Un abogado, su esposa y su hijo fueron llamados a indagatoria por la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, acusados por estafas reiteradas a jubilados en al menos 16 oportunidades y defraudación administrativa en por lo menos otras cuatro. El abogado y tres familiares directos, además, fueron imputados por lavado de activos y asociación ilícita.
La causa investiga la maniobra en la que el abogado, Mario Sotomayor, está acusado de quedarse con un porcentaje superior a lo regulado por el juez luego de ganar un litigio, mientras que en otros casos se quedaba con el total del dinero, sin avisarles a sus clientes y aprovechando su condición de vulnerabilidad por su avanzada edad. Al primer denunciante le quiso sacar 145.000 pesos de más en 2017, según consta en la causa a la que tuvo acceso La Opinión Austral.
También solicitó la indagatoria de cuatro personas que trabajaban con el letrado y tres familiares directos del abogado, que habrían pretendido disimular la calidad ilícita de los fondos dándoles ingreso a su patrimonio con apariencia de licitud, señalaron.
El abogado asistía a los jubilados en juicios por reclamos en torno a las diferencias originadas en la falta de actualización de las remuneraciones de beneficiarios del Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones.
Cómo operaba el abogado acusado de estafar jubilados de Caleta Olivia
Al principio el modus operandi es parecido a los de las estafas piramidales: grandes reuniones, abiertas, convocatorias de boca en boca y alguna que otra salida en una radio popular. Se juntan clientes y se acumulan demandas que salen todas más o menos iguales hacia los juzgados contra la ANSES.
En la investigación el fiscal probó 20 casos de estafas y defraudaciones a jubilados de ANSES. Hubo más 100 testimonios.
El abogado promete sacar el juicio adelante y conseguirle al jubilado un retroactivo que no conseguiría de otro modo. A cambio, le pide un porcentaje del monto percibido. En este caso, según la investigación, el estudio de abogados en Caleta Olivia les pedía entre un 30 y un 50%. El problema es que los abogados tiene prohibido hacer estos acuerdos en los juicios previsionales, pero mucha gente no lo sabe.
Los abogados que intervienen en procesos previsionales deben cobrar de sus clientes, en concepto de honorarios, el porcentual que sea fijado por el juez en la sentencia, quedando prohibido celebrar con aquellos pactos de cuota litis que establezcan la obligación de abonar un porcentaje de lo establecido en la resolución judicial, recordó el fiscal Gabriel González Da Silva a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES).
Cuando los jubilados o sus familiares se dan cuenta de la maniobra, en algunos casos se sienten estafados y recurren a la Justicia. Pero no son la mayoría, ya que ellos de alguna manera acordaron previamente entregar una parte de la jubilación a cambio de un porcentaje considerable.
El fiscal de Caleta Olivia, Lucas Colla, llevó adelante la investigación.
Pero hay casos en que los jubilados firman un poder a los abogados para que éstos puedan cobrar directamente del banco o casos en los que los juzgados que tratan las causas previsionales liberan las ordenes de pago para el abogado.
Según el fiscal Colla, en cuatro oportunidades descubrió que el estudio de abogados había retirado el total del dinero del juicio mientras le aseguraban a sus clientes que todavía no se habían resuelto.
En la mayoría de los casos se tratan de jubilados de YPF y los montos de los juicios rondan poco más de 1 millón de pesos cada uno, según pudo saber La Opinión Austral.
La cuota litis dispuesta por los jueces, por lo general es del 11%. En la investigación se probó que, en el caso de las estafas, esta apropiación resultaba un porcentaje constante de entre un 30% a 50% de lo percibido por los jubilados al resultar vencedores del proceso judicial. Es decir que, por lo menos, se llevaban unos 200.000 pesos extra (19%) por fuera de lo legal.
Para esconder el dinero, el abogado y tres de sus familiares directos compraban autos y propiedades, “las cuales resultarían incompatibles con sus ingresos declarados”. De esta manera “habrían pretendido disimular la calidad ilícita de los fondos dándoles ingreso a su patrimonio con apariencia de licitud”, informó el Ministerio Público Fiscal.
El abogado Mario Sotomayor estaría prófugo en Uruguay
La investigación, que data de 2017 y es llevaba adelante por el fiscal federal Lucas Colla, se reactivó luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hiciera lugar -el 31 de marzo de este año- al recurso de casación interpuesto por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para que se continuara con la tramitación del caso.
La jueza federal de Caleta olivia, Marta Yañez, a cargo de la causa por estafas y lavado de activos.
La causa había sido declarada nula el 10 de diciembre de 2019, luego de un recurso de apelación presentado por la defensa, sin embargo 2 años después Casación ratificó la legítima investigación de la fiscalía.
La pesquisa preliminar surgió a raíz de la denuncia de una persona que adujo el cobro compulsivo por parte de su abogado previsionalista de los honorarios por sus servicios profesionales prestados en carácter de representante en juicios de reajuste de haberes contra Anses.
Como el denunciante también dejó asentada la existencia de otros casos similares con personas representadas por el letrado, a las que les cobraba un pago que excedía lo dispuesto por el tribunal que intervenía en los procesos previsionales, la fiscalía investigó si acaso no se trataba de una organización delictiva más grande que una simple estafa.
El resultado dejó en evidencia una multiplicidad de casos particulares, que demostró la existencia de un patrón común como parte de una sola maniobra delictiva planeada por el abogado, quien montó una estructura para llevarlo a cabo.
En ese sentido, el fiscal, luego de 110 testimonios recabados, solicitó el llamado a indagatoria a ocho personas, entre ellas el abogado Mario Sotomayor. La causa está en el juzgado federal de Caleta Olivia a cargo de Marta Yañez. El estudio de Sotomayor y Asociados ubicado en la planta baja de un edificio de la calle Almirante Brown había sido allanado en noviembre de 2018 con un fuerte hermetismo. Allí la Policía Federal secuestró una gran cantidad de documentación, como así también en otra oficina que posee en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fuentes cercanas dijeron a La Opinión Austral que Sotomayor no estaría en Argentina sino que residiría en Uruguay.
FOTO PRINCIPAL: Allanamiento en las oficinas del estudio jurídico ubicado en la planta baja de un edificio de la calle Almirante Brown de Caleta Olivia. / GENTILEZA: EL PATAGÓNICO.
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