DURANTE EL GOBIERNO DE CAMBIEMOS

Pablo González sobre los tarifazos de gas: “Derogamos una verdadera estafa contra la gente”

La Bicameral de DNU ordenó al ENARGAS revisar las tarifas de la era Macri. El diputado Pablo González fue la voz del oficialismo para bajar la estatización de la deuda que terminaron los usuarios. Cambiemos abandonó la reunión.

Por La Opinión Austral


En la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, conocida como Bicameral de DNU, que analiza el tratamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia que emite el Poder Ejecutivo, abordaron el encause de las política energética que, durante el gobierno de la alianza Cambiemos, privilegió a las empresas del sector.

La reunión se dio un día después de que el presidente Alberto Fernández tuviese comunicación con los Bloques del oficialismo y oposición. Sin embargo, al igual de lo que sucedió en la víspera, cuando el sector de Juntos por el Cambio no quiso cruzarse con el Frente de Todos, también este martes abandonaron el debate de la bicameral.

Los legisladores aprobaron el DNU 278/20, que dispone la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y designa al frente a Federico Bernal.

El encargado de fundar la posición por el oficialismo fue el diputado por Santa Cruz Pablo González, que manifestó la necesidad de intervenir el ente para cumplir con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que obliga a mantener las tarifas de energía eléctrica y gas por 180 días, respetando los principios de razonabilidad y accesibilidad. A su vez, la misión de Bernal es la de realizar una auditoría técnica, jurídica y económica del organismo.

 Federico Bernal, titular del ENARGAS
Federico Bernal, titular del ENARGAS

El DNU se aprobó únicamente con la presencia del oficialismo, porque la oposición no quiso discutir el DNU firmado por Mauricio Macri que estatizó la deuda generada en el año 2018 entre distribuidoras y productoras de gas, cuando hizo que el Estado Nacional asumiera la deuda privada de las licenciatarias de la distribución con las empresas productoras, debido a que el monto del contrato en dólares a tipo de cambio variable no fuera trasladado a las tarifas como había dispuesto el entonces secretario de Energía Javier Iguacel, y que en un primer momento, intentaron que los argentinos y argentinas pagasen en 24 cuotas.

“La Bicameral de DNU ordenó al Ente Nacional Regulador del Gas revisar las tarifas porque durante los años anteriores se dispusieron aumentos exorbitantes que afectaron gravemente el poder adquisitivo de la gente, por ejemplo a través del DNU 1053/18 que derogamos hoy, donde se formalizó una verdadera estafa contra la gente” dijo el diputado González sobre la estatización de la deuda y la dolarización de las tarifas, primero en cuotas y que luego, ante el repudio generalizado, fue absorbida directamente por el Estado.

Durante la sesión, varios legisladores se ocuparon de mencionar a Aranguren como el responsable de una serie de decisiones que comienzan a revertirse.

“Quisieron que pagaran los argentinos y ante el rechazo trasfirieron la deuda al Estado”, acusó la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

Por otro lado, sobre la figura de Bernal al frente del Enargas, hay que decir que mantiene buena sintonía con el Gobierno de Alicia Kirchner, quien la semana pasada elogió su tarea para restituir los subsidios al gas licuado de petróleo (GLP) del cual se abastecen seis localidades de la provincia.

Por otra parte, ya en junio de este año, el interventor denunció penalmente a Aranguren por el aumento de tarifas de gas en 2018. Entiende que él y otros ex funcionarios violaron la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación contractual, con precios en dólares”.

En aquel entonces, el ENARGAS del gobierno de Mauricio Macri convalidó la salida del Estado y evitó cualquier intervención en favor de usuarios y usuarias. “Esto derivó en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios. Esto es, todo el pueblo argentino en calidad de contribuyente haciéndose cargo de la deuda generada”, había manifestado el propio Bernal, que entiende que el perjuicio económico fue de 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios del servicio público de gas por redes

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