INCLUSIÓN DIGITAL

Internet, cable y telefonía celular, más cerca de convertirse en servicios públicos esenciales

La Comisión Bicameral ya dictaminó a favor del nuevo DNU que le otorga al Estado herramientas para legislar sobre un sector clave para la economía y la sociedad.

Por Sebastián Premici


La Comisión Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictaminó a favor del DNU que estableció como servicio público a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Internet, cable y telefonía celular). El Estado Nacional restituyó el artículo 15 de la Ley Argentina Digital que había sido derogado por Mauricio Macri como parte de su estrategia para desarmar toda la legislación vinculada a las empresas de telecomunicaciones. “Macri apostó a la autorregulación de las empresas; ahora es el Estado el que va a regular”, sostuvo a La Opinión Austral el diputado Pablo González (Santa Cruz), miembro informante del Frente de Todos. Los integrantes de Juntos por el Cambio decidieron ausentarse del debate.

La clave del DNU publicado la semana pasada, además de congelar los precios de los servicios básicos de Internet, cable y telefonía móvil, radica en que el Estado Nacional recuperó un instrumento de regulación que había sido eliminado por Macri. El artículo 15 de esta última ley era clave para evitar abusos en un sector oligopólico, estructurado con estas características a partir de las privatizaciones menemistas.

“La convergencia de tecnologías constituye parte de la naturaleza misma del desarrollo del sector, por lo cual es un deber indelegable del Estado Nacional garantizar el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los servicios TIC así como el carácter de servicio público esencial y estratégico, estableciendo no sólo las pautas para el tendido y desarrollo de la infraestructura en término de redes de telecomunicaciones sino también las condiciones de explotación de aquella”, puede leerse en el DNU.

En diciembre de 2015, Macri publicó el DNU 267/15 que derogó “parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las TICs, abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía”, continúa el texto del nuevo decreto. Con esta argumentación, queda claro por qué los integrantes de Cambiemos decidieron abstenerse de avalar la nueva norma; algunes defendieron explícitamente a las empresas del sector, donde el gran jugador es el Grupo Clarín (Cablevisión más Telecom).

El nuevo DNU establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia; pero además establece que la telefonía móvil deberá ser considerada un “servicio público”. De esta manera, el Estado Nacional podrá volver a la senda de la planificación de la extensión de la conectividad en todo el país, guiado por criterios de igualdad social y no meramente comerciales, como pretendió el macrismo.

La arquitectura jurídica de las privatizaciones menemistas más la desregulación de la telefonía (re regulación en términos de políticas públicas de comunicación) desarrollada por Henoch Aguiar (Primera Alianza, luego vicepresidente del Enacom en la era Cambiemos) dejaron al sector librado al poder hegemónico de un puñado de empresas, que históricamente se enfocaron en las áreas más rentables.

La experiencia demostró que allí donde el sector privado no llegó, fue el Estado quien amplió el alcance de las TICs. “Se observa un crecimiento mayúsculo entre 2006 y 2015, acompañando un momento mayormente expansivo de la macroeconomía. Desde 2009, Arsat desarrolló una activa política de tendido de red troncal de fibra óptica, lo que en la magnitud de este esfuerzo no tiene parangón en la región latinoamericana. ¿Es posible discernir específicamente el impacto, probablemente directo, que ha tenido la intervención de ArSat en materia del crecimiento significativo que experimentó la conectividad desde 2010 a 2015?”, analizó el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Martín Becerra.

En 2006, el porcentaje de hogares conectados a banda ancha era del 21 por ciento; para 2010 había ascendido al 34 por ciento y en 2015, un 53 por ciento. Para 2020 se ubicó en el 63 por ciento. “Otra línea de análisis es el impacto que ha tenido la implementación del Programa “Conectar Igualdad”, también a partir de 2010, que dotó de unos 5 millones de computadoras portátiles a estudiantes secundarios y docentes de todo el país hasta 2015, con el objetivo explícito de reducir las diferencias y las brechas digital y educativa. Desafortunadamente, la impronta del Programa “Conectar Igualdad” fue abandonada por el gobierno de Mauricio Macri (diciembre 2015-diciembre 2019)”, agregó Becerra.

Las telecomunicaciones son un servicio esencial (la pandemia lo ha demostrado) porque sirven para la educación, para realizar diagnósticos a distancia, para la distribución de contenidos culturales. Como tal, deberían tener los estándares de calidad congruentes con su rol social. Sin embargo, ocurre todo lo contrario.

Según la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), el rubro telecomunicaciones lidera el ranking de empresas con mayor concentración de reclamos: 24.363 denuncias entre enero y julio de este año, un 20 por ciento del total.

Las empresas que más demandas recibieron fueron: Movistar con 7.115 reclamos, Telecentro (6.987), Telecom (6.636), Direct TV (1.235), Claro (568) y Telered (203). “El 27 por ciento de los reclamos fueron por cumplimiento parcial o defectuoso de la prestación del servicio, 20 por ciento por falta de procesamiento de baja del servicio, 18 por ciento por incumplimiento total de la prestación del servicio contratado, 16 por ciento por facturación excesiva/facturación cargos no convenidos, y un 13 por ciento incumplimiento de Oferta, Promociones y/o Bonificaciones”, sostuvo el informe oficial

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