Con sus bemoles. Con sus instrumentos perfectibles. La Ley Ovina Nacional sancionada en 2001 ha sido de gran ayuda para reflotar la producción en todo el país. En algunos casos, fue de ayuda para rodeos comerciales grandes, patagónicos, de carne y lana. En otros, se constituyó en la palanca de subsistencia o de mejoramiento para pequeños productores para los cuales las ovejas no son un negocio sino un medio de subsistencia para autoconsumo.

Semanas atrás, durante una reunión virtual, la discusión por la renovación de la Ley (que debería ser en 2021), adquirió relevancia nacional. Representantes rurales de la Mesa Ovina Nacional (MON) junto a dirigentes de la Mesa de Enlace pidieron por la renovación de la Ley Ovina como algo “imperioso”.

Ya hay un borrador que se está armando al que Santa Cruz Produce tuvo acceso. El tiempo límite es abril de 2021. Pero los hilos tienen que empezar a moverse ya. A modo de resumen de la propuesta, el coordinador de la MON, Marcos Williams Prim destacó en diálogo con SCP: “La idea es que después de 20 años, la Ley evolucione en sus objetivos, pasando de buscar la recuperación para ir por el crecimiento y la consolidación de la producción, pero también del consumo, y en esto tiene mucho que ver la promoción”.

Un poco de historia

Vale recordar que los primeros borradores de la ley se escribieron en 1999, aunque recién en 2001 se sancionó por el lapso de diez años. “De arranque se quedó corta porque tenía ciertas consideraciones pensadas para una región (Patagonia) y después con esos mismos recursos se tuvo que repartir en todo el país, encima nos agarró la devaluación del 2001/02, entonces, los 20 millones de pesos-dólares de cuando se gestó la ley en la convertibilidad, de un saque ya se quedó en un cuarto de lo que se había planificado”, recordó Williams Prim.

En 2011, como estaba planificado se hizo la renovación. “Por entonces, se reeditó por diez años más los 20 millones de dólares que eran, en ese momento, 80 millones de pesos, pero no se contemplaron actualizaciones anuales indexadas de alguna manera y se perdió desde entonces hasta ahora muchísimo valor por las devaluaciones recurrentes”, lamentó Williams Prim. Y enfatizó que para saber “si la ley ovina sirvió o sirve para algo, yo les propongo que le pregunten a los productores, pequeños, medianos y grandes, ¿qué hubiese pasado si no hubiera estado la Ley?”.

 

En 2020 la ley establece un recupero de $ 18 millones para la provincia de Santa Cruz

 

Carlos Vila Moret, es el otro coordinador de la MON (además vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina), tiene su campo en Santa Cruz, sobre el lago San Martín, a 200 kilómetros de El Calafate. Cree que la utilidad de la ley debe medirse según la región: “En Argentina hay varios sistemas productivos: desde el extensivo, como el de la Patagonia, altamente productivo y que es la que más carne de cordero y lana produce y vuelca al mercado interno y externo; o un sistema complementario en el NEA, Mesopotamia y Pampa Húmeda; pequeños emprendimientos de engorde, cordero pesado, y proveedores de restaurantes o tambos ovinos, y el NOA con productores de 60 a 80 ovejas”.

 

Entonces, ¿para qué sirve la Ley? “Todo depende del sistema productivo en el que estés, para los del NOA, donde es una ganadería de subsistencia, pero socialmente es muy importante, la oveja es fundamental para el arraigo”, aseguró Vila Moret.

“El ovino en Argentina es la actividad que más hectáreas ocupa del mundo, por eso es importante lo que se genera en divisas, pero también lo que significa para los productores que lo tienen para autoconsumo”. Esto es porque de los 125.000 productores ovinos que hay en Argentina, 90.000 tienen menos de 100 ovejas.
Williams Prim, además, apuntó en defensa de la Ley “que es mucho más que un régimen para prestar plata a los productores a tasas beneficiosas”. Y puso por ejemplo la pre-financiación de proyectos de exportación como la apertura a China y Japón. O el aporte para el proyecto de silos para el almacenamiento de granos en el Puerto de Punta Quilla. Igualmente se han traído laboratorios móviles para análisis de las lanas; además al Pro-lana y todo el sistema de información de precios del mercado lo financia la ley ovina, más la promoción del consumo de carne y capacitaciones del Inta, entre otras tantas cosas.

El borrador 2021

En abril de 2021 se termina el aporte del Tesoro Nacional y la Ley Ovina como tal. Desde la MON se está trabajando en la redacción de un borrador de lo que sería la tercera versión de la Ley, buscando una actualización en algunas cuestiones clave.

“Por ejemplo, que el monto de los aportes del Tesoro Nacional tenga una actualización anual, que no sea una suma fija en pesos que con las devaluaciones que se dan en este país en diez años quede totalmente diluida como nos pasó ahora”, apuntó Williams Prim.

La propuesta es seguir con los 20 millones de dólares (que tiene que ver con un porcentaje de la valuación producida por Argentina en lanas y carnes) que hoy serían unos 1.400 millones de pesos. Mucho más que los escuetos 220 millones que se repartirán este año (conformado por los 80 millones de pesos de aporte del Tesoro, más otros 80 millones del rendimiento de colocaciones financieras y el resto fondos recuperados y fondos no ejecutados).

 

Marcos Willams Prim destacó el valor de la Ley Ovina para los productores.

Asimismo, la propuesta es que tengan más fondos aquellas provincias que más plata ponen en la actividad ovina. Que se sumen esfuerzos provinciales con los nacionales.

En 2020, Santa Cruz tiene, entre recuperos y plata del Tesoro, 18 millones de pesos, Chubut 25 millones y Buenos Aires 35 millones. ¿Por qué Buenos Aires tiene tanto más cuando podría pensarse que en las provincias patagónicas la producción ovina es clave? “Hoy la fórmula que se usa, y que se corregiría en el nuevo proyecto, considera dos variables: la cantidad de gente que tiene ovinos y le da un 60% de ponderación y la cantidad de cabezas y le da una ponderación de 40%, como Buenos Aires tiene mucha gente con ovejas, aunque sean pocas cabezas, majadas chicas, ese 60% de ponderación por cantidad de gente es lo que permite que tengan un porcentaje mayor”, explicó Williams Prim.

 

El borrador de la nueva ley viene a corregir arbitrariedades de la actual

 

“El borrador de la nueva ley corrige estas arbitrariedades dándole especial peso y prioridad a las provincias donde la actividad ovina es la principal o única actividad productiva”, resumió Williams Prim.

Otro tema importante es el de diferenciar bien dos figuras. “Por un lado las inversiones chicas, un productor que pide 100.000 pesos para arreglar un alambre o hacer un molino, que no justifica contratar un profesional para que arme un proyecto y toda la cosa, para eso reflotamos el concepto de plan de trabajo: créditos chicos, a devolver en corto plazo, y por otro, sí, las inversiones más grandes, que requieren otros tiempos y otro control”, especificó Williams Prim.

También se propone garantizar un circuito administrativo único, porque hasta hace unos años había dos circuitos para la aprobación que terminaba tardando hasta casi dos años. Ahora se agilizan los tiempos y en 60 días puede ya estar el préstamo.

El borrador incluye también a los camélidos, porque en muchas provincias los guanacos, llamas, alpacas, vicuñas, son una actividad que está muy vinculada a los ovinos.

Por otro lado, la idea es federalizar aún más la Ley. “Se propone que el 100 por ciento del recupero de los créditos, o sea las cuotas que van pagando los productores, queden en las unidades ejecutoras provinciales, que, por otro lado, son las que aprueban los proyectos y tienen la responsabilidad de hacer el seguimiento y las intimaciones en una la primera instancia”, explicó Williams Prim.

Además, Pro-lana y la promoción de la producción y consumo de carne ovina serían financiados directamente por la Ley, no como sucede ahora que debe renovarse cada año También se prevén fondos para acciones estratégicas destinadas a conquistar nuevos mercados internacionales.

También se arma un mecanismo para recoger información productiva, pensando en nuevas tecnologías como imágenes satelitales para cuantificar pastizales naturales y la promoción de pastoreos regenerativos. Es algo que estaba al final de la ley, pero nunca se puso en funcionamiento.

Leé más notas de Juan I. Martínez Dodda