ECONOMÍA

La disputa por la coparticipación: “Son decisiones que tienen que ver con la distribución de recursos”

El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, defendió la decisión del presidente Alberto Fernández de reducir la coparticipación que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Macri la había aumentado por DNU en 2016. ¿Cómo impacta en otras provincias?

Por Sebastián Premici


Les lectores santacruceñes podrían preguntarse cuál es la relevancia de hablar sobre la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para incrementar las transferencias directas hacia la Provincia de Buenos Aires, que en las últimas horas fue asediada por una asonada de la Policía Bonaerense. La pregunta es legítima. Pero para responderla (y comprender la magnitud del conflicto), habría que hacer un poco de historia y remontarnos a 2016, cuando la administración de Mauricio Macri aumentó por DNU la coparticipación a CABA y afectó al conjunto de las provincias del país.

“Se profundizó una inequidad que nosotros venimos a reparar”, sostuvo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para retrucar las amenazas de Horacio Rodríguez Larreta quien ya anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia.

El alcalde porteño no puede argumentar asombro frente a la decisión presidencial. Ya se lo había advertido. “Hay que poner en orden las cuentas del Estado Nacional, que han quedado bastante desordenadas”. La frase la pronunció el presidente Alberto Fernández en enero de este año, luego de una reunión con Rodríguez Larreta. No eran tiempos de pandemia. Pero sí el momento de plantear un nuevo esquema de distribución de recursos que había sido manoseado por la administración de Mauricio Macri.

En ese encuentro, Fernández le había adelantado al alcalde porteño que buscaría recuperar para el Estado Nacional los puntos de Coparticipación que Macri le había “regalado” a la CABA en detrimento del conjunto de las provincias. La pandemia y la asonada de la Policía Bonaerense aceleraron ese proceso. Lxs desmemoriadxs de siempre hablarán de una supuesta arbitrariedad en el Frente de Todos. Mucho ruido y pocos argumentos. Es más lo que callan.

Frente a este contexto de incertidumbre económica, sí cabría preguntarse si los recursos que recuperará Nación no deberían redistribuirse entre todas las provincias, más allá de Buenos Aires. No hacerlo (la distribución federal de recursos) sería consumar el centralismo.

Las privilegiadas de Macri

Durante el macrismo se aumentó el volumen de los recursos coparticipables, básicamente por las sucesivas devaluaciones y la inflación, pero sólo dos jurisdicciones se llevaron más del 70 por ciento de ese incremento: CABA y la Provincia de Buenos Aires. Las perdedoras fueron las demás provincias. Por entonces, muy pocos gobernadores y gobernadoras alzaron su voz para cuestionar el centralismo fiscal de la Alianza Cambiemos. Las voces se alzaron desde el Sur del Sur del país, tal como pude documentar en el libro “La Patagonia ajustada” (Acercándonos Ediciones, 2019).

Uno de los hechos más flagrantes del látigo fiscal aplicados durante el Gobierno de Macri ocurrió con el Consenso Fiscal. El expresidente les había prometido a les gobernadores más fondos (compensaciones) y que no se eliminaría el Fondo Federal Solidario (FFS), recursos que equivalían al 30 por ciento de las retenciones a la soja coparticipados entre provincias y municipios con un fin específico: obra pública. A cambio de ese “consenso”, las provincias debían comprometerse a no contratar más empleados públicos, bajar impuestos a grandes empresas (en detrimento de pequeños comerciantes y consumidores) y alcanzar el equilibrio fiscal en sus jurisdicciones.

¿Qué hizo Cambiemos? Luego de firmar el pacto, eliminó el Fondo Federal Solidario.

“Estamos reunidos para rechazar el modelo de ajuste, discriminación, pobreza, destrucción productiva y reducción de derechos que quieren imponernos a todos los patagónicos y al resto de los argentinos; a través de un modelo neoliberal y tremendamente centralista que no escucha a la sociedad y le da la espalda a las demandas de la mayoría, sobre todo si son de la región patagónica. A partir de los recortes que busca instrumentar en las provincias el Gobierno Nacional con el Pacto Fiscal, achicando las alícuotas de los impuestos a los ingresos brutos y los sellos, se generarán mayores problemas para las cuentas de los Estados provinciales y municipales”.

Eran tiempos del Foro Patagónico, movilizado por Pablo González, por entonces vicegobernador de Santa Cruz; Darío Martínez, actual secretario de Energía, y el chubutense Santiago Igon. Ese es el país que había delineado Macri; una de sus primeras decisiones de 2016 había sido aumentarle exponencialmente la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del conjunto de la Argentina. Que la pandemia no tape la herencia recibida.

Elitismo tributario

Según un trabajo publicado por la consultora Proyecto Económico, cuya dirección está a cargo de la economista y diputada Fernanda Vallejos, en la comparación entre los períodos 2003-2015 y 2016-2019 quedaría explicitada la concepción elitista del macrismo a la hora de cobrar impuestos y distribuir recursos.

El Gobierno de Cambiemos fue incapaz de reconocer la importancia del gasto público y su rol distribuidor del ingreso, mientras que paralelamente buscaron recursos tributarios en la mayoría de la población que por su propia política son los castigados por la desocupación y expresamente eximen de pagar impuestos a los sectores de mayores ingresos, so pretexto de que ello favorecería la inversión, sin comprender que la inversión está atada al crecimiento del producto” (Proyecto Económico, 2019).

En el caso de la Ley 27.430 de Reforma Tributaria, promulgada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017, se contrajo la presión tributaria a grandes empresas, se desfinanció el sistema de seguridad social, se eliminaron ciertas promociones sectoriales y regionales y como contrapartida, se incrementó la presión fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y las personas físicas.

De los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se podrá decir que también manejaron recursos a discreción, tal cual lo permite -e incluso impulsa- el propio sistema tributario nacional. A diferencia de la idea instalada desde los medios de comunicación hegemónicos porteños de que en el período 2003-2015 se gobernó bajo el “látigo de la billetera”, basta observar la evolución en el tiempo de la distribución de recursos en la Patagonia y su peso relativo en relación a los recursos entregados a la provincia de Buenos Aires durante los gobiernos kirchneristas y luego hacer la comparación de lo sucedido durante el macrismo.

En 2012, el gasto de capital proyectado para la Provincia de Buenos Aires había sido de 8.715 millones de pesos mientras que en 2015 fue de 17.057 millones de pesos. Es decir un incremento del 96 por ciento.

En el caso de las provincias patagónicas, el incremento de los gastos de capital (inversión real directa, transferencias de capital, e inversión financiera), según los presupuestos nacionales aprobados por el Congreso (2012 contra 2015) fueron los siguientes: Neuquén (269 por ciento), Santa Cruz (121 por ciento), Río Negro (180 por ciento), Chubut (194 por ciento) y Tierra del Fuego (232 por ciento).

¿Qué ocurrió entre 2015 y 2019? El gasto total de capital proyectado para la provincia de Buenos Aires, según la información volcada en los Presupuestos nacionales, saltó a los 32.638 millones de pesos para 2019, es decir una suba del 91 por ciento en relación a 2015.

En cambio, en las provincias de la Patagonia la situación fue muy diferente. En el caso de Santa Cruz, el Presupuesto 2019 representó un caída del 44 por ciento en relación al 2015 en términos de la inversión de capital; mientras que para Río Negro hubo una suba del 36 por ciento, seguido de Chubut (31 por ciento) y Tierra del Fuego (5,1 por ciento).

“Uno de los puntos más importantes que se ha logrado en este primer mandato del Gobierno tiene que ver con el fortalecimiento de un federalismo de verdad”, sostenía el ex jefe de Gabinete Marcos Peña Braun en abril de 2019, defensor a ultranza del DNU que le había dado más recursos a la CABA.

“Este gobierno va a ser recordado como el más federal de la historia argentina. Porque de federalismo hablan, pero mucho desde la retórica y poco desde los hechos”, acotaba el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Entre 2015 y 2018 aumentaron los recursos coparticipables. Pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta y la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de María Eugenia Vidal, se llevaron más del 70 por ciento de las subas.

Las transferencias que Nación envió a las provincias de manera automática estuvieron conformadas por la Coparticipación federal de impuestos y el Fondo Federal Solidario (FFS) hasta su eliminación en agosto de 2018 a través del Decreto 756/2018. En el período analizado (2015-2018), los recursos hacia las provincias registraron un incremento de 96.757 millones de pesos pero su distribución no redundó en el federalismo declamado por el Gobierno de Macri. De este total, el 72,6 por ciento se concentró en las dos jurisdicciones mencionadas: Buenos Aires (32,7 %) y CABA (39,9 %).

Dentro de las primeras decisiones de Mauricio Macri como Presidente, además de devaluar el peso, aplicar un mega tarifazo en los servicios públicos y eliminar retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo que hizo fue modificar la Coparticipación hacia la Ciudad de Buenos Aires -uno de los distritos más ricos del país- a través del Decreto 194/2016. Con la excusa de financiar la flamante Policía local, elevó su alícuota del 1,40 al 3,75 por ciento.

En comparación con el resto de las jurisdicciones del país, el resultado para CABA fue abismal. En 2016, la Ciudad tuvo un incremento del 243 por ciento en sus Recursos de Origen Nacional, según la información publicada por la Secretaría de Hacienda. En cambio, los Recursos de Origen Nacional (RON) que incluyen la Coparticipación Federal de Impuestos y leyes especiales- para las provincias de la Patagonia aumentaron solamente un 28 por ciento durante el primer año de gestión de la Alianza gobernante.

Entre 2015 y 2018, esos recursos se multiplicaron por siete al pasar de los 8349,5 millones a los 57.853,4 millones de pesos, una suba del 593 por ciento que sólo benefició a la Capital porteña.

Las subas de estas transferencias directas para la región estuvieron muy por debajo de los incrementos recibidos por Rodríguez Larreta y la provincia de Buenos Aires en todo el período analizado: si en las provincias de la Patagonia los RON crecieron entre un 134 y 136 por ciento, la jurisdicción gobernada por Vidal lo hizo en un 170 por ciento y CABA el ya mencionado 593 por ciento.

Una gran injusticia

“Estamos convencidos de que este esfuerzo debe darse en un marco de unidad y de diálogo. Pero no puede ser un diálogo de sordos, ni de pícaros. El país necesita que seamos serios y honestos. Desde principios de año dialogamos con el jefe de Gobierno sobre el monto que tenían que devolver. Era una decisión tomada. La Constitución Nacional establece que la transferencia de competencias, funciones y servicios debe hacerse por ley del Congreso y con los recursos correspondientes. El gobierno de Macri incumplió las dos cosas”, sostuvo el viernes el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Lo más probable es que la Ciudad de Buenos Aires judicialice la medida del Gobierno Nacional y el tema quede entrampado en la “politización de la Justicia” o la “judicialización de la política”. Lo cierto es que la medida del PEN había sido adelantada en enero a las autoridades porteñas. “Nadie toma decisiones en contra de ningún argentino, las decisiones se toman en pos del federalismo porque no son un discurso, no son frases hechas, sino que son decisiones que tienen que ver con la redistribución de los recursos”, agregó De Pedro. Más allá de las razones esbozadas, ¿no deberían distribuirse esos recursos entre todas las provincias?

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