Tercera magistrada fue suspendida

El caso de la "adopción irregular" en Caleta Olivia avanza en dos frentes

El tribunal administrativo decidió suspender a la jueza caletense Malena Totino. Es la tercera magistrada implicada en el caso de la presunta adopción irregular de una beba. Las demás, fueron destituidas. En tanto, en la causa penal, aún no se tomaron indagatorias.

Por Mauricio Barrios


El caso de la presunta adopción irregular de una beba, que conmocionó la provincia durante 2019, aún está en pleno desarrollo; avanzando en algunos frentes y estanco en otros.

Existen dos líneas de acción. La administrativa y la penal. En la primera, dos juezas caletenses fueron destituidas y, en las últimas horas, el tribunal de enjuiciamiento determinó la suspensión de la tercera involucrada: Malena Totino. Durante los próximos 60 días, se decidirá si la magistrada continúa o no al frente del Juzgado Civil número Uno de Caleta Olivia.

El proceso penal aún no tiene imputados. Sin embargo, eso no evitó que el jury se activara y avanzara con la máxima sanción posible, de acuerdo a su alcance jurisdiccional. Tal es lo sucedido con las doctoras María del Rosario Álvarez y Angélica Zari, que fueron destituidas el 28 de agosto del año pasado.

Las ex juezas de Familia y del Menor, respectivamente, fueron sometidas juntas al juicio administrativo. No así Totino, quien se encontraba con licencia médica al momento de iniciado ese proceso. Al retornar a la función, con sus colegas ya destituidas, en septiembre último fue notificada acerca de su propio jury.

La desafectación de las primeras resultó de la decisión de un tribunal compuesto por la doctora Reneé Fernández, presidenta del Superior Tribunal de Justicia; José Blassiotto quien era diputado y representaba a la Legislatura - y Florencia Moreira, en representación de los abogados de la matrícula provincial.

Luego, sobrevino el cambio de gestión de diciembre pasado, y al menos el representante de los diputados en el tribunal debía cambiar. Quedó conformado por Reneé Fernández, la diputada Laura Hindie y la abogada Celeste Moreira.

La doctora Totino realizó seis presentaciones, que no obviaron la recusación de los representantes. Alegó razones de presunta parcialidad. Por eso, otros tres referentes fueron designados: Paula Ludueña (STJ), el diputado Martín Chávez y la abogada Marcela Castro Dassen. Por unanimidad rechazaron los reparos de Totino y el caso volvió a sus predecesores.

Finalmente, luego de transcurridos nueve meses desde la notificación, en horas de la tarde del martes, el órgano colegiado resolvió de forma unánime la suspensión.

Sus integrantes entienden que la acusada obró con “ignorancia inexcusable del derecho de la legislación vigente”, que es el mismo motivo que determinó la destitución de la doctora Álvarez. También le achacan interponer numerosas “excusaciones inmotivadas” y “desobediencia a las órdenes legítimas de sus superiores”.

Fernández resaltó que “las particulares circunstancias del caso” “imponen” la sanción. Hindie, que “se verifican motivos suficientes” para determinarla, y enfatizó que de continuar en funciones podría verse afectada la legitimidad de los procesos judiciales que dirija, “en desmedro de las instituciones republicanas”.

Por su parte, Moreira hizo hincapié en la gravedad de los hechos imputados, y en el nivel de confianza social que puede despertar un magistrado en tales circunstancias, a la hora de llevar adelante su tarea. Señaló, que no debieran existir dudas acerca de la imparcialidad de los jueces.

Causa penal

La investigación penal es otro cantar. Siguió el camino en retrospectiva y, analizando desde meses antes del nacimiento de la beba en adelante, debe dilucidar si existió un entramado de poder para manipular su guarda.

Originalmente los investigados eran cinco. Las tres juezas, el defensor oficial Walter Martínez, y la médica que en ese momento era directora del Hospital Zonal, Patricia Zari; hermana de una de las magistradas.

Debido a que todos los jueces caletenses se excusaron de llevar adelante la causa, por su cercanía y trato diario con sus colegas, la Justicia determinó la subrogancia de Darío Cimini, juez penal de Pico Truncado.

El primer fiscal que tomó intervención fue el doctor Martín Sedán, y luego el proceso se derivó a la oficina el fiscal Carlos Borges; quien representa al ministerio público hasta la actualidad.

Hasta el cierre de esta edición, tal como se señala más arriba, el caso no tiene imputados. Tampoco detenidos. Las últimas acciones fueron impulsadas por el fiscal. El 12 de septiembre solicitó que se llame a declaración indagatoria a Álvarez, Totino y las hermanas Zari. También pidió medidas probatorias; pero todo eso está parado.

La causa no podía continuar hasta tanto no se resolviera la situación de Martínez. El tribunal de enjuiciamiento (administrativo) lo había absuelto y, mientras no dejara de ser defensor público, el proceso penal “estaba condicionado”, según aseguraron fuentes calificadas.

Sin embargo, el ministerio había resguardado el derecho de citarlo a indagatoria dado que, por ser funcionario público, no opera la prescripción de la causa. Finalmente sobrevino su fallecimiento y, por ese motivo, en lo que a él respecta solo resta que se solicite la extinción de la acción penal. Eso tampoco puede suceder aún.

 

Juzgado de recursos

La razón, al igual que pasa con las indagatorias, es que el proceso está en estado de apelación en el Juzgado de Recurso. Éste organismo de alzada debe resolver una apelación interpuesta por la defensa de Álvarez y Zari, antes que el expediente pueda retornar al juzgado de primera instancia para que continúe la investigación.

Tras unos 8 meses de desempeño, el juez Cimini y el fiscal Borges fueron recusados. El argumento de la defensa es que el magistrado no sería el “juez natural” y que el fiscal emitió preguntas durante la etapa de las testimoniales.

Ambos rechazaron la recusación, que fue apelada por quienes la presentaron. Por ende, ahora es el juez de recurso el que deberá dirimir la cuestión de forma, antes que pueda seguir avanzando la de fondo.

Quien se desempeñaba como juez de recurso, Miguel Meyer, se jubiló a fines del año pasado. El organismo es subrogado, alternativamente, por la doctora Griselda Bard y el doctor Humberto Monelos; ambos, miembros del tribunal de la Cámara Civil de Caleta Olivia. Será una u otro, quien confirmará o no al juez y al fiscal de la causa. Solo así, de las indagatorias ya solicitadas, podrá surgir alguna imputación.

El hecho

El caso surge tras un informe del organismo oficial de adopciones en la provincia. Sus autoridades detectaron presuntas irregularidades y llevaron el caso a la Justicia. Así, establecieron que una joven de 17 años, en estado de vulnerabilidad, se enteró que estaba embarazada. El progenitor no sabía acerca de sus estado, y tampoco el resto de su familia.

Tomó contacto con el Juzgado de Familia, a cargo de Álvarez y donde también subrogó Totino. A partir de entonces, según el hilo conductor de la investigación, se habría desarrollado una maniobra por fuera del procedimiento legal; para que, una vez que naciera la beba, pudiera ser asignada en guarda a la doctora Angélica Zari.

Para entonces, la beba llevaba alrededor de 50 días en el hospital (dirigido por Patricia Zari), y su mamá no podía verla. La joven decidió que quería criar a su hija, el novel papá también estaba dispuesto. Entonces, la pequeña fue restituida a la familia, pero el caso dista mucho de resolverse.

 

 

 


Noticias relacionadas

Por

Noticias relacionadas

Comentarios
Seguí leyendo

Lo más leído

Más noticias