MÁS DEL 92% DE LOS SANTACRUCEÑOS TIENE COBERTURA

“Cash”: los odontólogos mantienen todas las obras sociales cortadas

Pasaron semanas desde que el Colegio de Odontólogos de Santa Cruz inició medidas obligando a sus afiliados a no proveer servicios a sobras sociales. Los profesionales se consideran rehenes de la situación. Hay silencio en el Ministerio de Salud.

Por La Opinión Austral


El conflicto entre el Colegio de Odontólogos por la modificación de la ley que, según ellos interpretan, los habilita a fijar los montos que deben cobrar sus asociados a las obras sociales y a particulares, parece no tener respuesta.

 

Van semanas desde que la población santacruceña no tiene acceso al servicio para el cuidado de su salud dental, si acaso no paga en efectivo.

 

De un tiempo a esta parte, La Opinión Austral viene dando cobertura a la situación que tiene entrampados a los profesionales que no están de acuerdo con las formas de la Comisión Directiva que asumió en diciembre.

 

Vale mencionar que pese a la insistencia de este diario por comunicarse con autoridades del Ministerio de Salud de Santa Cruz o incluso con diputados y diputadas, no hubo respuestas.

 

“Nosotros, los distintos colegiados que estamos en desacuerdo con la comisión, estamos expuestos a todo tipo de vapuleos, hay colegas que tienen que renovar el registro e prestadores y la Superintendencia los hace presentar un certificado de ética que siempre fue instantáneo, pero el colegio los tiene a las vueltas”, indicó una dentista a este diario, que prefirió dejar su nombre en reserva y que advirtió que es por estas razones que “ninguno de los disidentes sale a hablar”.

 

Tal como infirmó La opinión Austral esta semana, el año pasado, la Cámara de Diputados aprobó una modificación de la ley que regula al Colegio de Odontólogos, pero en su redacción puede interpretarse que uno de los cambios viene de la mano de la posibilidad de que dicho colegio pueda fijar los montos mínimos éticos.

 

Estos montos deben estar, para la institución, por encima de los acuerdos que cada profesional tiene actualmente con las obras sociales, incluida la Caja de Servicios Sociales, que nuclea a la inmensa mayoría de los afiliados santacruceños.

 

Se cree que el 92% de la población de esta provincia tiene acceso a obras sociales, sin embargo, hoy, por la medida de fuerza que lleva adelante el colegio, que obliga a sostener a sus asociados, están pagando “cash” cada consulta.

 

En la actualidad, el monto para reparar una caries es de $ 2.412 y si se necesita un tratamiento de conducto, se paga $ 8.423, esto sin contar con el Kit Covid, que sólo cobran los odontólogos y que cuesta -en teoría- $ 1.500.

 

Como en las negociaciones que hubo con la institución no aparecieron miras de solución, la CSS fue a la Justicia solicitando una declaración de certeza que despeje las dudas sobre el espíritu de la ley, que fue reglamentada por el Gobierno de la provincia.

 

Para el colegio es inconstitucional y lo que ven muchos odontólogos es que la institución se corrió de su rol de velar por la salud bucal de la población y giró hacia la defensa de las finanzas de sus asociados, que durante cincuenta años discutieron directamente con cada obra social sus tarifas.

 

Si bien en la contestación del caso el Gobierno le pidió que muestre una lista de todos los asociados a los que les iniciaron sumarios por cobrar sumas que el colegio considera por debajo del valor “mínimo ético”, lo cierto es que entre los profesionales con los que dialogó La Opinión Austral, todos coincidieron con que hasta ahora no pudieron aplicarles sanción alguna.

 

“No pueden porque hay leyes que se contraponen con establecer aranceles obligatorios”, indicaron, marcando que “lo que la gente tiene que entender es que el Colegio de Odontólogos es una institución pública que no está para pelear los ingresos de sus asociados. Ellos no aceptan eso y la gente tiene que pagar privado porque los dentistas no pueden trabajar con su obra social”, indicó otro profesional riogalleguense.

 

Así las cosas, si alguien se ve perjudicado son los usuarios del servicio.

 

Por otro lado, existirían intenciones de acudir a la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia, entendiendo que el colegio ejerce una posición de abuso contra sus afiliados.

 

Sucede que otra cuestión a develar es qué parámetros utiliza el Colegio de Odontólogos para decir cuál es el mínimo admisible que debe cobrar un profesional en Santa Cruz. Para su presidente, Luis Eceiza, es un tema de “costos”

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