Reestructuración

Nueva fase para la deuda externa

La semana pasada se presentó la última oferta para un nuevo canje. Con el ahorro en el pago de intereses, podrían financiarse 103 millones de asignaciones IFE.

Por Sebastián Premici


La deuda externa sigue siendo el gran ariete económico a resolver por la actual administración, tanto por el peso financiero de los vencimientos en el mediano y largo plazo, la situación de virtual default como por la presión de algunos fondos de inversión que podrían convertirse en “buitres” (Blackrock). La semana pasada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó una actualización de la oferta cuyo plazo debería vencer el próximo 4 de agosto. “Se hizo una oferta, vimos que estábamos lejos de sus aspiraciones; la revisamos e hicimos el máximo esfuerzo y esta es la última; espero que la entiendan”, aseguró el presidente Alberto Fernández en declaraciones a La Patriada.

La nueva propuesta de re estructuración de bonos implica 21 títulos públicos, de los cuales 17 fueron emitidos por la administración anterior en 2016, mientras que los restantes son parte de los canjes del 2005 y 2010. El stock total a reestructurar es de 66.316 millones de dólares, de los cuales 41.548 millones corresponden a los bonos lanzados por la Alianza Cambiemos. La insustentabilidad de la deuda pública es parte de la tétrica herencia de Mauricio Macri, que la llevó al 90 por ciento del PBI, cuando en 2015 era del 57 por ciento.

Los canjes realizados por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, que habían logrado una aceptación general del 93 por ciento, sirvieron de base para que la ONU dispusiera cláusulas colectivas de aceptación para evitar el abuso de los Fondos Buitres que suelen disponer de tiempo y dinero para presionar en las cortes internacionales.

Frente a este contexto, el Gobierno de Alberto Fernández apuesta a que los bonos que nacieron con el canje de 2005-2010 (24.100 millones de dólares) puedan ser reestructurados en un 85 por ciento, mientras que los títulos de 2016 (41.700 millones de dólares) deben alcanzar una aceptación del 66 por ciento sobre el total para que el conjunto de los bonistas no tenga chance de un litigio.

La primera oferta de re estructuración planteaba una quita de intereses del 64 por ciento y un recorte de capital del 5,6 por ciento. Como en toda negociación, ese había sido el objetivo de máxima. La semana pasada, el Gobierno “ofreció” una quita de intereses del 40 por ciento y el pago de un 2,3 por ciento extra de capital como compensación del virtual default. En concreto, esto implicó una mejora para los acreedores de 7860 millones de dólares y un recorte total de 34.721 millones.

Más allá de las concesiones hacia el capital financiero, sigue registrándose un ahorro significativo en el pago de intereses, clave para lograr la sustentabilidad de toda la deuda. Sin re estructuración alguna, habría que destinar cerca del 8 por ciento del PBI al pago de intereses entre 2020 y 2023; con la nueva propuesta, el pago baja al 5,5 por ciento del PBI (2020-2027).

Una vez concluida la renegociación, el Gobierno podrá comenzar a delinear su plan económico a partir del Presupuesto 2021, incluso más allá de los efectos adversos de la pandemia. A modo de ejemplo, el ahorro de intereses del canje propuesto por Fernández Guzmán permitiría financiar 103 millones de asignaciones IFE, 61 millones de jubilaciones mínima o multiplicar por 6,5 veces el presupuesto anual para la salud, según un análisis realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.

Una de las preguntas latentes es qué pasará si una parte de los fondos de inversión no acepta la re estructuración. ¿Cuánto margen tendrán para iniciar un litigio? La semana pasada, el tribunal del Segundo Distrito de Nueva York notificó a la Argentina sobre una demanda por más de 200 millones de dólares de un grupo de bonistas que no aceptaron los canjes 2005, 2010 ni el pago en efectivo que les regaló la administración Macri. Así que el riesgo de nuevos litigios permanece.

El presidente Fernández espera según declaró- que los bonistas “entiendan” la última oferta. El capital financiero internacional al igual que el poder económico local no juega sus fichas en base a las percepciones. El caso Vicentin fue un interesante baño de realidad

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