Pornografía infantil en Santa Cruz: los casos más resonantes de los últimos meses

En el último año, diversos allanamientos por pornografía infantil se desarrollaron en distintos puntos de la provincia. Por lo general, los procedimientos derivan de alertas de cyber-patrullaje de delitos sexuales y trata de personas, que realizan ONGs.

Claramente, el reciente caso en Puerto Deseado no es un hecho aislado. No parece existir nexo entre los diversos acontecimientos similares registrados. Sin embargo, están vinculados por una actividad que, legal y moralmente, resulta deleznable.

Si miramos cronológicamente hacia atrás, podemos recordar que en julio pasado, en Puerto Santa Cruz, fue detenido un cabo de la policía santacruceña. La orden de la Justicia estuvo motivada por la presunción que, dos años antes, el hombre habría filmado a su hijastra de 14 años cuando ésta se bañaba.

Al momento de los hechos, la hijastra tenía 14 años. El efectivo fijó domicilio por la causa y se fue a otra ciudad por temor a represalias.

Fue la madre de la víctima la que radicó la denuncia, y aportó tarjetas de memoria que contendrían las imágenes, como prueba del delito.

Días antes, a principios de julio, la policía de Puerto Deseado allanó un domicilio. Había sido señalado como sitio en donde producirían o distribuirían pornografía infantil. Es una vivienda ubicada sobre calle Las Heras.

La cyber-vigilancia, había obtenido la geolocalización de direcciones IP, desde donde se habrían compartido imágenes. Como consecuencia, las autoridades secuestraron computadoras, teléfonos y soportes digitales de almacenamiento. Todos los moradores quedaron a disposición de la Justicia.

Los acusados son un hombre de 36 años y su pareja, una mujer de 38, que es ama de casa.

El 25 de junio, una orden judicial dispuso otro procedimiento por una causa similar, en El Calafate. Resultó demorada una pareja, a quienes le secuestraron sus teléfonos y computadoras. El allanamiento fue en una casa de la calle Los Corintos al 1000, entre Las Lengas y Los Jazmines.

Secuestraron computadoras y celulares en el domicilio de calle Las Heras de Puerto Deseado.

Esa investigación se disparó en febrero de 2019, cuando Missing Children alertó a las autoridades del país, y luego de la provincia.
En octubre del año pasado, la Justicia penal de Caleta Olivia detuvo a un docente, que habría difundió pornografía infantil. El sujeto resultó procesado con prisión preventiva, dado que un allanamiento en la casa que ocupaba – sobre la calle Calchaquíes -, habría resultado positivo.

Del análisis de sus aparatos electrónicos, habrían surgido imágenes con contenido sexual, en donde aparecen menores de edad. Él mismo las habría subido a la red. Sigue detenido. Tenía otra denuncia en su contra, por presunto abuso sexual.

Unos pocos días antes, a fines de septiembre, otro hombre fue demorado por tenencia de pornografía infantil en El Chaltén. Fue aprehendido por personal de la Dirección de Investigaciones (DDI) de El Calafate. La orden de la Justicia fue motivada, otra vez, por un alerta de Missing Children. Allanaron su vivienda y secuestraron computadoras, teléfonos y soportes de almacenamiento.

Dos días antes, en El Calafate, dos sujetos fueron demorados por una razón similar. La Justicia dispuso el allanamiento de sus moradas, una en el barrio Linda Vista y otro en el barrio Lago Argentino.

Según trascendió, ambos procedimientos no estarían relacionados. De uno de ellos, además, surgió que un detenido habría cometido abusos sexuales, y se habría filmado perpetrándolos. Quedó implicado en causas que suman producción y distribución de pornografía infantil y abuso sexual de menores.

También en septiembre, pero en Pico Truncado, dos individuos fueron demorados por las autoridades. Pesaba sobre ellos una investigación por distribución de material sexual explícito con menores. Un par de días antes, había ocurrido algo similar en Koluel Kayke. En todos los casos, la policía requisó material informático.

Mientras tanto, en Caleta Olivia, era detenido otro sujeto, de unos 20 años de edad. Había sido investigado por la Justicia Federal, a raíz de un alerta de cyber-vigilancia de delitos sexuales, y la causa derivó más tarde en la Justicia ordinaria. La información que trascendió en esa oportunidad, hablaba de unas 180 imágenes fotográficas que podrían contener pornografía infantil.

Si continuáramos repasando la historia de este tipo de casos, se podrían sumar varios más, ocurridos en 2018. También hay registro, aunque en menor cantidad, de 2017. Marcan quizás una realidad que, con el avance de los medios electrónicos y la decisión de las victimas de denunciar, poco a poco sale a la luz demostrando que siempre estuvo ahí.