Seguridad alimentaria y las claves de la expropiación a Vicentín

“Una empresa que sirva para dar señales, que sea testigo en el mercado de los alimentos”, esa fue la definición del presidente Alberto Fernández al anunciar la intervención de Vicentín y el envío al Congreso de un proyecto de ley para su expropiación. La decisión se tomó debido al estado de quiebra de la sociedad, que pertenece a las familias Padoan, Nardelli, Buyatti y Vicentín, luego de haber recibido un préstamo millonario del Banco Nación durante la gestión de Javier González Fraga. De esta manera, el Estado Nacional apuesta a rescatar a 2.600 productores que quedaron colgados del “default” de esta sociedad. El interventor será Gabriel Delgado y la gestión quedaría a cargo de YPF Agro.
“Es la medida más importante tomada en el sector en el último medio siglo. Ahora viene lo difícil, que es que funcione en favor de la soberanía y seguridad alimentaria del país”, sostuvo a La Opinión Austral Pedro Peretti, ex director de la Federación Agraria e integrante del Grito de Alcorta.
El millonario préstamo del Banco Nación Argentina (BNA) a la agroexportadora Vicentín desnudó una “maniobra fraudulenta” por parte de la entidad que conducía González Fraga hasta el 10 de diciembre del año pasado. El préstamo que le otorgó el BNA por 18.300 millones de pesos tenía por destino “prefinanciar exportaciones”, lo que quiere decir que una vez concretadas las ventas al exterior, la empresa debía cancelar dicho pasivo. Pero no esto sucedió. No es que Vicentín no haya obtenido ganancias. Todo lo contrario. Durante todo el ciclo macrista, la empresa obtuvo ingresos más que jugosos por sus ventas al exterior.
“En el acumulado anual del período 2015-2018, mientras el total de las empresas de mayor facturación tuvo una expansión de ventas del 51,36% de promedio anual, Vicentín superó ese porcentaje ampliamente con un 83,87% de promedio anual”, sostuvo Claudio Lozano en el informe que elevó al directorio del BNA el pasado 16 de enero.
Según el balance 2018, la empresa tuvo ventas por 118.000 millones. Esto quiere decir que el préstamo del BNA equivalía solamente al 15,7 por ciento del total de sus ventas. No parece que existiera un problema de estrés financiero.
¿Para qué se utilizó ese dinero? La empresa Vicentín fue una de las principales aportantes a la campaña de Cambiemos con 13,5 millones. ¿Devolución de favores? Ese aporte “político” lo hizo a través de distintas sociedades vinculadas: Oleaginosa Moreno (clave en todo el entramado), Algodonera Avellaneda y Frigoríficos Friar SA.
El derrotero que finalizó con el anuncio de Fernández inició con los sumarios internos dentro del BNA, donde se advirtió que el cuestionado préstamo nunca tuvo la firma del directorio ni de su ex titular, González Fraga. Es decir, la conducción política evitó dejar los dedos pegados.
Por otro lado, la AFIP tiene varios juicios en contra de la compañía. Uno de ellos es por una posible sobre estimación de costos y la alteración de la base sobre la que deben calcularse los derechos de exportación. El organismo recaudador supone que la empresa incurrió en el delito de sub-declarar exportaciones para pagar menos retenciones. La mayoría de las exportadoras hizo esta jugada entre finales de 2007 y 2008, previo al conflicto por la Resolución Nº 125.
Los nombres detrás de la empresa son las familias Vicentín, Padoan, Nardelli y Buyatti. Alberto Padoan, presidente de la empresa, fue también titular de la Bolsa de Comercio de Rosario y estuvo procesado durante un tiempo en la extorsiva “Causa de los Cuadernos”.
La ahora intervenida cerealera es parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras en Uruguay, Paraguay, Brasil y España. En 2007, se asoció a Oleaginosa Moreno Hermanos SA, una compañía controlada por la suiza Glencore. Juntas armaron Renova, para la comercialización de biosiesel. En 2010 se les sumó Molinos Río de La Plata.
Vicentín representa aproximadamente el 9 por ciento del total de las ventas agropecuarias del país; entre las 16 firmas locales que forman parte del grupo están las terminales portuarias, fabricación de biodiesel, algodoneras, agrotóxicos, etc. Las vinculadas o controladas en el exterior son las siguientes: Tastil SA (Uruguay); Vicentín SAIC – Sucursal Uruguay; Vicentín Paraguay; Vicentín Brasil, y Vicentín España.
Con su quiebra, la cerealera dejó de pagarles a 2.600 productores, además puso en riesgo a 2.100 trabajadores de la industria aceitera, 1.000 puestos vinculados al sector algodonero y otros 2.050 de la planta frigorífica. Esta situación, sumada al defalco al BNA por el préstamo “redireccionado”, convirtieron en estratégica la decisión de intervenir la empresa y apostar a su expropiación, vía ley del Congreso.
Se sabe que las exportadoras les “cobran” las retenciones a los productores, es decir que los derechos de exportación que deberían pagar los grandes jugadores son financiados por quienes sólo comercializan en el mercado local. Entonces, el Estado podría comprar directamente a los productores sin descontarles las retenciones, y que sea el Estado -en este caso con la gestión de YPF Agro- quien exporte. De esta manera, se “disciplinaría” a los formadores de precios de la cadena alimenticia y a quienes suelen escamotear la liquidación de divisas. Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, fue claro: “Se buscará que la empresa sea testigo en el mercado de cambios”.