“No es que no se les pidió permiso. La costanera es de todos”, fueron las palabras del intendente cuando un grupo de vecinos se negó a que el Municipio construyera un Centro de Monitoreo.

El caso llegó a la Justicia, cuando los vecinos “autoconvocados”, todos vinculados a la oposición y residentes de la zona, encontraron una ordenanza que no había sido cumplida por parte de las autoridades que decía que debía crearse una comisión de Patrimonio Cultural para dictaminar la oportunidad o no de avanzar sobre sectores que tienen peso histórico. La ría lo tiene, sobre todo en la zona donde operaron talleres de YCRT, aunque en el último tiempo se convirtieron en un rejunte de chatarra.

Apelaciones sostiene que el dictamen de la comisión de Patrimonio es válido

Los vecinos se transformaron en amparistas y fueron ante los estrados del juez civil Francisco Marinkovic, pero no para que le impidieran a Grasso construir el centro, sino para denunciar que lo estaba haciendo sin cumplir con la ordenanza que creaba la comisión de Patrimonio Cultural.

La primera idea era emplazar el Centro de Monitoreo en la costanera frente al barrio Jardín de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Frente a eso, el juez ordenó suspender cualquier obra y condenó al Municipio a cumplir con la ordenanza en cuestión. Sucedió luego que el intendente no apeló ese fallo y, en vez de eso, cumplió con la ordenanza.

Es decir, el Municipio creó la comisión de Patrimonio Cultural con integrantes de la Municipalidad y otros que no forman parte de la administración, quienes emitieron un dictamen a favor de la construcción del Centro de Monitoreo. Tras cartón, los amparistas fueron contra ese dictamen y entonces el juez lo declaró nulo.

Vía libre

En las últimas horas, la Cámara de Apelaciones puso las cosas en su lugar y dejó sin efecto esa nulidad de Marinkovic, entendiendo que Grasso cumplió con lo que se le pidió, que fue que creara la comisión y, por ende, hiciera caso a la ordenanza.

FOTO: JOSÉ SILVA

Además, el fallo al que tuvo acceso La Opinión Austral, que salió por los votos en unanimidad de Diego Lerena, Eduardo López y Enrique Arenillas, sostiene que un dictamen no se puede atacar por un amparo porque es supramunicipal, es decir, la comisión de Patrimonio Cultural incluye a personas que no pertenecen a la Municipalidad y, por lo tanto, esa nulidad se levanta y el Municipio puede construir sobre la calle Villarino.

Para el juez Diego Lerena, Marinkovic se “extralimitó” cuando prohibió la obra

Así las cosas, el amparo que prohibía la instalación del espacio que se va a ocupar de velar por la seguridad en función de la vigilancia de las cámaras de seguridad que existan en Río Gallegos ya no tiene impedimentos legales para llevarse a cabo, porque dicho amparo de Daniel Roquel, Marcelo Saá, Arturo Saá, Leonardo David Roquel, Marta Saborido, Alex Rehbein, Mercedes Mosso y Pedro Muñoz sólo denunciaba que el Municipio estaba haciendo algo sin cumplir con una ordenanza, lo cual fue admitido por la administración de Grasso.

“Esta cámara considera que, con esta actividad administrativa, el Municipio local cumple adecuando el procedimiento a la Ordenanza Nº 8.043, agotando el objeto del amparo”, se lee en el fallo, que aclara que el dictamen de la comisión de Patrimonio Cultural, aunque no les guste a los amparistas, “sí resulta vinculante” y “no puede ser objeto de impugnación”, advierten los magistrados.

Reproche

Por otro lado, en el voto de Lerena aparece una crítica a Marinkovic por “la inadmisible extralimitación funcional en que incurre el señor juez de grado, el cual no sólo se arroga asimismo responsabilidades fiscalizadoras de actividades propias y exclusivamente reservadas al funcionamiento municipal, sino, y lo más grave, irrumpe en la órbita propia de la Municipalidad, declarando la nulidad de actuaciones administrativas en un proceso judicial de amparo ya agotado, con sentencia firme y consentida”.

La obra

De este modo, se levanta la prohibición de construir en un espacio público, algo resistido por un grupo de personas que, además de la presentación judicial, realizó diversas manifestaciones en contra del proyecto.

Sin embargo, vale recordar que durante la gestión anterior, la administración de Cambiemos liderada por Roberto Giubetich avanzó con un convenio con el interventor de UCRT, Omar Zeidán, sobre un predio ubicado en el lugar y que también es patrimonio, pero no hubo reclamos.

El Centro de Monitoreo servirá para el funcionamiento de unas veinte cámaras de seguridad que estarán ubicadas por el centro de la capital, la autovía 1 7 de Octubre y la zona de la costanera. La obra se licitó el 7 de mayo y quedó en manos de la empresa Mata Negra por el monto de $ 5,9 millones. El lugar también va a centralizar la línea 108.