FUERON A LA JUSTICIA

El Gobierno de Santa Cruz puso un freno a odontólogos

El Estado reglamentó la ley que regula la profesión para evitar que sean ellos quienes fijen los valores de consulta. Como lo que se cobran les parece poco, les hacen sumarios a los odontólogos que hacen acuerdos con las obras sociales de manera directa.

Por La Opinión Austral


De un tiempo a esta parte, el Colegio de Odontólogos de Santa Cruz se mantiene en pie de guerra contra la Caja de Servicios Sociales, a la que exige actualización de los pagos, argumentando aumento de costos.

Ya con el arranque de la pandemia, la organización decidió comenzar con el cobro extra a los pacientes, un denominado “plus Covid” de alrededor de dos mil pesos por consulta, además de la obra social, para la utilización de equipamiento descartable como trajes y mascarillas.

Cuando esto pasó, la obra social de los estatales puso el grito en el cielo, pero también diversos sectores de la medicina que no cobran un peso por encima de los bonos de la obra social.

“Ellos poseen el kit para atender infectados, por ejemplo con HIV, por lo que ya tienen la indumentaria y el protocolo acorde. El cobro suena a extorsión, amenazan a los prestadores diciéndoles que no pueden trabajar sin un arreglo”, le había dicho entonces a La opinión Austral el interventor Federico Esteso, que luego sería reemplazado en el cargo.

Durante este año, el Colegio de Odontólogos llevó adelante algunos cortes del servicio, mientras el Gobierno trasladó el tema al Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina.

Pero la diatriba se agravó ahora que el Gobierno tomó cartas en el asunto y, en vez de seguir resistiendo los intentos de aumentar el cobro, reglamentó la Ley del Colegio de Odontólogos.

A esa determinación de Alicia Kirchner los integrantes de ese espacio decidieron llamarle “intervención”, pero en realidad no lo es.

El Colegio de Odontólogos de Santa Cruz sostiene que ellos establecen sus aranceles mínimos éticos y que, por lo tanto, son esos los que deben cobrar sus colegiados ante la Caja de Servicios Sociales.

Vale recordar en este punto que los convenios que firma la obra social estatal con los profesionales son individuales, es decir que no necesitan de la supervisión del colegio y, por lo tanto, este no tiene facultades para decir que tal o cual profesional lesiona a la profesión por cobrar una suma que a ellos les parece mínima.

Aun así, “si los odontólogos le cobran a la Caja menos, son sumariados y perseguidos”, dijo un profesional a La Opinión Austral este domingo.

 

 

Esta política se mantiene no sólo con los montos que acuerdan los odontólogos con la CSS, sino que también alcanza a otras obras sociales. “Pasa con OSDE, Swis Medical” y por eso estas empresas coinciden en apoyar la tesitura del Gobierno de Santa Cruz.

Lo que cambió ahora es que, como el Estado no va a permitirle a la institución que maneje los valores de las consultas, recientemente reglamentó la ley que los regula y con ello estableció que esos aranceles “mínimos éticos” lo son para las relaciones con privados.

Así las cosas, el Colegio de Odontólogos decidió ir con un amparo ante los estrados del juez riogalleguense Francisco Marinkovic, argumentando que el Gobierno se había excedido en sus facultades y que no podía gobernar los números que puede pagar o no un usuario del servicio, sino que, por el contrario, ellos ponen los precios.

Así las cosas, existe una propuesta elaborada para llegar a un acuerdo, sin embargo no habría intenciones de avanzar por parte de los profesionales privados.

En efecto, es importante aclarar que nunca, en estos años de existencia del Colegio de Odontólogos, fue esta institución quien fijó los valores de las consultas, ya que hasta acá fue una potestad de las obras sociales, que son las que pagan a los profesionales que hoy son amenazados con sumarios por cobrar lo que la institución considera que no es suficiente

Noticias relacionadas

Por

Noticias relacionadas

Comentarios
Seguí leyendo

Lo más leído

Más noticias