Se promulgó la Ley Integral de Reconocimiento y Reparación Trans

Con fecha 29 de diciembre del 2020, el Poder Ejecutivo provincial promulgó la denominada “Ley Integral de Reconocimiento y Reparación Histórica de Derechos de las Personas Trans”. Lo hizo mediante el Decreto Nº 1.487 firmado por la gobernadora Alicia Kirchner y que fue publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Santa Cruz.

La promulgación y posterior publicación en el B.O., significa que los alcanzados en esta ley, ya pueden exigir su aplicación; mientras que los distintos organismos públicos deben cumplir y hacer cumplir los alcances de esta norma, que vino a cambiar la situación de las personas trans en nuestra provincia.

El objetivo de esta ley es asegurar a las personas trans el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, promoviendo el respeto de su dignidad, “buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y la educación, así como en otros ámbitos de la vida ciudadana”, sostiene el texto de la ley aprobada el pasado 10 de diciembre, en el marco de la 15° sesión ordinaria del año.

Sensibilización

En cuanto al reconocimiento propiamente dicho, la ley habla de la población trans como colectivo en situación de vulnerabilidad, por haber sido históricamente víctima de discriminación, estigmatización y persecución.

En uno de los puntos importantes se especifica que los poderes públicos de la provincia de Santa Cruz “promoverán el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas trans sin discriminación por razones de identidad y/o expresión de género”.

En tanto, los poderes públicos de la provincia deberán adoptar medidas a corto, mediano y largo plazo, para sensibilizar a la sociedad en general, dentro y fuera de las familias, respecto de las personas trans, fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de las mismas y trabajar contra los estereotipos, prejuicios y prácticas que afectan el ejercicio igualitario de sus derechos.

En el mismo sentido, deberán adoptar todas las medidas necesarias para se garantice “el goce efectivo del derecho a una vida digna de las personas trans, en igualdad de condiciones con las demás”. Y se debe proteger a las personas trans contra la explotación, la violencia, la trata de personas y el abuso.

Identidad y salud

Una garantía por demás importante que plantea el proyecto de ley para las personas trans, es la posibilidad de modificar en forma simple, expeditiva, efectiva y gratuita su/s nombre/s de pila y sexo en su documentación personal, en concordancia con lo establecido en la Ley Nacional Nº 26.743. Para esto, el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Santa Cruz arbitrará las medidas dispuestas.

Derecho a la educación y la salud, son otros puntos importantes de la iniciativa, como así también el derecho a acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.

Otro derecho sumamente importante es el del trabajo y las condiciones dignas de ese trabajo. Para cumplir con esto, la provincia reconocerá el derecho de las personas trans a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás personas.

“Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de acceder a un trabajo digno” por lo que se “promoverá el ejercicio del derecho al trabajo, también para las personas que transicionen el género durante el empleo, adoptando las acciones que resulten necesarias a estos fines”.

Además, se promoverá el empleo de personas trans en el sector público y privado mediante políticas públicas que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas.

Pero también, el Estado Provincial, en el ámbito de sus tres poderes, las empresas estatales dependientes del mismo, los órganos descentralizados, los entes públicos no estatales, empresas con capital estatal mayoritario, organismos privados con funciones públicas, “están obligados a mantener un porcentaje de empleados y empleadas trans no inferior a un 1% de su planta transitoria, permanente y contratada”.