Maxia dilata la entrega de llaves y el Municipio acudió a la Justicia

Inició la semana y el restablecimiento del servicio del transporte urbano de pasajeros es una incógnita en Río Gallegos. El secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Jorge Cabezas, ratificó a La Opinión Austral que -hasta este lunes- continuaban sin receptar las “llaves de las unidades, al igual que los títulos de los colectivos, los contratos del personal”, entre otra documentación de Maxia SRL, luego que la semana pasada tomaran posesión de los bienes por orden del Juzgado Civil N° 1.
Aseguró que el plazo otorgado por la vía judicial concluyó el sábado último, así fue que se pusieron en contacto con el gerente de la empresa, Mario García, quien informó que cuando sus representantes legales lo autoricen procederá a la entrega.
“En caso que persista esta posición, seguramente se ordenará un allanamiento, Maxia tiene derecho de apelar o iniciar otras acciones, pero mientras la Cámara Civil resuelva la presentación realizada, debe cumplir con lo dispuesto por el Juzgado”, concluyó.

Cámara de Apelaciones

Mientras tanto, en la mañana de ayer, LU12 AM680 dialogó con el Dr. Mauricio Mariani, abogado de la compañía. Relató que al cierre de la semana pasada presentaron un recurso en la Cámara de Apelaciones solicitando la suspensión de la medida ejecutada por el juez Marcelo Bersanelli, debido a una “serie de irregularidades”.

Además, “pedimos que se establezcan medidas de control de la posesión que hizo el Municipio sobre el patrimonio de la empresa. El juez Bersanelli no dispuso nada en ese sentido. Así es que demandamos que personal de la empresa sea designado como depositario conjunto, hasta tanto la Cámara resuelva nuestra presentación ante las irregularidades denunciadas”.
“Aun no fuimos notificados, estamos a la espera que lo hagan en lo inmediato, porque se ha requerido con urgencia y el contexto amerita una resolución inmediata”, recalcó.

En esta sintonía, Mariani recordó que el municipio “no definió el costo del servicio reducido, en una audiencia del 15 de mayo, reconocieron que no tenían fondos para dar cumplimiento a los pagos por las prestaciones”, “así fue que el juez dispuso que salgan cinco unidades y ordenó que se trabaje en el costo, mientras que en un plazo de 90 días se haga un llamado a licitación”.
El abogado aseguró que a pesar de lo recomendado por la Justicia, “no tuvimos respuesta, por lo que transcurrido un plazo prudencial formalizamos una oferta por Mesa de Entrada (del Municipio), actuamos de acuerdo a lo recomendado por el juez a quien pusimos en conocimiento que el Ejecutivo guardaba silencio”.

Una vez más, denunció que “estos requerimientos no se agregaron al expediente”, alertando que se trata de una “grave irregularidad porque se dispuso de una medida sin escucharnos”.

En cuanto a las finanzas, dijo que en mayo la compañía percibió “$ 4 millones, sólo en salarios hay un costo de $ 6 millones, a lo que se le debe sumar el mantenimiento y funcionamiento de las unidades”, observando el mal estado en que se encuentra la traza vial de Río Gallegos.

Más adelante, analizó que los funcionarios “hicieron declaraciones mediáticas, pero no condice con los expedientes”. “Cuando el Estado toma conocimiento de un acto lesivo a sus intereses puede acudir a la Justicia y revocar lo que firmó porque atenta contra sus intereses, pero nunca procedieron de esta manera”. Mariani aseguró de esta manera que la gestión de Pablo Grasso no formalizó por las vías correspondientes su decisión de ponerle punto final al contrato del transporte público por ser oneroso.

“De la deuda que dicen que Maxia tiene ($ 35 millones) son simples declaraciones periodísticas, inclusive reconocieron que tiene que reducir el servicio porque no cuentan con fondos para cumplir con esos compromisos”, disparó.

Al cierre de esta edición, el diputado por Pueblo Eloy Echazú dijo a LU12 que el “transporte de pasajeros fue cedido por orden judicial para que la gente tenga acceso al servicio”.