LO QUE DEJÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA

La puja por la tarifa se debatió entre inflación y renta extraordinaria

La licenciataria que da el servicio en el sur del país afirma que el porcentaje que propone está por debajo del IPC y la variación salarial. El defensor de los Usuarios le recordó que tuvieron una “renta extraordinaria”, que hoy es objeto de investigación judicial.

Por Raúl Figueroa


En el marco de la Audiencia Pública realizada entre el lunes 15 de marzo y el jueves 18, las distintas compañías expusieron sus propuestas para una adecuación transitoria de la tarifa de distribución; en la mayoría de los casos coincidieron en torno al 50% de incremento.

Para la zona sur, sin embargo, las propuestas oscilan entre el 68 y 75%.

Durante la Audiencia Pública celebrada el martes 16 de marzo, Camuzzi Gas del Sur ofreció dos alternativas de incremento en la Tarifa de Distribución, con distintas modalidades de impacto que, de acuerdo con la presentación que formuló la compañía, tendría variaciones en la factura actual que van desde los 51 pesos por mes en usuarios residenciales de consumo bajo, hasta los 760 pesos mensuales de incremento en el caso de las PYMES.

 

Para la zona sur del país la empresa plantea una suba tarifaria que ronda entre el 68 y el 75 por ciento

 

La provincia de Santa Cruz es área de distribución de Camuzzi Gas del Sur, que presta el servicio en gran parte del territorio santacruceño, aunque hay una parte del servicio que ha sido cedida a un subdistribuidor, que en este caso es Distrigas, que también abastece una parte de Río Gallegos, junto a Camuzzi, mientras que en localidades del flanco norte abastece con GLP (Gas Licuado de Petróleo).

 

“La Tarifa de Distribución es el único ingreso que sustenta las actividades de Camuzzi y representa un porcentaje menor en la tarifa final, del 18 por ciento en el caso de Gas del Sur, por lo que los usuarios pagan más de impuesto que de servicio”, explicó el gerente de Relaciones Institucionales de la compañía, Rodrigo Espinosa, al presentar una síntesis de la ponencia de la compañía, ante el requerimiento de Santa Cruz Produce.

Las dos alternativas

La empresa propuso para la Patagonia, en su alternativa 1, una variación del 75% para todos los usuarios (sin distinción de residenciales y comerciales), como también en los cargos fijos y variables. Dicho porcentaje fue reflejado en valores concretos de la factura, con algunos ejemplos de usuarios promedio.

 

Ejemplificó que para un usuario residencial de consumo bajo, el incremento mensual sobre la tarifa de distribución, reflejada en su factura sería de $ 51 pesos.

Para un consumidor medio, el valor se elevaría hasta los $ 154 adicionales por mes. Y para una PYME, el aumento mensual tendría un promedio de $ 757.

 

En la alternativa 2, la propuesta prevé un incremento del 85% en el cargo fijo y del 68% en el cargo variable de Residenciales Comerciales, de entidades de bien público y subdistribuidores. Para el caso de GNC y Grandes Usuarios, se propone un incremento del 128% en los cargos fijos, variable y de reserva de capacidad.

 

 

Así, según los ejemplos presentados en esta opción, el aumento sería levemente superior para un usuario residencial de bajo consumo, siendo de $ 54 mensuales; pero para el residencial de consumo medio y las pymes, el incremento es similar a la alternativa 1.

 

Según el representante de la compañía, la “Tarifa de Distribución” es el único ingreso que sustenta las actividades de Camuzzi y representa sólo el 18% de la tarifa final para Gas del Sur y de un 17% para Camuzzi Gas Pampeana.

 

Defendió la tarifa de transición propuesta del 75% señalando que “dista sustancialmente del 128% IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor, que registra el INDEC y se toma como referencia para el sector) y se encuentra por debajo del 89% del Índice de Variación Salarial (IVS)”.

 

El defensor del Usuario recordó que en 4 años las tarifas crecieron más del 3.300%

 

Para Espinoza, las tarifas de transición propuestas podrían sostenerse durante un año, siempre que las variables de la economía previstas en el Presupuesto Nacional se cumplan. Y advirtió que un nuevo congelamiento tarifario “traerá aparejados la saturación de los sistemas (imposibilitando el ingreso de nuevos usuarios al gas), el deterioro de la cadena de pagos, como así también pondrá en riesgo la sostenibilidad y sustentabilidad del servicio público”.

Finalmente señaló que “el sector va a cumplir 30 años y sólo hubo estabilidad normativa entre 1992 y 1999, y luego entre 2017 y 2019. Esto ha generado sistemas saturados, operando al límite de su capacidad que impiden acompañar la incorporación de más usuarios al gas natural, y crecimiento de la demanda originada, en parte, por la falta de una señal de precios real”.

Empresas con “ganancias extraordinarias”

Totalmente en desacuerdo con el planteo realizado por las empresas, Francisco Verbic, defensor de Usuarios y Usuarias de Gas aseguró que “las licenciatarias tuvieron 4 años de renta extraordinaria”.

 

 El defensor de usuarios de gas, Francisco Verbic, cargó contra la pretensión de las distribuidoras.
El defensor de usuarios de gas, Francisco Verbic, cargó contra la pretensión de las distribuidoras.

 

El funcionario anticipó que la Justicia investiga si el incremento tarifario de 2016 a 2019 estuvo basado en hechos irregulares, lo que implicó una renta superior a $ 21.000 millones y la pérdida del servicio para más de 800.000 usuarios.

 

El defensor dijo durante la audiencia pública por las tarifas de gas, que las empresas licenciatarias tuvieron un “exceso de renta” que superó los 21.000 millones de pesos en los últimos 4 años, a partir de una distorsión, que es objeto de una denuncia penal, en el denominado “factor de actualización” de las tarifas de gas.

 

Las licenciatarias tuvieron 4 años de renta extraordinaria

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Por ello, cuestionó los argumentos de las empresas y reclamó que parte de esa renta extraordinaria se utilice para que el ajuste de valores sea razonable y no excluya a más usuarios del servicio de gas.

 

La situación de los usuarios ha sido dramática entre los años 2015 y 2019 expresó el defensor en su exposición- debido a una gestión de gobierno que no se ocupó de protegernos, sino que, por el contrario, violó sus deberes convencionales, constitucionales y legales con la clara finalidad de asegurar niveles de rentabilidad absolutamente extraordinarios para las empresas del sector”.

El defensor fundamentó sus expresiones “en los balances de las empresas, y en hechos que están siendo investigados por el Poder Judicial ya que pueden implicar, lisa y llanamente, la comisión de delitos en ejercicio de la función”.

 

En ese marco, recordó la denuncia penal promovida desde el ENARGAS basada en los resultados de la auditoría realizada sobre lo ocurrido en el sector durante el período 2015/2019.

“Esa denuncia se funda en la presunta manipulación del factor de actualización de la base tarifaria, lo cual, como sabemos, tuvo un enorme impacto en la tarifa del servicio que debimos enfrentar como usuarios y usuarias”.

 

800.000 usuarios fuera

Según el defensor, a consecuencia de dicha manipulación “hubo un incremento del 3.300% para este componente tarifario”, lo que derivó en un “fuerte, injusto e irrazonable impacto en las facturas. Un impacto que provocó serios problemas en la capacidad de pago y accesibilidad al servicio, especialmente en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

 

Como prueba de ese impacto negativo, detalló que entre 2015 y 2019 el número de usuarios residenciales endeudados por el servicio de gas por redes creció en 800.000 unidades de medidores. “Esto implica que para 2019, sobre el final de la gestión de gobierno anterior, 4 de cada 10 hogares no podía pagar el gas”.

 

Por la suba de tarifas, 800 mil usuarios perdieron el acceso al servicio de gas natural

 

Reflejada en montos, esa deuda de los hogares argentinos con las distribuidoras de gas alcanzó al final del mandato de Juntos por el Cambio a $ 15.416 millones. Cuatro años antes, al final del mandato de Cristina Fernández en 2015, el monto adeudado era de sólo $ 2.064 millones.

 

El panorama descripto fue aún peor para las pymes, ya que el 53 por ciento del total de empresas pequeñas y medianas terminó endeudado en 2019. Antes, un total de 13.700 unidades debieron desconectarse del servicio.

Ganancia empresaria

En su informe, Francisco Verbic detalló que el factor de actualización, cuestionado por la denuncia penal antes mencionada, posibilitó una alta rentabilidad para las empresas del sector. Reiteró que las empresas tuvieron un “exceso” de renta de 21.255 millones de pesos en el período 2017-2021.

 

Paralelamente, en el período 2015-2019 se produjo el menor crecimiento de la red domiciliaria de gas, contando desde el año 1996.

Y añadió: “Esto significa que la rentabilidad extraordinaria obtenida por las empresas no se vio reflejada en inversiones que permitieran mayor accesibilidad al servicio (dato que las empresas han intentado desdibujar en sus presentaciones del día de hoy, al referirse a obras realizadas desde inicios de la década del 90)”.

 

Dicha apreciación fue basada en que, a partir del planteo de las empresas durante la misma audiencia, interpretó que “parecen sugerir la intención de recuperar su rentabilidad extraordinaria y disminuir los efectos que sobre tales ganancias tuvo el congelamiento de tarifas oportunamente establecido”.

 

Aclaró sin embargo que su postura no apunta a plantear que las licenciatarias no tengan derecho a una rentabilidad razonable, “porque eso es condición para la correcta prestación del servicio. Lo que estamos diciendo es que resulta ineludible considerar nuestra historia más reciente y el contexto actual para comprender lo que estamos discutiendo hoy acá y para analizar los pedidos de las empresas”.

En concreto, enfatizó que la rentabilidad extraordinaria “debería reflejarse en un compromiso social que permita mantener la tarifa de transporte y distribución del gas, en este escenario de revisión transitoria, dentro de parámetros justos y razonables como exige la ley que regula el servicio”.


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