Los ex trabajadores de la empresa Maxia SRL percibirán durante esta jornada una parte del subsidio que se les adeuda y que es parte del convenio firmado entre el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) con la Municipalidad de Caleta Olivia.

Según declaraciones de Oscar Ponso, delegado de UTA, el compromiso del Ejecutivo comunal es abonarle 10.000 pesos a cada trabajador, mediante transferencia bancaria a las cuentas personales, y que el resto se siga pagando en la próxima semana.


Los fondos para afrontar esto deberían provenir del subsidio al transporte nacional, que a su vez llega a la administración provincial y, desde allí, se remiten al municipio.

La Comuna caletense abonará esta primera parte con fondos propios, esperando el monto global desde Río Gallegos. Además, la semana que viene ya vence el plazo para el segundo subsidio, el que corresponde al mes de julio-agosto.

Cabe recordar que los trabajadores que perciben esto son un conjunto de 35 personas que deben recibir 37 mil pesos, que son los ex choferes, y otro grupo de 12 personas que deben percibir 30 mil pesos cada una.

Por ahora el Municipio les abonará diez mil a todos, es decir que a algunos les faltaría recibir 27 mil pesos y a otros, 20 mil pesos.

“Esto es un subsidio de Transporte que viene de Nación hacia Provincia y Provincia lo remite al Municipio. El convenio está trabado y lo tienen que firmar. Una vez que se destrabe eso, se supone que vendrá normalmente esa plata para todos los meses siguientes, hasta que empiece a funcionar la nueva empresa de colectivos”, explicó Ponso.

De esta manera, los ex operarios de Maxia no continuarán con las medidas de fuerza, cuya metodología se tornó extrema cuando el lunes y martes cortaron los ingresos principales a la ciudad, sobre la ruta nacional 3, durante varias horas, provocando una aglomeración de camiones y camionetas.

Esta primera respuesta del Municipio a la situación la obtuvieron esta mañana, cuando se reunieron con funcionarios comunales.

“Por ahora desistimos de las medidas de fuerza porque seguiremos dialogando. Creo que la próxima reunión será el martes, porque el lunes es feriado”, agregó Ponso.

Mientras, el Ejecutivo Municipal tiene que resolver la situación de la deuda con AFIP, puesto que, por más que la empresa que se quiere reflotar (Urbano Sociedad del Estado) estuvo inactiva durante ocho años, la figura impositiva continuó existiendo y se generó un pasivo. Se aguardan, entonces, novedades de una moratoria que lanzó el organismo recaudador nacional.

Las acciones piqueteras de los ex trabajadores durante comienzos de esta semana tienen su correlato jurídico, porque el Ejecutivo Municipal realizó la denuncia ante la Fiscalía Federal de Caleta Olivia por transgredir las normas preventivas establecidas en el decreto nacional sobre la pandemia de Covid-19 y también por la obstaculización de la libre circulación por una carretera nacional.

La demanda del transporte urbano de pasajeros ha crecido en los últimos años por la extensión del ejido urbano. Este año atípico, sin embargo, ha bajado el reclamo general para que regrese el servicio, sobre todo porque las disposiciones anti-Covid han hecho mermar la circulación y la actividad en general, empezando por la educativa, puesto que un gran porcentaje de usuarios eran alumnos y docentes, además de los y las trabajadoras que viven en los barrios más alejados.

En los últimos años hubo varios cambios de empresa, que se dieron cuando cambiaban gestiones municipales. La firma Urbano SE se había originado en el año 2007, administrada por el municipio; a partir del año 2012, los intendentes José Manuel Córdoba y Facundo Prades optaron por la privatización del servicio. Primero fue parcial, con un consorcio entre la Comuna y la firma Autobuses Santa Fe. Pero los concejales se habían negado a ese cambio y se generó un conflicto de poderes que llegó al Tribunal Superior de Justicia. Mientras tanto, Urbano SE continuó existiendo en los papeles, aunque ya no prestaba el servicio.

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