DEUDA ACUMULADA ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2015

La clínica Medisur ganó $16 millones a la obra social de Santa Cruz en un juicio

Se trata de sumas que se fueron acumulando durante los últimos cuatro años del gobierno de Daniel Peralta. Cuando asumió la gestión actual, encontró que hubo sobrefacturación en Medisur, pero no hay denuncia. Marinkovic les dio la razón.

Por Sara Delgado


El Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Río Gallegos falló en contra de la Caja de Servicios Sociales, que ahora debería pagar poco más de $16 millones a la clínica privada Medisur S. A, por deudas acumuladas entre los años 2012 y 2015.

La decisión fue firmada este jueves por el juez Francisco Marinkovic, y el Gobierno ya trabaja en la apelación.

 

Un caso complejo

Las dudas surgieron durante la administración del exgobernador Daniel Peralta y la demanda de la clínica privada aparece en 2016, pocos meses después de la asunción de Alicia Kirchner, cuya gestión se negó a pagarle a la empresa las sumas que reclamaba, entendiendo que había sobrefacturación.

Si bien este es el argumento central, que surge de la revisión de los expedientes, lo cierto es que los abogados de la obra social nunca denunciaron esta situación. Es más, históricamente la gestión anterior convalidó y reconoció las deudas con Medisur.

Pero, ¿cómo se componen esas deudas? Como la CSS se demoraba en corregir los pagos por las prestaciones brindadas por la clínica a sus afiliados, en el año 2012, la CSS y Medisur hicieron un acuerdo en el que el Estado pagaba por el 90% de las prestaciones, y dejaba un 10% restante a verificar.

 

 

Sin embargo, la mala administración de la obra social intervenida y vaciada por la falta de transferencias de los aportes - la historia es bien conocida- hizo que durante esos años no hubiese una revisión real de lo que la empresa les facturaba mensualmente.

Se cree entonces que, a sabiendas de esto, la empresa de medicina privada de esta capital habría facturado de más, es decir, por encima del 10% que quedaba sujeto a revisión.

 

La obra social cree haber encontrado sobrefacturación, pero no denunció

El acuerdo no era beneficioso para la CSS, ya que una de las cláusulas decía que si pasaban 60 días sin que la obra social hiciera las correcciones de la facturación, la deuda se consideraba legítima de forma automática.

Luego de la asunción de Kirchner, en el mes de abril, el nuevo interventor de la CSS, Leandro Zuliani, y su equipo iniciaron un proceso de revisión de los expedientes de distintos años, al azar, y detectaron que esas deudas que durante cuatro años se habían acumulado en función del 10% que la CSS dejaba pendiente de pago, estaban “infladas”.

Por esa razón, se negaron a aceptar el reclamo de la empresa, y le advirtieron que si acaso quería cobrar ese dinero, lo judicializaran. A eso se sumaba que aparentemente en muchos expedientes faltaba documentación de respaldo.

“Lo que nunca entendimos de la administración anterior es por qué no corregían un expediente cada tanto, algún ajuste, algún pago, para que esto no se acumule” dijo una fuente a La Opinión Austral, sobre la administración anterior y que, a fin de cuentas, sostiene la idea de que si Medisur ganó, fue por impericia.

La causa “Medisur S. A C/ La Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz Expte 19.622/18” tiene mucho carretel todavía, no sólo en tiempos de feria extraordinaria, sino porque los plazos que manejan las Cámaras de Apelaciones, una eventual Casación y hasta la Corte, “de ser necesario”, como le dijeron a este diario, pueden demorar años.

 

Originalmente, la clínica privada le reclamó a la CSS la suma de $21.9 millones por la prestación de todas sus especialidades: internación, tratamientos ambulatorios, cirugía, guardia, urgencias, consultorios y servicios complementarios de estudios de ecografía, radiología digital, tomografía, mamografía, medicina nuclear, cardiología nuclear, ecodopler, kinesiología, entre otros.

“Desde enero de 2012 el 10% fue retenido y no abonado, pese a que se realizaban en debida forma las conciliaciones de las presentaciones y sin observaciones” dice el fallo de Marinkovic, en el que se lee que cuando asumió el gobierno actual, ese porcentaje bajó al 5% de la facturación mensual, para ser retenido, revisado y pagado.

El 26 de mayo de 2016, la CSS remite una nota en la que expresamente ofrece revisar la deuda existente en referencia al 10%. Pide revisarla, pero no la desconoce. A su vez, la contestación de Medisur fue “que no acepta realizar auditoría compartida por el 10% de la facturación por el periodo de los años 2012 a 2015 en virtud de que dicha deuda fue consolidada y conciliada”.

En octubre del mismo año, comienzan las intimaciones.

 

Desde enero de 2012, el 10% fue retenido y no abonado por la CSS

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Entre otras cosas, la CSS pide la participación de un perito, porque otra cláusula del acuerdo con esa clínica decía que la obra social tenía que tener, a su vez, una bonificación del 10% en el pago de los medicamentos, sustancias de contraste o materiales biomédicos, ¿por qué?, porque la CSS se los compra a las farmacias ambulatorias a valores Kairos, que es la revista que todos los meses tiene un precio actualizado de la industria farmacéutica. Ergo, si la CSS compra más barato, sus afiliados no pueden pagarla más cara.

 

La CAJA todavía no está normalizada

 

En noviembre del año pasado, Diputados aprobó con modificaciones el proyecto del Poder Ejecutivo para ponerle fin a décadas de intervención en la obra social estatal.

La Caja de Servicios Sociales funcionará como ente autárquico, con capacidad para actuar pública y privadamente, siendo obligatorio el ingreso a la misma para el personal en relación de dependencia de los tres poderes del Estado Provincial.

La ley creó un Directorio, que estará integrado por un Presidente y cuatro vocales, de los cuales el presidente y dos vocales serán designados por el Poder Ejecutivo. Los otros dos serán elegidos por los afiliados de la Caja y representarán a trabajadores titulares activos y titulares pasivos.

Desde la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo tenía 180 días para convocar a las elecciones del directorio, sin embargo, como consecuencia de la pandemia, los instrumentos legales que se fueron emitiendo incluyeron la suspensión de los plazos administrativos.

Respecto de su financiamiento, la ley garantizaba que este provenga de los aportes de los afiliados y afiliadas, otra discusión pendiente en función de la ley de coparticipación que todavía el parlamento santacruceño no trata

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