Editorial

PARA EL ANALISIS

Por La Opinión Austral


Una manda constitucional que no se cumple

El régimen de coparticipación federal vigente ?que fija las pautas del reparto entre Nación y provincias y el ulterior prorrateo entre las distintas jurisdicciones? data de 1988. La Constitución Nacional reformada en 1994 mandaba a sancionar una nueva ley de coparticipación antes de la finalización de 1996, según lo dispuesto en la cláusula transitoria sexta.

Pasaron 24 años y las cosas siguen igual. Mejor dicho, peor, porque sucesivas leyes, decretos, pactos fiscales y convenios de toda clase desvirtuaron la distribución automática ?que debe ser la regla? para transformar el régimen en un verdadero laberinto que incluyó a un tercero en discordia: el sistema previsional.

En otras palabras, la ley de coparticipación vigente abarca sólo una parte de los recursos fiscales ?los llamados coparticipables?, pero deja afuera a todos los demás, los que no revisten ese carácter o están regulados por leyes específicas, cuya distribución (o no) queda al arbitrio de los gobiernos de turno.

Un debate que no tiene fin 

Un año antes, en un encuentro de gobernadores con el Ejecutivo Nacional, y en el marco del acuerdo de devolución del 15% que se descontaba por el Pacto Fiscal, se trató la necesidad de reformular la ley de coparticipación federal. 

Se pactó que se comenzarían a realizar encuentros de trabajo, algo que finalmente no sucedió. Desde el Ministerio del Interior aseveraban que había que encontrar un nuevo punto de entendimiento en el reparto de fondos.

El tema también se abordó en el tratamiento del Presupuesto 2017, donde las pujas sectoriales y los planteos de las provincias daban cuenta de la necesidad de contar con mayores fondos dando cuenta del tironeo por una frazada que, por ahora, seguiría siendo corta. 

Buscan acordar una nueva ley

En abril de este año, con la aplicación del Consenso Fiscal, el Gobierno Nacional buscó acordar con los gobernadores, la ANSeS y la AFIP un proyecto de ley que modifique el régimen de coparticipación federal de ese mes de la Comisión Federal de Impuestos, los representantes del Ministerio del Interior propusieron tratar un nuevo esquema que salga de la negociación entre las partes.

Para ello se debe decidir primero, la distribución primera, que hoy establece un 42,34% para la Nación, un 56,66% para las provincias y un 1% para Aportes del Tesoro Nacional. Y luego rediscutir el reparto secundario.

El Poder Ejecutivo piensa en poder lograr un texto consensuado para enviar al Congreso el año que viene, las provincias no parecieran estar dispuestas a esperar tanto. 

Las provincias ejercen presión 

Los representantes de las 24 provincias y la Nación, reunidos en la Comisión Federal de Impuestos (CFI acordaron este viernes la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Así lo determinaron en el plenario que tuvo lugar en Córdoba.

En un documento difundido, aseguraron que se trata de "una deuda de más de 30 años". De hecho, la Convención que reformó la Constitución en 1994 había instruido al Congreso Nacional para dictar una nueva norma sobre el reparto de los impuestos que recauda la Nación entre las provincias.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, fue uno de los presentes y puso de manifiesto "las divergencias que se producen a la hora del reparto de los fondos fiscales federales". En ese marco, llamó a un "acuerdo" entre las distintas jurisdicciones para "fortalecer la distribución de recursos en beneficio de todos".

Menos transferencias más transparencia

En el debate que llevó al último documento de la Comisión Federal de Impuestos sobre la necesidad de avanzar en una nueva ley de Coparticipación, estuvo presente el hecho de que el Gobierno Nacional empezó a desacelerar las transferencias discrecionales a las provincias. 

En ese sentido se escudan en que en lo que va del año ya hicieron transferencias corrientes por 36 mil millones de pesos, suma similar al 2017, que se suma a los más de 300 mil millones de pesos que fueron transferidos en forma automática al total de jurisdicciones. Por lo que afirman: "las provincias con estos números no pueden quejarse".

Pero algunos gobernadores ya ponen la lupa en el gasto público. Aseguran que el peso del déficit está más en Nación que en el conjunto de las provincias, pese a que son los distritos los que deben prestar los servicios de educación, salud y seguridad.

De hecho, el martes, siete gobernadores peronistas que se reunieron en Tucumán advirtieron que no aceptarán mayores ajustes en sus distritos y volvieron a reclamar que se ponga la lupa en el gasto primario del Estado Nacional. 

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