CÁMARA DE DIPUTADOS

Evaristo Ruiz adelantó las objeciones que tiene respecto al prórroga de contratos con CGC

El diputado Evaristo Ruiz, integrante del Bloque opositor “Cambia Santa Cruz”, dio las razones por las que considera que la extensión de los contratos de las áreas que pertenecen a CGC, antes Sinopec, no debe aprobarse por la Legislatura Provincial.

Por La Opinión Austral


Llama la atención que se haya negociado con tanta velocidad este convenio de prórroga”, expresó Ruiz en una entrevista con LU12 AM680, luego de participar de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde estuvieron presentes el presidente de la compañía CGC, Hugo Eurnekian, y el titular del Instituto de Energía, Matías Kalmus.

Al respecto, el legislador observó que eran de público conocimiento los problemas que venía teniendo Sinopec con la falta de cumplimiento de las inversiones, lo cual generaba una caída en la actividad, una pérdida para la provincia en materia de regalías, mientras que en el aspecto social, un fuerte impacto en la mano de obra, “más de dos mil puestos de trabajo perdidos en los últimos años”.

Luego dijo que CGC compró el paquete accionario de Sinopec, con lo cual, “sigue siendo la misma firma, sólo que esta vez los dueños no son capitales chinos sino que es el Grupo América de la familia Eurnekian”, dijo y añadió: “Lo que corresponde es una nueva prórroga de la concesión, no un nuevo contrato”.

Las objeciones

No obstante esto, el diputado Evaristo Ruiz manifestó que las objeciones más importantes que tiene para hacer son “a la forma en la que se negoció” este convenio y el marco legal que se le dio. “En Santa Cruz, en el año 2010 cuando se hizo la primera prórroga, se sancionó una ley que era el marco regulatorio de las prórrogas de áreas, que establecía todo un esquema de condiciones y de pautas a las que debían sujetarse los contratos”, pero ahora, “esa ley en este caso no se aplicó, lo cual ya es una irregularidad grave porque Santa Cruz tiene un marco legal propio para prorrogar las áreas hidrocarburíferas”.

También observó que se aplicó una ley nacional que tiene cinco años, que “es de uso residual para aquellos distritos donde no hay una ley especial”, subrayó. Por lo que “los efectos inmediatos son que la provincia pierde recursos e ingresos, además de resignar facultades y obligaciones que la ley provincial le impone a la autoridad provincial, en este caso el Instituto de Energía”.

Entre ellas, el diputado mencionó que resulta “bastante ventajoso para la empresa, como la determinación del canon de prórroga, que es lo que paga la operadora cuando se otorga la prórroga, que es una suma muy importante que se paga al inicio, y en este caso se paga, pero es una suma mucho menor, menos de la mitad de lo que se debería pagar si se aplicara la ley provincial”, alertó.

Ahí ya tenemos una objeción muy importante y que beneficia a la empresa”, aseveró el legislador provincial, más allá que reconoció que existe una necesidad de empezar cuanto antes con las inversiones.

 

 

 


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