Por la administración de la empresa, que según el senador Eduardo Costa y el exinterventor, Omar Zeidán, era “inviable”, salieron más de 32 millones de pesos para el pago de propaganda.

Las autoridades de YCRT sabían que no podían hacerlo, ya que la normativa vigente establece que sólo puede hacerse a través de Jefatura de Gabinete, que tiene bajo su órbita la agencia de noticias Télam.

Los pagos a periodistas, empresas de comunicación, programas de radio y portales, en su mayoría de Río Gallegos, aunque los fondos llegaron hasta Caleta Olivia, se hicieron incesantemente, mes a mes, entre el 4 de enero de 2016 y el 27 de diciembre de 2019, es decir, varias semanas después de que Cambiemos perdiera las elecciones.

Los conceptos por los cuales se pagó son curiosos: “difusión de información”, “redacción de noticias”, “honorarios por asesoramiento”. En algunos casos, hay pagos por comunicador y a su vez por el programa en el que trabaja. Por ejemplo, $ 200 mil mensuales para determinada persona y en el renglón siguiente, $ 90 mil el producto radial.

La publicidad de YCRT está regulada por la Jefatura de Gabinete de la Nación

Sin embargo, la nómina de esos años incluye a personas del grupo familiar de integrantes de Cambiemos en Santa Cruz.

Según contó este domingo el periodista Raúl Kollmann en Página12, “las autoridades de YCRT, puestas por el macrismo, gastaron 32 millones de pesos en publicidad y comunicación -actualizados serían unos 92 millones de pesos-, según denunció el actual interventor Aníbal Fernández.

El gasto no tiene ninguna justificación porque el carbón no es una bebida o un producto que hay que publicitar para vender”.  El número exacto que figura en la denuncia es $ 32.700.000,000.

La intervención del Frente de Todos tiene la constancia de que ese dinero salió y fue a estos medios, periodistas y amigos, pero no los certificados de los servicios que se prestaron.

La denuncia realizada en Comodoro Py cayó contra Omar Zeidán y el excoordinador general, Sergio Lumachi, también denunciados por “Visa Business”, la utilización de tarjetas de crédito corporativas para la compra de artículos y servicios de lujo, pagadas con dinero de YCRT, pero también por la contratación de 417 personas, cuya gran mayoría fue pasada a planta permanente a días de dejar sus cargos.

El delito que se les imputa es el de administración fraudulenta, argumentada en más de treinta hojas que deberá leer el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Zeidán, Costa y su equipo habían creado el clima para definir que el yacimiento no servía, “para armar el proceso preventivo de crisis y echar a las primeras 500 personas”, entonces, “sosteniendo un yacimiento en esas condiciones, habían frenado la obra de la megausina de 240”, contó días atrás el actual interventor del yacimiento en una entrevista con La Opinión Austral.

Probablemente esta denuncia explique en parte cómo fue posible que la gestión de Cambiemos pudiera llevar adelante la destrucción de cientos de empleos y dejara un tendal de nuevos desocupados, algunos luego de haberlos empujado a tomar los retiros voluntarios, y que buena parte de la sociedad lo consintiera.

No hace falta irse muy atrás en la historia para recordar que los mensajes de justificación que salían del aparato de comunicación de Nueva Santa Cruz (Cambiemos) sirvieron para poner de un lado de la vereda a los mineros y por otro lado a quienes los hicieron responsables de haber callado durante el presunto “vaciamiento y corrupción” de la gestión kirchnerista.

El discurso cambió en campaña y la empresa se vendía a los ojos de la comunicación como una fuente de productividad imparable, los acuerdos de venta de carbón eran anunciados con bombos y platillos, pero la megausina siguió parada, el presupuesto jibarizado y muchos de los expulsados no tuvieron una segunda oportunidad.