Tal como anticipara La Opinión Zona Norte el pasado 21 de abril, el Gobierno está gestionando ante el Gobierno Nacional la obtención de un préstamo por unos $ 2.000 millones a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. De este monto, una parte será destinada a los Municipios.

La Legislatura Provincial se apresta a aprobar en el día de hoy el proyecto 074/2020 por el cual se autoriza al Gobierno a endeudarse por un monto que no se precisa. De no haber cambios en el texto oficial, la norma del Ejecutivo plantea que el máximo a obtener lo dará el nivel de los servicios que genere dicha deuda. El pago del capital e intereses no puede superar el 15% de la cifra anual que, por coparticipación, se gira a los Municipios.
El año pasado fueron casi $ 7.000 millones lo transferido a las comunas. En tanto que durante el 2019, se amortizó capital por $ 2.448.162.869 y se pagaron intereses por otros $ 2.146.297.075. Lo que permitió que la deuda se redujera de los $ 10.425.256.838 iniciales a $ 7.365.744.586 al 31 de diciembre.

Condiciones

La mayor parte de la deuda de la provincia es con el Gobierno Nacional. Y se espera que siga siendo la principal fuente de financiamiento. De hecho, como parte del plan de auxilio a las provincias, Alberto Fernández puso a disposición $ 120 mil millones. La mitad se distribuye como ATN y de acuerdo al índice de coparticipación nacional. En tanto los restantes $ 60 mil millones se repartirán de acuerdo a las necesidades de cada jurisdicción como un préstamo a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP).
Recientemente el ministro Martín Guzmán sacó la resolución por la cual se determinan las condiciones con las que, de manera equitativa, se darán esos préstamos.

 

Porcentajes

De esta forma el monto final a otorgar a cada provincia se integrará un 60% en base a las necesidades reales de financiamiento en el corto plazo. Otro 20%, se determinará en el nivel relativo de atraso en las condiciones de vida de la población medido por las Necesidades Básicas Insatisfechas.
Y el 20% restante, atendiendo al grado de afectación relativo por la pandemia. Considerando, en partes iguales, la tasa de informalidad y cuentapropismo y el número de infectados cada 100 mil habitantes que posea la provincia.
También se dará prioridad a las provincias que “arrastran desequilibrios financieros estructurales, aquellas donde la desigualdad económica y de oportunidades es más profunda y donde el perjuicio de la cuarentena sobre los trabajadores en situación de vulnerabilidad es mayor”, sostiene la resolución.

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