GRASSO DURÍSIMO CONTRA LA EMPRESA

La transición con los colectivos de Maxia en Río Gallegos durará unos 6 meses

El intendente de la capital santacruceña se mostró furioso con la empresa concesionaria del transporte público, luego de que mantuvieran una reunión, la primera en lo que va de la gestión, para analizar los mayores costos que reclama Maxia.

Por La Opinión Austral


El viernes, el juez civil Marcelo Bersanelli le ordenó a la empresa retomar el servicio durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y al municipio, depositar los fondos pendientes por los subsidios.

La transferencia se hizo por poco más de cinco millones, sin embargo, Maxia no salió.

Les pagamos $ 5,3 millones porque dijeron que no tenían plata y que iban a poner sólo cuatro colectivos para circular. Nos toman el pelo”, dijo el intendente Pablo Grasso en declaraciones a LU12 AM680, La Radio de la Gente, donde se mostró ofuscado con la tensión que desde hace meses existe con la firma.

 Serían los últimos 6 meses de Maxia en Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA
Serían los últimos 6 meses de Maxia en Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA

Tal como adelantó La Opinión Australeste fin de semana, la empresa ya no tiene resto para continuar, y en la reunión que tuvo lugar este lunes, esto fue ratificado.

Además, tras cartón, el secretario de Hacienda del Municipio, Diego Robles, confirmó que se inició una transición que durará aproximadamente entre cinco y seis meseshasta que finalmente se vayan.

 La empresa puso a funcionar 5 colectivos durante la transición. El intendente se enojó y dijo que son unos chantas. FOTO: JOSÉ SILVA
La empresa puso a funcionar 5 colectivos durante la transición. El intendente se enojó y dijo que son unos chantas. FOTO: JOSÉ SILVA

Maxia no contaba con antecedentes de larga data. Su nacimiento se dio en Caleta Olivia de la mano de la gestión de Cambiemos, cuando el intendente Facundo Pradesles adelantó nada más y nada menos que $ 9 millones para empezar a funcionar.

El segundo desembarco, fue la capital de Santa Cruz, en la gestión del intendente macrista Roberto Giubetich, quien les adelantó otros $ 21 millones para empezar a operar.

Ahora, la administración de Grasso busca iniciar conversaciones con otras empresas, algo que buscan desde hace meses, aunque todavía prefieren guardar celosamente esas instancias.

 “Ellos nos deben plata a nosotros”, aseguró Grasso.
“Ellos nos deben plata a nosotros”, aseguró Grasso.

“Queremos un servicio de transporte público distinto, que se preocupe por el vecino, por poder llegar a destino y por tener los recorridos como corresponde”, explicó el jefe comunal, que luego acusó a Maxia de ser los que realmente están en deuda.

“Ellos nos deben plata a nosotros. La gestión anterior le dio plata para comprar colectivos y ahora te exigen mayores costos”, agregó, en relación al reclamo que comenzó el 15 de enero, con la primera carta documentoen la que Maxia exigió el pago de una deuda por los subsidios municipales y aumentos a la estructura de costos.

 El viernes, el juez civil Marcelo Bersanelli le ordenó a la empresa retomar el servicio. FOTO: JOSÉ SILVA
El viernes, el juez civil Marcelo Bersanelli le ordenó a la empresa retomar el servicio. FOTO: JOSÉ SILVA

El contrato que firmaron con Giubetich dice que deben circular con un total de 22 unidades, pero que además estas debían tener ciertas características, como por ejemplo ser, algunas cero kilómetro, y otras, tener menos de diez años, sin embargo, se sabe que en el último tiempo dieron de baja, al menos, a cuatro colectivos que no fueron sustituidos.

Los subsidios que recibe Maxia son dos: $ 126 mil por unidad que se pagan de forma mensual y una compensación de subsidios nacionalesque aparece luego de que la administración de Cambiemos eliminara el esquema para fomentar el transporte público. Así, se llega a la suma de $ 147 mil por cada colectivo al mes.

“No queremos más a esta empresa de colectivos, son unos chantas”, lanzó ayer Grasso, asegurando que “si la gente necesita viajar, yo se lo tengo que garantizar”, y que “si no puedo y la empresa no quiere porque es una extorsionadora, se tiene que ir”, insistió, reiterando que no están dispuestos a pagar los cerca de $ 12 millones que les reclaman.

Claro que la versión de la empresa es bien diferente, y en declaraciones recientes de su gerente Mario García a este diario, dijo que el Municipio de Río Gallegos les debe “$ 27 millones por los servicios prestados hasta la fecha”

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