ACUERDO

Un nuevo Consenso Fiscal centrado en el federalismo

El nuevo acuerdo se diferencia del rubricado durante la gestión Macri. Las provincias podrán gestionar Ingresos Brutos. Se les prohíbe tomar deuda en dólares.

Por Sebastián Premici


El Gobierno nacional y 19 provincias firmaron un nuevo Consenso Fiscal y clausuraron la etapa de ajuste que había impulsado la Alianza Cambiemos a través de este instrumento. Las jurisdicciones tendrán potestad para manejar su política tributaría vía Ingresos Brutos y no podrán endeudarse en dólares, como sí les había permitido el macrismo.

“Este acuerdo habla de la responsabilidad que tenemos que tener para seguir adelante. La responsabilidad de la que hablamos es de cómo vamos a crecer y de la sensatez que tenemos que tener para poder crecer. Yo me asombro cuando dicen que ajustamos porque cuando miro nuestro presupuesto, la inversión en obra pública se multiplicó por dos”, sostuvo el presidente Alberto Fernández al momento de la firma del nuevo Consenso.

 

El acuerdo parece clave de cara al 2021, pensado como el año de la recuperación post pandemia.

“Que como consecuencia de la citada emergencia (económica y sanitaria) se ha reducido la actividad económica con inevitable impacto en los niveles de recaudación, a la vez que los Gobiernos Nacional y Provinciales necesitan contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social cuya resolución permita contener a los sectores más vulnerables de la población. Que en dicho marco resulta imprescindible aunar los esfuerzos de las administraciones tributarias a efectos de mejorar y avanzar en la armonización de las acciones, reduciendo y simplificando trámites y presentaciones de los contribuyentes, en el marco del federalismo fiscal”, puede leerse en el texto rubricado el viernes por la tarde.

 

Diferencias

El primer Pacto fiscal macrista fue establecido el 23 de mayo de 2016. El ex Presidente les había pedido a los gobernadores y gobernadoras dejar de contratar empleados públicos, bajar impuestos a grandes empresas (en detrimento de pequeños comerciantes y consumidores), reducir alícuotas de Ingresos Brutos y alcanzar el equilibrio fiscal en sus jurisdicciones.

 

Como contrapartida, el Poder Ejecutivo ofrecía un esquema de compensaciones que no dejaba de ser discrecional, tal como se demostró en la práctica. Y a su vez se comprometía a mantener la vigencia del Fondo Federal Solidario, constituido con el 30 por ciento de lo que se recaudaba de las retenciones a la soja. Estos recursos eran claves ya que se distribuían según las alícuotas de coparticipación hacia todos los municipios del país para financiar pequeñas obras públicas.

Los mandatarios y mandatarias aceptaron. Al poco tiempo, Macri derogó el FFS. Según determinó el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) coordinado por el economista Claudio Lozano, el decreto de 2018 perjudicó a las provincias patagónicas con la pérdida de 739 millones de pesos, discriminadas de la siguiente manera: Río Negro (-216 millones), Neuquén (-148 millones), Santa Cruz (-135 millones), Chubut (-135 millones), y Tierra del Fuego (-105 millones).

 

Lo que hizo el PEN bajo la gestión Macri fue modificar las reglas de juego cuando comenzaban a urgirle sus compromisos con el FMI. Por la decisión arbitraria del ex Presidente, las provincias patagónicas perdieron ingresos por 3048 millones de pesos en concepto del “fondo soja” durante el bienio 2018-2019.

“Nosotros seguimos sosteniendo que el Decreto que eliminó el Fondo es inconstitucional. Desde Nación han dado una explicación muy confusa, alegando la caída de recursos, refiriéndose a variables internacionales y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuestiones que desde ningún punto de vista pueden justificar la eliminación del Fondo Federal Solidario tal cual sucedió”, había argumentado Fernando Tanarro, fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, durante una presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia.

 

Deuda

El esquema de ajuste fiscal hacia las provincias se completaba con el “permiso” para que las jurisdicciones pudieran tomar deuda en dólares. La lógica había sido la siguiente. Como el Estado nacional dejaría de invertir en obra pública, las provincias podrían recurrir a los mercados para hacerse de dólares. La autorización fue a costa de avalar el pago en efectivo a los Fondos Buitres.

 El vicegobernador Quiroga presente en el acto en Casa Rosada.
El vicegobernador Quiroga presente en el acto en Casa Rosada.

Las provincias de Neuquén, Mendoza, Chubut, Córdoba, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Jujuy, Río Negro, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitieron títulos por 12.336 millones de dólares, a un plazo promedio de 8,2 años. Del total de estos préstamos, las provincias de la Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego) lo hicieron por 1915 millones de dólares.

 

Chubut fue una de las provincias más comprometidas desde lo económico (político y social); emitió deuda en moneda extranjera por 700 millones de dólares, en dos tramos. Una primera parte por 50 millones, el 26 de mayo de 2016; la segunda emisión por 650 millones fue el 19 de julio de ese mismo año. La tasa de la última colocación se ubicó en un 7,75 por ciento a pagar en 10 años. Ahora se encuentra en un proceso de renegociación.

 

Neuquén fue la jurisdicción de la Patagonia que emitió más deuda en dólares: 715 millones, en dos tramos. El primero fue el 12 de mayo de 2016, por 349 millones a 12 años de plazo con una tasa de interés del 8,63 por ciento. Y la segunda emisión correspondió al 27 de abril del año siguiente, a cancelar en 8 años, con una tasa del 7,5 por ciento, por 366 millones de dólares.

La ex gobernadora de Tierra del Fuego, Roxana Bertone –actual legisladora nacional por el Frente de Todos -, fue una de las primeras mandatarias en abrazarse al macrismo. Esta jurisdicción tomó 200 millones, que incluso fueron prestados a Nación con una tasa negativa; similar a la maniobra financiera realizada por el ex gobernador Alberto Weretilnek, hoy senador.

 

Por eso el nuevo Consenso Fiscal estableció la prohibición de aumentar los stocks de deuda en dólares a partir del 31 de diciembre, salvo en los casos en que esas divisas sean para el repago de la deuda ya adquirida.

 

“Que resulta oportuno coadyuvar a definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las Provincias que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y el desarrollo de nuevos instrumentos para captar crédito en moneda doméstica, a la vez que se mantenga como eje la sostenibilidad de sus deudas”, puede leerse en el texto del Consenso firmado el viernes pasado.

 

Lo que sí sostiene el nuevo texto es que las provincias y Nación deberán buscar mecanismos de financiamiento en moneda local.

Reclamo

Las jurisdicciones que no firmaron fueron San Luis y La Pampa, porque tampoco lo habían hecho en los años macristas. Otra es la situación de la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta no lo rubricó porque rechaza la reducción de la alícuota de coparticipación, tema que será tratado en el Congreso esta semana.

 

Es que antes de la firma del primer Pacto Fiscal, Macri le había regado al porteño dos puntos extra de coparticipación con la excusa de financiar el traspaso de la Policía Federal.

 

Los gastos netos de la Ciudad para cubrir la transferencia de los servicios de seguridad (2016 – 2019) fueron de 39.525 millones de pesos según el análisis que realizó el Ministerio del Interior. Pero el incremento de las transferencias vía decreto fue de 125.794 millones de pesos. Es decir, Macri le regaló a Larreta 86.269 millones de pesos.

Nación dispuso que CABA deberá volver al esquema original de la coparticipación, con el 1,4 por ciento de alícuota, mientras que la Policía será financiada con una partida específica que se incorporará todos los años en el Presupuesto nacional.

 

Es que las transferencias recibidas por CABA en detrimento del resto de las provincias habían sido alevosos. En 2016, los Recursos de Origen Nacional (RON) crecieron para la CABA un 252 por ciento mientras que para el resto de las jurisdicciones fue solamente un 32 por ciento. Entre 2015 y 2019, los RON para la Ciudad más rica del país aumentaron un 971 por ciento, mientras que para el resto fue una suba del 331 por ciento.

Otros acuerdos

El nuevo Consenso establece que la Administración Federal de Ingresos Públicos pondrá a disposición herramientas que “colaboren a que todos los organismos provinciales de recaudación tributaria validen los números de claves de Identificación (CUIT/CUIL/CDI)”.

Una vez por año, las provincias deberán remitir a la AFIP la información sobre la titularidad de los bienes inmuebles y otros bienes registrales y su valuación.

También se propiciará la simplificación de ciertos trámites, promoviéndose la unificación de declaraciones juradas y pagos

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