida excepcional” o “amparo”, omitiendo la palabra adopción, básicamente porque el organismo de Infancia no estaba enterado.

La beba nació el 22 de febrero de 2019, pero fue recién en el mes de marzo que la coordinadora de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, Silvia Manríquez, recibió un pedido del juzgado para que entregara tres expedientes de pretensos adoptantes, entre ellos el de la recientemente inscripta Angélica Zari.

Esta situación llamó su atención, sobre todo cuando la propia Zari se comunicó con ella para preguntarle cuál era su legajo y si ese número debía dárselo a la jueza. La respuesta fue que no, que en todo caso se incorporaba a la nómina de familias que estaban en lista de espera.

Lo que la titular del Registro no sabía era qué menor estaban por dar en adopción, ya que nunca se lo habían comunicado al sistema. Así las cosas, tanto la niña por nacer como la que nació no existían más que para la madre y las tres juezas, ya que incluso 40 días después de haber nacido ni siquiera estaba inscripta en el Registro Civil. Era apenas una NN en una cama de hospital, sin indicación médica y con un rótulo sugestivo: “Malena”.

“La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de este. En esa senda, afirmó que la adopción constituye una figura subsidiaria, por lo que sólo es posible apelar a ella ante la imposibilidad de un niño, niña o adolescente de vivir con su familia de origen o ampliada, fundada en razones de gravedad y jamás en la pobreza”, explicó el fiscal del caso, Carlos Borges, que fue quien solicitó que las tres fueran citadas a indagatoria.

De hecho, el padre biológico se enteró de su existencia luego de que, como consecuencia de las dudas de la titular del Registro, el Ministerio de Desarrollo presentara una denuncia penal para anular todo. Recién entonces fue convocado al juzgado, donde de inmediato manifestó que quería estar con su hija.

La causa por el intento de adopción es instruida por el juez Cimini Hernández y el fiscal Borges.

 “Cítese a prestar declaración indagatoria para los días 30 y 31 de marzo de 2022”.

 

 


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