“Buscamos un cuerpo”. El juez Carlos Narvarte fue tajante y contundente para referirse por primera vez al crimen del exsecretario presidencial, Fabián Gutiérrez, ocurrido hace dos años en la ciudad de El Calafate.

Cuando todavía se hablaba de su desaparición en la villa turística, en Santa Cruz y en todo el país, el magistrado aseveró la noche del 3 de julio de 2020 que el empresario ya estaba muerto. Su declaración fue al salir de la casa donde, junto a peritos de la Policía, habían revisado todo y notaron -con luminol- que estaban en presencia de la escena de un crimen. Los asesinos habían limpiado toda la sangre antes de huir.

 

Horas antes, el 2 de julio, Gutiérrez se había reunido en su casa con Facundo Zaeta, joven con quien tenía cierto vínculo y de quien recibía “nudes” (NdR: imágenes provocativas) por celular. Él tenía todo planeado. Nieto de un reconocido escribano de la ciudad, había pergeñado un plan para seducir al empresario -que recientemente se había instalado en la villa turística- y así poder acercársele y robarle dólares. “Dinero de la corrupción”. Tenía la fantasía de poder robarle millones.

Solo no iba a poder hacerlo. Según consta en el expediente judicial que lo procesó como autor del delito de “homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía”, le contó la idea a su amigo Facundo Gómez y este hizo lo propio con su empleado Pedro Monzón, quien trabajaba para la concesionaria de autos de su padre.

Facundo Zaeta

Los tres torturaron y golpearon al empresario, luego de que Zaeta lo noqueara de un certero golpe de puño en el rostro. Le pedían dinero. Fueron horas de golpes y sufrimiento, hasta que finalmente -según la causa- Zaeta lo ahorcó con un cable, aunque este acusa a Gómez de haber sido el autor material del homicidio.

Pedro Monzón

Lo trasladaron en la propia camioneta de Gutiérrez a un descampado cerca de una cabaña que alquilaba uno de ellos. En el trayecto le dieron tres puntazos en el cuello para asegurarse de que estaba muerto. La situación se les había ido de las manos. Terminaron enterrándolo y su cuerpo fue hallado dos días después, luego de que Monzón se quebrara ante las autoridades y confesara.

La causa no tiene fecha para el juicio. Se estima que podría realizarse recién en 2023.

La detención del trío se había dado ese mismo día -4 de julio- por la madrugada. Mientras que la oposición buscaba sembrar sospechas y utilizar políticamente el caso, la Justicia y la Policía de Santa Cruz -el ministro de Seguridad Lisandro De La Torre y el jefe policial José Luis Cortés viajaron a El Calafate a supervisar el trabajo- esclarecieron rápidamente el crimen, deteniendo a los autores materiales.

Carlos Narvarte, juez de la causa.

Ahora bien, lo que nunca pudo descartarse ni confirmarse durante la instrucción es si hubo o no más partícipes en el hecho. No en el homicidio per se, sino en el encubrimiento del delito. Agustín Zaeta, hermano mayor de Facundo, había sido demorado en ese sentido, pero luego fue sobreseído por el juez Narvarte.

Hoy, con el expediente -consta de 3.460 fojas en 18 cuerpos- en la Cámara Oral de Río Gallegos esperando ser analizado y que se fije una fecha para el juicio, la querella -a cargo del doctor Gabriel Giordano y Sandro Levín– marcó que buscará establecer durante el debate oral quién o quiénes ayudaron a estos tres jóvenes a deshacerse del cadáver de Gutiérrez.

Por su parte, la defensa de Zaeta, el doctor Carlos Telleldín, busca profundizar que el autor intelectual y asesino fue Gómez, sobre quien en la instrucción sembró la sospecha de un ajuste de cuentas por un vínculo comercial que tenía su padre -con la concesionaria de autos- con la víctima.

La abogada de Monzón, Carolina Scamperti, intentará que cambie la calificación legal del hecho -que puede llevar a los tres a una cadena perpetua- y que su pupilo, quien declaró recientemente que “llegué y Gutiérrez estaba muerto”, sea considerado como “partícipe secundario obligado”. Misma lógica encararía Ricardo Camutti, defensor de Gómez.

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