Se tensa el sector pesquero: ¿Qué dice el proyecto de Torres para ampliar los permisos de pesca en Chubut?

En medio de la fuerte polémica por el acuerdo firmado entre el Gobierno de Chubut y la empresa Red Chamber Argentina para la instalación de una planta pesquera en la Zona Franca de Trelew, que implicaría el otorgamiento de dos permisos de pesca extra, el gobernador Ignacio Torres mandó a la Legislatura el proyecto de ley N.º 131/2025 por el cual se amplía de 40 a 42 los permisos que puede otorgar la provincia a buques fresquero de la flota amarilla.

 Objeto y alcance del proyecto

El articulado del proyecto plantea modificar el régimen actual regulado
por la Ley IX N.º 157 – Fomento de una Política de Desarrollo
Pesquero Saludable en la Provincia del Chubut, ampliando
transitoriamente el número de permisos para la categoría específica
de buques de la flota amarilla de hasta 21 metros de eslora.

En los fundamentos y el articulado se destaca que la ampliación es transitoria y no prorrogable y solo opera para la temporada 2025/2026.  Además se afirma, en la norma firmada por el gobernador Ignacio Torres y el Ministro de Gobierno Victoriano Eraso Parodi, que el objetivo final del proyecto es aprovechar la abundancia del recurso que se vería en esta temporada.

 Principales fundamentos

“La finalidad del presente proyecto radica en elevar en dos la
cantidad de los permisos mencionados —sólo para la próxima
temporada—, cuando la explotación sustentable de los recursos lo
permita y mientras perduren esas condiciones“, se lee en el proyecto.
Se afirma que “el recurso del langostino se ha incrementado año a
año, no viéndose afectado con la medida propuesta el esfuerzo
pesquero provincial”.

Al tiempo que justifican la decisión en que “aquello que no se pesca resulta desaprovechado”, para las autoridades, esta medida “no afecta la sustentabilidad y la industria en cuestión“.

Disposiciones clave del proyecto

Del proyecto enviado a la Legisltura, al que tuvo acceso La Opinión Austral, se puede resumir los siguientes puntos:

• Modificación del número máximo de permisos: Pasar el
  límite de 40 a 42 permisos para el estrato definido.
• Carácter transitorio de la ampliación: El aumento es para la
  temporada 2025/2026 y no prorrogable.
• Reconocimiento del requisito de eslora/arqueo: Sólo para
  buques hasta 21 metros de eslora/arqueo (“menor o igual a
  veintiún (21) metros”) para esa categoría de fresqueros amarillos.
• Referencia normativa explícita: Al artículo 34, Punto 1.1 de la
  Ley IX N.º 157, lo que implica que los “Permisos de Pesca Tipo 1”
  están sujetos a condiciones ya establecidas.
• Autoridad de aplicación: La norma reafirma que los permisos
  serán otorgados y renovados por la Autoridad de Aplicación,
  conforme al artículo 13 inciso c) de la Ley IX N.º 157.

Implicancias políticas, gremiales y regulatorias

La propuesta llega en un momento de tensión entre el Ejecutivo
provincial, los gremios y las cámaras empresariales pesqueras. Aunque el texto no lo dice, se descuenta que el destino de esos permisos será para la empresa Red Chamber Argentina, lo que puso en el centro de las críticas al proyecto.

Desde la flota fresquera advierten que si se avanza en este proyecto, están dispuestos a no iniciar la prospección del langostino en aguas provinciales, las que está convocada para el próximo 12 de noviembre. La Legislatura podría tratar el proyecto el próximo jueves 13.

A eso se le suma que los gremios también advirtieron que podrían ir a un paro total si el proyecto es aprobado sin consenso del sector y sin respaldo técnico-científico que avale la ampliación de los permisos de pesca.

Observaciones críticas

El gobierno plantea, en su texto de fundamentación, que la biomasa del recurso estaría en buenas condiciones, pero no se adjunta públicamente un informe científico actualizado que respalde dicha afirmación.

Precisamente esa carencia es, también, la base del pedido de las Cámaras empresariales para pedir que se suspenda el tratamiento de la ley. Y recuerdan que la ampliación del esfuerzo pesquero, por más leve que sea, puede configurar un precedente normativo con impacto en la sustentabilidad del recurso y en la credibilidad de la administración provincial.

Máxime atento a lo que implica la certificación internacional MSC (Marine Stewardship Council) y el acceso a mercados internacionales exigentes.

Desde el sector pesquero y los gremios coinciden en señalar no sólo la carencia de fundamentos técnico-científicos, sino también de que la “temporalidad” a la que se refiere el proyecto, es decir que sería solo para la temporada 2025/2026, termina resultando “una cláusula protectora pero no resuelve el debate sobre efectos de largo plazo“.

Las ventajas que el Gobierno defiende

Desde el Poder Ejecutivo defienden el proyecto en base a los beneficios que esta decisión podría provocar para la Provincia.

• Mayor aprovechamiento del recurso: “aquello que no se pesca
  resulta desaprovechado”.
• Política pública para incentivar inversiones en la provincia (instalación de plantas, generación de empleo).
• Medida transitoria: Se plantea que sólo se aplicaría “cuando la explotación sustentable del recurso lo permita”.

Los riesgos advertidos por el sector

• Ausencia pública de datos recientes: Provoca que la medida tenga respaldo visible, lo que incrementa la incertidumbre.
• Expectativas desfavorables. La ampliación, por transitoria que sea, puede provocar la existencia de nuevos permisos en el futuro y desincentivar el cumplimiento estricto de los límites actuales.
• Riesgo de conflicto social y paralización del sector: el paro de actividades agrava no solo la situación gremial sino la operativa y exportadora del sector pesquero provincial.
• Falta de transparencia. Si el otorgamiento favorece a un actor específico, ello puede debilitar la gobernabilidad, aumentar la desconfianza y afectar inversiones futuras.
• Posible impacto negativo en la certificación internacional y consecuente acceso a mercados, si se percibe como un aumento del esfuerzo pesquero sin fundamento técnico.