Como ocurrió en Irlanda, la noticia que provenía de la Argentina dio vuelta al mundo, al hacerse eco los principales medios globales de la media sanción al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Para muchos sólo falta un “paso más” para otros, “volvemos a foja cero y nuevamente en la lucha”. Es que la diferencia entre los que están a favor y los que no, claramente no está saldada y mucho menos con una votación tan ajustada (129 a 125).

Para los ganadores fue una demostración de que “la mayoría” del país los acompaña, y los que perdieron acusan a las presiones de la política en el último momento el revés en la votación legislativa.

Quizás a la Argentina le faltó la vuelta de rosca que Irlanda le supo imprimir al mismo debate: ir a un referéndum o consulta popular vinculante y obligatoria, para que, efectivamente, sea la mayoría de la ciudadanía la que transformara en ley el aborto legal o no. 

De todas maneras, lo que aconteció el miércoles/jueves, sin dudas fue histórico. Ya no hay vuelta atrás, el cambio ya comenzó. El hecho de que el debate se expandiera y fuera vivenciado en las redes, las escuelas, el trabajo, las universidades, los medios y las propias casas, da cuenta de que es algo que involucra a todos. Los miles y miles que salieron a las calles para expresar su convicción también lo ratificaron.

Para llegar a la media sanción, quienes la impulsaban, recorrieron un largo camino que comenzó en 2003 en los Encuentros Nacionales de Mujeres, aunque ya en 1986 se venía discutiendo la despenalización del aborto, pero en grupo reducidos.

Para un sector de los que vivieron aquellas 23 horas de debate como una jornada de triunfo, hubo una “revolución del pueblo feminista”, para otros se trató de una expresión de “madurez” de un pueblo que, pese a tener profundas raíces religiosas, supo debatir, decidir, razonar por sí mismo y respetar la decisión del otro. Los que vieron cómo su postura quedaba rezagada, sintieron una gran desazón. Pese a ello, y salvo incidentes menores, las dos inmensas columnas de manifestantes que hicieron la vigilia frente al Congreso, separadas por una plaza, mostraron que la convivencia es posible. 

En los días previos a la sesión e incluso durante la propia jornada, no menos cierto es que la presión fue altísima, tanto de los fundamentalistas pro aborto legal como de los que estaban en contra, buscando imponer “a la fuerza” sus propias convicciones a los demás. Pero dando gala de una altura, como hace años no se observa en el Congreso Nacional, los legisladores, en su inmensa mayoría, dieron muestra de estar a la altura de la historia y sus defensas y posturas fueron explayadas con fortaleza, más allá del “bando” en el que estuviera. 

A destacar por todos es que hubo un punto que nadie discutió: el aborto es una realidad en nuestro país, las mujeres abortaron y abortarán. La discusión es si será en clandestinidad y bajo amenaza de criminalización o con el cuidado y la prevención de la salud que el proceso requiere. Por eso, en defensa de la postura de la sanción de la ley, es real que la ilegalidad del aborto sólo profundiza las desigualdades sociales.

Y aunque lo plantearon como una excusa más para decir que no, quienes rechazaron el dictamen reclaman por la ausencia de los pasos “previos” a que la decisión de abortar aparezca. Especialmente el que hace a educar y prevenir para que el embarazo no deseado no se produzca.

Pero esto, lejos de ser un escollo, es algo que las propias activistas a favor del IVE adoptaron para sí bajo el lema “Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Claramente la educación sexual es hoy la gran deuda social que tiene el Estado, desde hace décadas, y toda política en este sentido debe comenzar por saldarla. 

El debate ahora se traslada a la otra ala del Congreso: la Cámara de Senadores. Pero luego de lo que se vivió el miércoles, hay más certezas que dudas que apuntan a que finalmente el proyecto se transformará en ley.

Una vez que ello ocurra, todas las miradas posarán en el Estado. Es él quien debe tomar las decisiones que estén a la altura de la circunstancias, con políticas, protocolos y campañas, que hagan que la normativa generada no se transforme en simple letra muerta. 

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