TRANSPORTE PÚBLICO

Río Gallegos irá a la Justicia para reclamar $35 millones a Maxia

Es por un adelanto del subsidio que hizo la gestión del ex intendente, Roberto Giubetich, para iniciar el servicio. Además, el Ejecutivo local denunció que los coches no están patentados en la ciudad. Hoy vence el plazo para que la empresa entregue las llaves.

Por La Opinión Austral


El día después que tomó posesión de las unidades y de la base de Maxia por orden judicial, el Ejecutivo local quedó a la espera de la entrega de las llaves de los vehículos, instancia que le permitirá verificar si los mismos están en condiciones de circular.

Con la medida dictada por el Juzgado Civil N° 1, el Gobierno local asumió la responsabilidad de cuidar las unidades, pagar el alquiler de la base y abonar el salario de los trabajadores. Mientras tanto, avanzará en el llamado a licitación en un contexto desfavorable.

Verificaciones

El secretario de Hacienda, Diego Robles, dijo por LU12 AM680: “Cumplimos con la sentencia judicial, el juez nos designó como depositarios judiciales. Estaba previsto en las cláusulas de contrato de concesión para garantizar el recorrido”.

En las inspecciones encontraron que algunas unidades tienen las “verificaciones técnicas vencidas, tendremos que hacer un análisis de cada una. Los mecánicos tomaron contacto con los coches”. Al ser indagado si es posible que Maxia se niegue a la entrega de llaves, dijo: “No sería una opción viable, está estipulado en la sentencia del juez. No creo que la rebeldía llegue hasta allí, tienen las herramientas judiciales para hacer las apelaciones que consideren”.

“El horizonte es que el servicio regrese”, ratificó Robles. El Municipio está apurado por las bajas temperaturas que se registran. “Somos conscientes que los pasajeros trastocaron su ritmo de vida en estas circunstancias”, deslizó.

La UTA se reunió con autoridades municipales buscando garantizar los puestos de trabajo

La posesión de los bienes “es una instancia transitoria, preferíamos que la empresa se quedara, pero cumpliendo los compromisos”. Sin embargo, se transformaron en “una suerte de aventureros que vinieron a meterse en un negocio para llevarse plata del Estado y ante el menor traspié, deciden irse”.

Más adelante, contradijo al Dr. Santiago Pinto (representante legal de la compañía) que comparó a Maxia con “Vicentin”. “Está muy lejos de eso, primero porque aquella es una empresa privada concursada y uno de los mayores acreedores es el Estado Nacional, mediante el Banco Nación”.

Regresando a nuestra ciudad capital, señaló que “Río Gallegos es uno de los principales acreedores de Maxia, el año pasado obtuvo adelantos de subsidios por $ 27 millones, hoy -actualizados al valor del litro de gasoil- suman más de $ 35 millones. Esta deuda corre en paralelo a la posesión que se ordenó”.

“No expropiamos, ni tenemos la propiedad de los colectivos, el juez -en base a lo que dispone el contrato- decidió que la empresa deje de prestar el servicio hasta que llegue una nueva a hacerse cargo de la concesión. Está lejos de ser Vicentin, estamos en una transición para mejorar el servicio”, repitió.

Remarcó que la decisión de Bersanelli no adjudica al Municipio la figura de propietario, mientras que “tampoco es nuestra intención hacernos cargo del transporte. Ni siquiera se ha generado una empresa” para ese fin, como sí lo hizo la Municipalidad de Ushuaia.

Historial

Revisando el historial, el secretario de Hacienda puntualizó que en Caleta Olivia y Río Gallegos, la ex concesionaria desembarcó de “manera irregular” y hubo observaciones del Tribunal de Cuentas.

En la ciudad capital, luego de ser declarada desierta la licitación, “Maxia fue contratada de forma directa en condiciones distintas a las estipuladas en el pliego. No hubo una libre participación de los oferentes y eso perjudicó las arcas del Municipio”.

La relación entre los choferes y el Ejecutivo local es “positiva y equilibrada”

“Luego no cumplió con el contrato. Las pocas unidades 0 km. están adquiridas en leasing, es decir que no las pagaron”. Agregó que “las unidades están patentadas -en su mayoría- en Comodoro Rivadavia y otras ciudades. Algunas ni siquiera figuran a nombre de Maxia”.

“¿Que tienen más allá del sello?, no lo sé”, despuntó. “Nos disponemos a iniciar un proceso de acreencias cruzadas, ellos reclaman deudas que rechazamos por irregulares y perjudiciales para el Estado. Habrá una denuncia penal”.

“No es el mejor momento para una licitación, el transporte es uno de los sectores más castigados por el distanciamiento y está en conflicto en muchos lugares del país”. De todos modos, el Ejecutivo avanza en la conformación de la Comisión de Transporte, cumpliendo la Ordenanza N° 8.575, para lanzar un nuevo concurso

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