PANORAMA POLÍTICO

¿Tendría que ir presa Lilita Carrió?

Son tiempos en los que la Justicia está cuestionada y en muchos casos criticada “con justicia”. Los jueces están en el banquillo de los acusados, incluso los de la Corte Suprema. Es un cuestionamiento que supera la grieta, lo único que cambian son los destinatarios de las críticas y acusaciones, según el color político del personaje que es juzgado.

Por Jorge Cicuttin


Son tiempos de “lawfare”, esta suerte de guerra judicial en la que se abusa de los procedimientos legales, distorsionándolos para terminar con un oponente político. Otra vez, la utilización de este término varía según los colores políticos.

 

 

 

Estos últimos días hubo marchas y solicitadas. Sectores del oficialismo reclamaron por dos casos emblemáticos para el kirchnerismo, los de Amado Boudou y de Milagro Sala. El ex vicepresidente está a punto de volver a prisión y en distintas solicitadas se pidió por su caso, un claro ejemplo, para los firmantes, de “lawfare”. Este sábado hubo una protesta nacional por los cinco años de detención de Milagro Sala, que incluyó un “basurazo” contra la Corte en Tribunales.

 

 

 

En la Argentina, la política se ha judicializado. Temas que deberían dirimirse en el plano político y legislativo se llevan a los estrados de los jueces y allí cualquier cosa puede pasar porque se da el increíble caso de que hasta quienes critican que los magistrados federales fallan de acuerdo al color político de quien esté en el poder tratan de acudir a ellos para ser favorecidos.

 

 

 

Hasta se ha judicializado un tema tan sensible como es la lucha contra la pandemia de coronavirus. Y se ha pasado a jugar con la vida de la gente de una manera irresponsable y vergonzosa. El tema central con el que se ataca al gobierno es el de las vacunas provenientes de un laboratorio ruso con las que se ha comenzado a inocular al personal de Salud.

 

 

 

Despertó críticas y cuestionamientos de los más variados. Algunos atendibles y de buena fe, pero muchos otros marcados por un interés partidario o en favor de otros laboratorios extranjeros.

 

 

 

Y llegamos al caso de la inefable Lilita Carrió. Tras volver de uno de sus tantos brevísimos retiros políticos, la ex legisladora denunció penalmente al presidente de la Nación, Alberto Fernández y a su ministro de Salud, Ginés González García por las negociaciones y compra de la vacuna Sputnik V.

 

 

 

Los acusa de "envenenamiento". Y hace un llamado público para que la población no se vacune.

 

 

 

La dirigente opositora apuntó que los funcionarios atentaron “contra la salud pública”, defraudaron al Estado e incumplieron sus deberes de Funcionario Público en las “gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna Sputnik V”.

 

 

 

“Esta operación comercial pone en riesgo a la totalidad de la población argentina, en su integridad física y en especial a quienes serán sus primeros receptores”, añadió.

 

 

Carrió asegura que la compra de la vacuna rusa se debe a una imposición de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que además de adjudicarla a un negociado con Vladimir Putin, también se debe a una cuestión geopolítica. "Los chinos y rusos se están peleando por inversiones en el territorio argentino. Estamos en una alianza geopolítica muy peligrosa", consideró Carrió.

 

 

 

“Jamás me pondría la vacuna”, sentenció.

 

 

De ser cierto lo que denuncia Carrió. Si el Gobierno ha tomado la decisión de “envenenar” a la población a partir de un oscuro negocio con sus pares rusos, tanto por dinero como por involucrarse en un juego geopolítico contra los Estados Unidos, sería razón más que suficiente para que abandonen la Casa Rosada. Es más, deberían terminar en la cárcel.

 

 

 

¿Y si no es así? ¿Si la vacuna funciona y salva vidas? ¿Si su adquisición obedece a que fue la primera con la que podíamos contar a la espera de la llegada de muchas otras? ¿Si este plan de urgencia para frenar el rebrote da resultados?

 

 

 

¿Y si hay personas que no se ponen la vacuna porque Lilita les dijo que los iban a envenenar? ¿Si de estas personas que rechazaron la vacuna por hacerle caso a Carrió algunas se contagian y pierden la vida?

 

 

Entonces Carrió tendría que hacerse cargo de estas vidas perdidas. Sería responsable por haber generado el terror sobre un medicamento que salva vidas.

 

 

Entonces Carrió debería ser denunciada penalmente. Y podría terminar presa.

 

¿Se lo imaginan?

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