NO FUE LA CRISIS DE CRECIMIENTO, FUE VACIAMIENTO

En plena pandemia, el Samic pagó una millonaria deuda

La AFIP ganó un juicio al hospital, que en la era Cambiemos no hacía aportes. Mientras lucha contra el COVID, tuvo que pagar 13 millones de deuda. Verónica De Cristófaro lo confirmó a La Opinión Austral.

Por La Opinión Austral


El hospital de alta complejidad de la red Samic, de El Calafate, tuvo que hacer frente a una millonaria deuda que generó el ex interventor del macrismo Gastón Ortiz Maldonado. Fue luego de perder un juicio contra la AFIP, por retener aportes de los trabajadores y utilizarlos para otra cosa.

“El Estado somos todos, ¿quién pagará los platos rotos de un Estado que denigró un ministerio?, sólo un Estado que lo volvió a poner en su lugar”, le dijo a La Opinión Austral Verónica De Cristófaro, que integra el Consejo Directivo del hospital.

La médica confirmó que el Samic perdió un juicio iniciado por la AFIP, que les reclama más de 200 millones de pesos, por desviar los aportes del personal. De ese total, y en este contexto, el hospital sólo pudo hacer frente a 13 millones.

A los platos rotos los pagamos todos, la construcción de la salud la hacemos todos, los costos de un gobierno neoliberal los pagan los más vulnerables siempre. Pero estamos de pie, construyendo derechos, reforzando el ejercicio de la democracia con pequeños y grandes gestos”, indicó De Cristófaro, lamentando haber tenido que orientar esos recursos al pago de una deuda, en un escenario en el que la salud pública está exigida al máximo.

Además, recordó que durante la gestión del interventor Gastón Ortiz Maldonado, que aseguraba públicamente que las fallas en el Samic obedecían a una “crisis de crecimiento”, “fueron vulnerados los derechos de los trabajadores, y en este acto se incumplieron pagos, que el Estado necesitaba para otros derechos”.

Sistemáticamente y tal como publicó en reiteradas oportunidades La Opinión Austral, Ortiz Maldonado retuvo los aportes al personal del hospital, pero no los transfería al organismo pertinente; en cambio de eso, los reutilizaba- según admitió al final de la gestión- en pagar sueldos.

El contexto de esa situación era la negativa del Gobierno Nacional de darle al hospital una partida presupuestaria, incluso, el nosocomio fue eliminado del Presupuesto 2019.

Espero que aprendamos que un empresario en el poder no es nada más que un empresario en el poder, difícilmente pueda pensar en términos de derechos y garantías del pueblo”, marcó luego la médica, asegurando que es necesario defender “un Estado presente para todos y no sólo para los amigos del poder”, sobre todo hoy cuando “la pandemia exige un estado presente”.

Así las cosas, De Cristófaro se preguntó “cuántas cosas hubiéramos podido hacer con ese dinero. Cuántos profesionales podrían haber venido a radicarse en nuestra tierra”.

Hay que recordar que Ortiz Maldonado está denunciado penalmente en el fuero federal por iniciativa del gremio ATE.

Un día después de que se conocieran los nombres de las autoridades designadas por el Gobierno de Alberto Fernández para encabezar el Consejo de Administración del Hospital de Alta Complejidad de la red Samic, La Opinión Austral accedió al informe final de auditoría, realizado por Diego Cerrudo, la persona que quedó a cargo después de que, con la derrota de Cambiemos, Ortiz Maldonado desapareciera completamente de la institución.

El informe hace una cronología de cómo el macrismo decidió intervenir el hospital, algo que este medio gráfico publicó en varias ocasiones para dar contexto a la grave crisis en el nosocomio, y recuerda cómo el primer interventor que hubo Leonardo Riera fue echado luego de que dijera públicamente que no existía crisis alguna en el Samic.

“Evaluar con especialistas en derecho penal la posible comisión de delitos contra la administración pública, y denunciar a los responsables de tales hechos”, decía el informe, que mencionaba directamente al interventor macrista e incluía al ex ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus.

También, se solicitóevaluar otros incumplimientos e ir a la Justicia Penal por la falta de aportes previsionales de los empleados y empleadas del Samic, del pago de las obligaciones impositivas a la AFIP, desvío de fondos presupuestarios ...”, entre otros posibles delitos que al menos la AFIP pudo probar

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